Desde un punto de vista económico, ya se puede decir que en España el covid-19 ha pasado un factura de 57.000 millones de euros, dinero que acrecienta el gasto público del Estado. Su impacto en el PIB es de 5%, justo 2,8 puntos más que lo comprometido con la Unión Europea cuando meses atrás el Ministerio de Economía enviaba a la Comisión el Programa Nacional de Reformas de 2020.
Y es el excesivo gasto público que ha acometido el Gobierno en estos meses de pandemia lo que está provocando un extraño movimiento de alianzas por parte del Ejecutivo, haciendo guiños a Ciudadanos, con algunas flechas al Partido Popular, ahora que sabe que lo tendrá muy complicado para sacar unos Presupuestos moderados como le va a pedir la Unión Europea.
Así lo constatan las ultimas recomendaciones de la Comisión -fechadas el pasado 20 de mayo-, aconsejando a que España reduzca sus desequilibrios económicos como son "el elevado nivel de deuda externa e interna, tanto pública como privada, lo que sigue constituyendo un punto débil en un contexto de desempleo aun elevado y que tiene trascendencia transfronteriza".
El ahogo de esas Cuentas Públicas, necesarias para que Sánchez siga en el sillón de La Moncloa, ha hecho que el Partido Socialista se replantee por primera vez en el Gobierno ajustes al gasto público, en contra de las políticas que gustan al ala podemita del Ejecutivo. Fuente del Ministerio de Hacienda así lo indicaban esta semana.
"La piedra angular"
Como consecuencia del coronavirus, Moncloa empieza a mirar con mejores ojos los acuerdos con Ciudadanos -con quien se ha encontrado en una reunión de alto nivel para analizar el desarrollo de los decretos del estado de alarma, entre ellos el Plan B-, e incluso a no despreciar que, al final del camino pueda necesitar de la ayuda del Partido Popular a la espera de que éste manifieste un signo de "disponibilidad".
En este estado incipiente, el PSOE, con una mano invita a la unidad al PP, y con la otra espanta cualquier opción de acuerdo. Por cierto que, en esa última tesis navegan los populares, que desconfían de la voluntad de entendimiento del Gobierno, pues piensa que son actuaciones de cara a la galería.
"Sin Presupuestos no hay legislatura. La realidad es que no hay mayoría parlamentaria"
En esta retórica política, fuentes de Moncloa revelan a eE que los Presupuestos son "la piedra angular" que necesita el Gobierno de Pedro Sánchez. Y hoy más que nunca, "sin Presupuestos no hay legislatura". Además -sustancian-, "la realidad es que no hay mayoría parlamentaria. Ni siquiera vale la mayoría de investidura, porque Sánchez salió por un solo voto más y en la tercera votación", advierten para las cábalas presupuestarias.
Gastos desfasados
Lo que sí es constatable es que en solo tres meses, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha gastado la nada despreciable cifra de 57.002 millones de euros en medidas destinadas a la sanidad, el empleo, protección social y actuaciones como el Ingreso Mínimo Vital -con un coste de 3.500 millones de euros- que no estaba previsto para este momento de la legislatura.
Solo el desorbitado gasto público supone un impacto el 5% del PIB. Pero unido al desplome de ingresos que podría rozar los 70.000 millones de euros, es decir 6% del PIB, elevan ese impacto al 11% del Producto Interior Bruto. Se trata de una cifra que también se aleja de ese 10,3% que los estudios del Ministerio de Economía enviaron a Europa en su Plan de Estabilidad.
Precisamente, en ese programa nacional de estabilidad, el Gobierno de España preveía que las medidas adoptadas para aumentar la capacidad del sistema sanitario, contener la pandemia, prestar ayuda a las personas sectores más afectados tendrían su equivalencia en gasto público del 3,2% del PIB, lejos ya del 5% detectado hasta ahora.
