Opinión

La subida del IVA que viene

Los discursos del gobernador del Banco de España traen en vilo al Gobierno

Es extraño que ni la vicepresidenta Nadia Calviño ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan acostumbradas a subir impuestos, hayan recogido el guante lanzado el martes por el gobernador del Banco de España, durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción. Hernández de Cos, entre las habituales recetas sobre prorrogar los Ertes y facilitar liquidez a las empresas hasta diciembre deslizó una subida del IVA. El gobernador se refirió, en concreto al de tipo reducido, que se aplica en la hostelería y los productos farmacéuticos, y al superreducido, que grava productos básicos como la leche, los huevos y el pan.

Hernández de Cos no entró en detalles. Pero más que de incrementar los tipos medios actuales del 10 y del 4 por ciento, respectivamente, se refería a sacar de la cesta alguno de estos productos, que pasarían a tributar en la tarifa general del 21 por ciento. Justamente, el movimiento contrario al realizado por el Gobierno, que redujo el IVA al diez por ciento para el cine y otras actividades culturales.

La brecha fiscal con Europa es de 25.000 millones y no de 80.000, como dicen Montero e Iglesias

Obviamente, las asociaciones de contribuyentes, así como la hostelería ó o el gran consumo tardaron segundos en poner el grito en el cielo. ¿Por qué querrá subir el gobernador el IVA, a sabiendas del golpe que propinará a un consumo raquítico, como el actual? En primer lugar, hay que aclarar que Hernández de Cos no estableció un calendario.

El gobernador, como la mayoría de los expertos, considera que la economía pasará por dos fases. La primera, en la actualidad, en la que será necesario animar a los consumidores a gastar para mantener a flote los servicios y las empresas. Y una segunda etapa, en la que entraremos en una consolidación fiscal, es decir, habrá que acometer recortes de gastos y reestructuraciones para rebajar en lo posible el défict de las administraciones públicas. Los economistas de Fedea, un centro de estudios ligado al Banco de España, fechan esta segunda a partir de 2022.

El arranque de las actividades está produciéndose al ralentí. El aforo en los restaurantes y comercios, ni de lejos llegó al 50% en mayo y junio. Los aeropuertos operan al 20% de su capacidad. La llegada de turistas va a poner a prueba la paciencia de muchos empresarios, porque su cifra de facturación se hundirá en comparación con otros veranos.

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El presidente de los hosteleros, José Luis Yzuel, o el de la patronal de la asociación de grandes superficies comerciales, Alfonso Merry del Val, coinciden en que un aumento del IVA, en estos momentos, daría "la puntilla" a sus negocios. Pero, ¿qué ocurrirá cuando la actividad se reactive? El gobernador cree que sería el momento idóneo para acometer una subida de los impuestos indirectos, como el IVA.

La economía española va a tener un déficit próximo al 14 por ciento este año (Cuatro puntos más de lo estimado por Calviño), a la par que la deuda escalará entre 15 ó 20 puntos, según las previsiones dadas a conocer esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), El problema persistirá durante el ejercicio próximo, en el que el déficit rondará El 8,5 por ciento y el endeudamiento seguirá incrementándose.

La cuestión es cómo financiar todo ese gasto durante los próximos años. El Gobierno de coalición de socialistas y podemitas está obsesionado con acabar con la brecha fiscal frente a Europa, que estiman en siete puntos del PIB, alrededor de 80.000 millones, mediante una subida de impuestos en sociedades y en IRPF para las rentas más altas.

En el documento conjunto presentado a la Comisión de Reconstrucción, Psoe y Podemos abandonan la idea de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, que en su jerga política denominan "rentas improductivas". Entre otras cosas, porque la recaudación estimada por Iglesias, 11.000 millones, está alejada de la realidad.

Pero sí se comprometen a "avanzar en la progresividad del sistema fiscal" para "reducir la brecha fiscal con Europa".Vamos, que de renunciar al alza de impuestos, como se dice en algunos medios, nada de nada. En estas circunstancias, es lógico que el principal partido de la oposición no quiera oír hablar de acuerdos.

