Cada vez se suman más voces advirtiendo de que el déficit estructural superará el 5%. Las últimas previsiones de la UE cifraba en un 5,6% este año y un 5,2% el próximo, colocando a España en la cima de toda la UE en 2021 y el FMI señaló varias semanas atrás que pasaría del 3%. El saldo estructural depende exclusivamente de la gestión a medio y largo plazo de ingresos y gastos por parte del Ejecutivo, sin tener en cuenta los gastos o ingresos derivados de efectos cíclicos o coyunturales, como el impacto del Covid-19.
Las medidas adoptadas para hacer frente a los tres meses de confinamiento y costear la lucha sanitaria contra la pandemia ha costado a los arcas del Estado algo más de 34.500 millones de euros, según ha cifrado el Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad 2020 remitido a Bruselas a finales de mayo, que ya ha superado los 57.000 millones.
Claramente, el impacto presupuestario es brutal, pero no se puede achacar al Covid el déficit estructural de las cuentas públicas españolas. El año pasado, la Comisión Europea cifraba el saldo estructural en el 4% del PIB y cabe esperar que parte del gasto acometido por el coronavirus, en especial el destinado a Sanidad adquiera carácter perdurable, elevando el déficit estructural por encima del 5%.
A principios de esta semana, Fedea presentó un informe coordinado por Rafael Domenech, de BBVA Research y Universidad de Valencia, que bajo el título de Por la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria tras el Covid-19 se hacía eco de las cifras de la Comisión Europea y pedía que el Gobierno elaborase, y presentase, un plan para reconducir el déficit estructural en el plazo de una década.
Fedea recomienda empezar en 2022, dando por descontado que lo que queda de este ejercicio y el próximo estarán marcados por gastos extraordinarios para incentivar la demanda y el impacto de los correctores automáticos del Presupuesto, especialmente el coste del desempleo que subirá al 19% este año y el 17% el próximo.
El objetivo es claro. Las cuentas públicas no pueden sostenerse con niveles del 5% en el déficit estructural. A tal fin, la propuesta de la Fundación de Economía Aplicada es que en 2023 se empiece a rebajar en medio punto el déficit, para dejarlo a cero en diez años.
El informe apunta cuatro pilares con una jerarquía en su implementación. La primera herramienta para equilibrar las cuentas es aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Para ello, es preciso afrontar reformas como en el mercado de trabajo, en las pensiones o en las finanzas y la gestión de las administraciones públicas. La segunda es una racionalización del gasto público, mejorando la eficiencia de los servicios sin gastar más, a través de procesos de digitalización, entre otros. El tercero es la mejora de la estructura fiscal y el último, y sólo si es imprescindible, mayores impuestos.