Moncloa señala ahora que Esquerra no tiene categoría de socio
El desglose del gasto desorbitado ha venido, entre otros, de la mano de los 18.000 millones de los Ertes, de los 5.235 millones en protección extraordinaria para el desempleado, de 1.446 millones en contingencias sanitarias d, de 3.767 por el cese de la actividad de los autónomos, de 778 de protección social, de 5.500 para ayuda a la empresa de la automoción española, o, como señalaron fuentes de Moncloa esta semana, de gastos como el Ingreso Mínimo Vital -que no estaba previsto para este año- y, de los 16.000 millones de euros que irán a destinados a las CCAA, ayudas de carácter no reembolsable, y que salen de más deuda pública.
Estas cuentas, dejan al Gobierno con muy poco margen de negociación para cumplir con las demandas territoriales que tradicionalmente exigen los tradicionales socios de investidura, entre los cuales se encuentra ERC, pese a que desde Moncloa señalen ahora que Esquerra no tiene categoría de socio.
El arrastre de Arrimadas
Los de Ciudadanos, la formación que dirige Inés Arrimadas, mantienen que hay opciones de negociar los Presupuestos con el Gobierno de Sánchez si se aviene a unas Cuentas moderadas y liberales, apostando por las empresas y la seguridad jurídica. Señalan por otro lado, que "si Sánchez va a Bruselas de la mano de Ciudadanos y Partido Popular le van a respetar más que si van de la mano de Iglesias, y aún más de Esquerra o de EH Bildu".
Sin embargo, fuentes de Moncloa no comparten esa filosofía. Desde el Palacio gubernamental consideran que Bruselas no sabe ni quien es ERC. Otra cosa es que es que la fórmula de PSOE más Unidas Podemos y PNV, con Cs, es una fórmula que empieza a sonar bien en las filas del Gobierno, incluso entre las de Unidas Podemos, si eso asegura el sillón de Pablo Iglesias otros cuantos años como vicepresidente.
Fuentes gubernamentales defienden que no es necesario que estos Presupuestos Generales sean contractivos
El ingrediente que faltaría sería el apoyo último del Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y Compromís, "donde Cs podría hacer de arrastre".
En lo que sí se obstina Moncloa, es en defender que no es necesario que esos Presupuestos Generales sean contractivos y no expansivos como siempre han dicho querer. Lo que ocurre -matizan expertos economistas-, es que Europa no les va a permitir que sean así. Primero, "porque nos va a exigir condiciones", y lo segundo, "porque el Gobierno se va dar un baño de realidad cuando después del 12 de julio compruebe como ha perdido apoyos en las elecciones gallegas y vascas". "De ahí -sostienen-, saldrá un Gobierno muy deteriorado".
El peligro de la sostenibilidad
Contractivos o expansivos los futuros Presupuestos, el Consejo determina que los estados miembros, bien se pueden aprovechar de la cláusula general de salvaguardia, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
La cumbre de ayer de los 27 sirvió para poco y, por otra parte, las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no parecen ir por la línea de políticas expansivas. La ejecutiva gala pidió celeridad en las decisiones de la UE, teniendo en cuenta que, "lo peor está por llegar". En ese sentido, Lagarde añadió que "el paquete de recuperación debe ser ambicioso, rápido, flexible y estar firmemente anclado en las reformas económicas".
La Comisión mantiene que los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados en las personas de mayor edad
Y en eso hacen hincapié las recomendaciones de la Comisión: en las reformas. En su última evaluación -incluso sin conocer el nivel de gasto público de España-, indica que, los gastos en prestaciones sociales siguen muy orientados en las personas de mayor edad. Advierte de la falta de solidaridad intergeneracional, recomienda inversiones públicas en fase muy avanzada y promover la inversión privada. Pide políticas para aumentar la productividad, menos burocracia, más coordinación entre CCAA y Estado, reformas que faciliten la liquidez de las empresas y fomenten la estabilidad del sector financiero, así como incentivos eficaces para la contratación.