El gobernador desmontó de un plumazo durante su comparecencia en el Congreso las teorías de la izquierda. Para empezar, según el Banco de España, la brecha con Europa es sólo de 2,3 puntos del PIB, es decir, alrededor de 25.000 millones, un tercio de la reivindicación de Iglesias y Montero.

¿En qué abonamos más impuestos los españoles que la media de los europeos? En IRPF y en cotizaciones sociales. ¿Y en qué pagamos menos? En sociedades y, sobre todo, en consumo. Los datos desmienten el programa de PSOE-Unidas Podemos. Subir impuestos a las rentas altas y a las empresas nos colocaría por encima de la media europea en un momento muy delicado. España es el país de mundo más golpeado por la pandemia, de acuerdo con el FMI.

Donde hay más posibilidades de meter la tijera es en los IVAs reducido y superrreducido de un sinfín de productos, que en el resto de Europa abonan tasas de hasta el 23 por ciento. O sea, más del doble. La recaudación alcanza más de 35.000 millones anuales, lo que deja amplio margen para acortar la brecha con Europa.

El problema es que afectaría, sobre todo, a la hostelería y el consumo doméstico, muy golpeados por el Covid. Por eso el gobernador abogó por esperar a que pase la tormenta.

Seamos realistas. La recaudación de Sociedades se hundió el 60% en el segundo trimestre, mientras que la del IVA rondó el 10%. Cualquier subida, sería irrealista y perjudicial. Con el desempleo escalando a tasas próximas al 20 por ciento, como en la crisis del 2008, y el PIB en porcentajes de caída de doble dígito entre abril y junio es impensable acometer un incremento de los tributos. Sólo a medio ó largo plazo, es razonable plantearlo.

Las teorías fiscales recomiendan cargar las tintas sobre los gravámenes indirectos (IVA e impuestos indirectos a combustibles, bebidas alcohólicas ó tabaco) frente a los directos (sociedades e IRPF), porque permiten una mayor justicia social , de manera que pague más quien consuma más.

El Banco de España destapa otra gran mentira vendida por los socialistas. No hay posibilidad de mejorar la recaudación, por la vía que quiere la vicepresidenta Teresa Ribera. Los impuestos verdes son ligeramente inferiores a la media europea. Entre otras cosas porque son disuasorios, persiguen desincentivar el uso de energías contaminantes, e irán decayendo con el menor uso con el paso del tiempo. Esta es una de las razones, por las que el Gobierno descartó, probablemente, el impuestazo al diésel. Su recaudación decrecerá a medida que amente la de coches híbridos y eléctricos.

La conclusión es evidente. No habrá manera de afrontar la montaña de deuda y déficit que se viene encima sin un incremento de impuestos. Ahora bien, hay dos maneras, de afrontar el problema. Con datos objetivos, como hace el Banco de España, o de manera ideológica, como el Gobierno. El tándem Sánchez-Iglesias quieren incrementos fiscales que perjudique las rentas altas, en vez de cargarlos sobre el consumo, por sus cuotas de impopularidad.

Su plan ideológico mermaría competitividad y desincentivaría la atracción del talento, mientras que el gravamen al consumo produciría en un primer momento un frenazo, pero después se recuperaría sin deprimir la actividad. Así que vayan preparándose para un subida del IVA en cuanto la economía empiece de nuevo a despuntar.

PD.-Inquietud en las instituciones por una posible imputación del presidente del BBVA, Carlos Torres. El intento de ocultar una parte del informe forensic, provocó una bronca del magistrado Manel García Castellón, al encargado de Prce Watherouse, por ocultarle presuntamente información. Del informe entregado al juez se había borrado nombras de responsables como el ex presidente de la entidad financiera, Francisco González.

Ahora se tema que García Castellón pueda pedir explicaciones en sede judidicial al máximo responsable de la entidad financiera. La cuestión es si la entidad aguntaría el daño reputacioneal que supondría que su máximo responsables sea llamado a declarar ante el juez Y, sobre todo, qué diría el Banco Central Europeo (BCE).

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