Galicia y Canarias amplían sus medidas de prevención ante el Covid-19 incluyendo la polémica prohibición de fumar al aire libre, especialmente en las terrazas de bares y restaurantes. Muy lejos de ser casos aislados, lo cierto es que otras ocho autonomías estudian imponer un veto semejante y, posteriormente, podría convertirse en una ley de alcance nacional.
Las tabaqueras y las patronales de hostelería muestran un comprensible recelo ante esta posible norma. Es cierto que la relación entre el hábito de fumar y las probabilidades de contraer la enfermedad es aún objeto de discusión en la comunidad científica, sin que exista una relación de causa-efecto demostrada.
En el caso de los hosteleros, deben tenerse en cuenta también las cuantiosas inversiones acometidas en los últimos meses, con objeto de garantizar las condiciones de seguridad. Es más, las terrazas fueron las primeras que recibieron la licencia de apertura, aún en la desescalada, y lo hicieron con la preparación suficiente para garantizar la distancia de seguridad. Ahora bien, la cautela de las autonomías resulta igualmente comprensible.
Gran parte de los rebrotes actuales están asociados a lugares de ocio. Los médicos insisten, además, en que la exhalación del humo del tabaco puede ser un vector, no decisivo, pero sí influyente en la transmisión del virus a otras personas. En estas circunstancias, toda apunta a que la prohibición ya ensayada por Galicia y Canarias se generalizará. Ante las dificultades indudables que esto supondrá para la hostelería, las autonomías y el Gobierno deberían escuchar al sector. El daño que provocaría el nuevo veto puede paliarse, si se acompaña de más ayudas en los capítulos que aún lastran a las empresas, como la falta de liquidez o la dificultad para mantener sus plantillas.
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