Madrid se ha convertido en el eje de la vida tributaria de los españoles o, al menos, en el punto de mira de las críticas que demonizan su política fiscal, tildándola de "paraíso fiscal" y acusándola, con desdén, de dumping fiscal, o sea, de pagar menos impuestos. Parafraseando a Benjamin Franklin siempre tenemos la certeza de que "en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos". Y, la verdad, si uno, legítima y legalmente puede pagar menos impuestos, está en su perfecto derecho. Madrid se convierte en el ruedo de la casta política y de su bravura. Veremos qué depara el 4 de mayo: si quienes residen en su Comunidad se inclinan por seguir estando como están o, por el contrario, prefieren meterse en un horno fiscal del que se puede salir más o menos asado con la salsa del progresismo y el picante de la progresividad tributaria.
A veces, no caemos en la cuenta de que las subidas de impuestos responden a gastos públicos desmesurados, a causa de la existencia mastodóntica de estructuras políticas sobredimensionadas. Como hay que pagar mucho gasto, pues, nada, se arremete a impuestos contra todo quisque y así se vive a costa de lo que se extrae a los currantes. Por ejemplo, en Cataluña en 2020 el gasto público ascendió a 37.696 millones de euros, 17,66% de su PIB, estimado en 213.408 millones de euros, mientras en Madrid el gasto público fue de 30.915 millones, 14,29% del PIB, evaluado en 216.430 millones. En 2020, Cataluña gastó en remuneraciones de asalariados 14.046 millones de euros y Madrid 9.834 millones. Y en consumos intermedios, el gasto en Cataluña en 2020 fue de 5.973 millones de euros y en Madrid de 4.823 millones. Cataluña recaudó por impuestos 15.113 millones de euros (7,08% de su PIB) y Madrid 14.294 millones (6,61% de su PIB). Y las transferencias entre Administraciones Públicas recibidas en Cataluña supusieron en 2020 17.922 millones por 14.364 millones en Madrid. La población de la Comunidad de Madrid es de 6.779.888 personas y en Cataluña de 7.722.203 habitantes. Para quienes Madrid simboliza el paraíso fiscal de España, habría que preguntarles qué referencias toman para calificar como tal a un territorio en el que se satisfacen impuestos como en cualquier otro rincón de Europa. Para otros, Madrid es tierra cómoda para residir y trabajar, con facilidades para hacer negocios, desarrollar actividades económicas y prosperar. Cada cual, faltaría más, es libre de opinar al respecto de la presión fiscal. Valga un dato: en 2018 en la Comunidad de Madrid se daba el porcentaje más alto del Impuesto sobre la Renta pagado por habitante respecto a la renta disponible bruta media de su Comunidad, con el 16,72%.
La efectividad de una gobernanza coherente explica el crecimiento de Madrid
¿Por qué Madrid progresa sin petulancias progresistas y prospera sin recurrir a progresividades impositivas que asfixian? Entre otras cosas, por los guiños de sana y positiva complicidad que se dan entre política y economía, entre políticos, empresarios y emprendedores, permitiendo que la coexistencia de la sanidad y la economía depare resultados que expresan la efectividad de un modelo de gobernanza autonómica coherente. En Madrid, sus políticos se preocupan por la gente, empatizan con su ciudadanía, defienden a sus empresarios y autónomos, se esfuerzan para que la economía siga funcionando y convertir a su Comunidad en centro de referencia. En Cataluña, a los políticos les importa un rábano su ciudadanía, maltratan a empresarios y autónomos al punto que muchos negocios se han visto condenados al cierre, no sienten simpatía por el mundo empresarial y la economía les importa un bledo. A los políticos catalanes solo les interesan sus elecciones, sus cuotas de poder, sus intrigas palaciegas, sus asuntos, vamos, sus propios intereses y pasan del bienestar de los catalanes. Madrid avanza con un mayor PIB y Cataluña, antaño referente de la pujanza económica española, se apaga.
Viene a cuento lo precedente porque parece que, desde determinados ángulos políticos, se quiere ver a Madrid como el arquetipo del dumping fiscal, figura incipiente en el argot político y que va ganando adeptos, tal vez porque quienes se convierten en partidarios de tal causa desconocen el funcionamiento de la tributación autonómica. En España no hay dumping fiscal. Lo que sí hay es la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma module, en función de la potestad tributaria que le incumbe, deducciones y bonificaciones sobre impuestos cedidos, dentro de los cauces de la financiación y fiscalidad autonómicas. Por ejemplo, los tipos máximos del Impuesto sobre la Renta oscilan entre el 45,5% y el 54%, lo cual lógicamente favorece migraciones tributarias por parte de los ciudadanos. Y en Patrimonio, en algunas Comunidades se aprietan demasiado las clavijas, mientras en Madrid se bonifica al 100%. Por cierto, que el Impuesto sobre el Patrimonio es poco corriente en Europa. E igualmente, cada Comunidad establece sus propios tributos autonómicos. Y unas deciden implantar una batería interminable de impuestos que golpean a los contribuyentes y elevan la presión y el esfuerzo fiscal sobremanera y otras se decantan por imponer las mínimas figuras tributarias. Y siempre dentro de un marco absolutamente respetuoso con la legislación vigente.
En Cataluña, los políticos ignoran a la ciudadanía y maltratan al empresario
Los mitos, a veces construidos sobre bases carentes de argumentación, se derrumban cuando se dispone de información ilustrada y objetiva. Por eso, es recomendable, para hacerse una composición de lugar acerca de la fiscalidad autonómica, leer el informe publicado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas sobre el "Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral", que constituye referencia muy fiable para comparar las diferencias de tributación en el Impuesto sobre la Renta, el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. De ese informe se concluye que la competencia fiscal a la baja se generaliza en el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones. En lo concerniente a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, unas Comunidades los suben y otras lo bajan. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se constata la tendencia a aumentarlo, lo que constriñe evidentemente el tráfico jurídico. Y, sobre todo, hay un punto clave: el exceso de regulación con 858 medidas, interminables páginas de boletines autonómicos, con mucha teoría de beneficios fiscales y poca práctica para los contribuyentes. Y, entretanto, poquísimas medidas fiscales por parte de las Comunidades respecto a la Covid-19.
