El modo en que el Gobierno rectificó su intención de eliminar la deducción para matrimonios, cuando hacen la declaración conjunta de IRPF, delata una inquietante realidad. Todo apunta a que la rectificación sólo buscó proteger al candidato del PSOE a las inminentes elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, quien prometió que no habría alzas fiscales en dos años.
De hecho, el cambio en el IRPF no podría ser más impopular ya que afecta, sobre todo, a rentas entre 12.000 y 21.000 euros anuales y a mayores de 55 años. Sin embargo, por debajo de todas las tácticas electorales, continúa inalterado el propósito del Gobierno de llevar a cabo otra alza del impuestos en múltiples frentes (desde la fiscalidad verde a las bases máximas de cotización).
El castigo a las declaraciones de la renta conjuntas ofrece una prueba más de que, paradójicamente, en el Plan Nacional de Reformas, estas últimas desempeñan un papel accesorio frente a las subidas tributarias. No en vano la línea maestra que guía el documento radica en "adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI".
Expresado en cifras, el Gobierno confía en que la recaudación anual sobrepase los 275.000 millones, por encima incluso de los 194.000 millones logrados en 2019. Se trata de una subida de la presión fiscal de seis puntos que supondrá un sacrificio aún mayor, en términos de esfuerzo para los contribuyentes, si se tiene en cuenta la caída de su renta per cápita y el avance de la economía sumergida.
El Plan de Reformas reafirma a España en una hoja de ruta para afrontar la crisis, que se verá frenada por este alza de impuestos. Nuestro país discurre así en sentido opuesto a las grandes economías del euro y corre el riesgo de descarrilar la recuperación.
