El 9 de enero un diario médico decía que España había contabilizado en las últimas 24 horas 25.456 nuevos contagios por Covid-19, el segundo peor dato de toda la pandemia. La incidencia acumulada en los catorce días anteriores fue de 350 casos por 100.000 habitantes. Desde el inicio, las fechas oficiales del Ministerio de Sanidad sumaban en esa fecha 51.874 fallecimientos con 2.050.360 personas contagiadas.
No discutiremos las cifras oficiales pues es perfectamente conocido que no coinciden con la realidad. Incluso, las Comunidades Autónomas dan cifras de contagios superiores a las proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, cuyos datos son en algún caso sorprendentes: por ejemplo, en la primera fase de la pandemia, según las cifras oficiales, el pico de fallecimientos diarios se dio el 1 de abril de 2020 (929 personas), mientras que el 4 de noviembre se contabilizaron 1.623. Sin entrar en los datos, lo que resulta incontestable es la descoordinación existente entre las diferentes Comunidades Autónomas. Cada una pone en marcha su propio criterio, mientras el Ministerio se muestra ajeno al problema; lo que contrasta con lo sucedido en la primera fase de la pandemia en la que diariamente había ruedas de prensa con altos mandos policiales y militares, cosa inaudita en cualquier democracia de nuestro entorno; para llegar al verano con los mensajes del presidente del Gobierno de que todo había pasado y que los fondos de recuperación de la Unión Europea paliarían los problemas económicos. Aplausos incluidos, en un estilo que creíamos olvidado aquí.
Siendo optimistas, el proceso de vacunación no se completará antes de 2022
La pandemia, sin embargo, se reprodujo de nuevo con virulencia. Primero en septiembre y con más énfasis en octubre. Mes en que apareció la autoridad gubernamental cortando de raíz las decisiones de confinamiento de la Comunidad de Madrid. Se recordará aquel 8 de octubre estando el presidente del Gobierno en un viaje relámpago en Argelia. Viaje de cuyos resultados poco se sabe. Ahora, como dijimos al principio, estamos en una tercera ola con el ministro de Sanidad compartiendo esa función con la de candidato a presidir la Generalitat. Mientras, el deterioro económico sigue su marcha, con la deuda acercándose al 120% del PIB; el déficit de la Seguridad Social superior al 4%; la morosidad bancaria en torno al 8%; un 25% de trabajadores en ERTE o desempleo; con una pérdida de turistas superior a los 50 millones respecto de 2019; y, para no seguir, con un déficit del 11,3% en 2020 según el Ministerio de Hacienda, que se vaticina muy negativo en 2021 y 2022. Efectos, según se dice, achacables a la pandemia, donde la gestión del Gobierno parece que nada tiene que ver.
En el desastre, surgieron las vacunas. Una esperada solución que el Gobierno publicitó con su habitual propaganda. Sin embargo, según los propios datos del Ministerio de Sanidad, el 7 de enero sólo se habían entregado 743.925 dosis a las Comunidades Autónomas, de las que se habían administrado 207.323: un parco 27,86%. Considerando que son precisas dos dosis para alcanzar la inmunidad, y teniendo en cuenta la necesidad de vacunar al menos un 60% de la población para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño, serían precisos unos 40 millones de dosis (dos por persona suponiendo una población a vacunar de 20 millones de españoles). A lo que habría que añadir un programa de vacunación y un sistema logístico y de producción de vacunas mucho más elevado que el actual. Siendo optimistas, el proceso de vacunación contra este agresivo virus no estará completado en España antes de 2022.
La suma de pandemia y meteorología deja una crisis larga y costosa
En este escenario, donde los fondos de recuperación europeos irán llegando con cuentagotas, España se enfrenta a un serio problema económico en el que las alarmas, hoy contenidas, comenzarán a saltar desde múltiples frentes, incluida la propia Comisión Europea, que exigirá fuertes ajustes en nuestra economía. Lo que vaticina una crisis que pasará de lo sanitario a lo financiero. Es decir, una crisis económica que, como vaticina Carmen Reinhart, economista del Banco Mundial, será al menos de cinco años. Y dadas las características de la política económica del Gobierno actual, es previsible que sea mucho más larga.
En esto, desgraciadamente, ha surgido un fenómeno meteorológico nunca visto, cuyos efectos económicos se sumarán, se quiera o no ver, a los de la pandemia. Hagamos una simple cuenta para el caso de Madrid donde el Ministerio del Interior opina que no ha sucedido nada. Suponiendo que el PIB de la Comunidad de Madrid sea de unos 240.000 millones de euros y que el numero de días anuales trabajados sean 250, resulta que la economía madrileña produce alrededor de 960 millones de euros diarios. Tres días sin actividad en esta Comunidad sumarían unos 2.880 millones de euros de pérdidas. Lógicamente, no toda la actividad económica se detendrá, pero las pérdidas serán en cualquier caso muy cuantiosas; lo que, llevado al caso de España, con otras zonas sufriendo similares efectos, incidirá de manera muy importante en la ya castigada economía española. Sumando la pandemia a la meteorología no cabe duda de que la crisis económica será larga y costosa, aunque no parece, sin embargo, que este Gobierno en su conjunto esté muy centrado en estos asuntos.
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