Calles desiertas, museos y monumentos vacíos. La estampa que ofrecen las grandes ciudades es propia de películas de ficción o apocalípticas, que la mayoría de nosotros pensaba ver solo en el cine y, sin embargo, hoy es una realidad.
¿Qué daño ocasionará todo este parón de la actividad en la economía? Esta semana henos conocido previsiones de grandes bancos de negocio, como Goldman Sachs o Deutsche Bank, que vaticinan batacazos en el PIB americano durante el segundo trimestre que van desde el 5% al 14%. Unos porcentajes escalofriantes, que dejarán en la calle a millones de personas.
Estados Unidos, con una tasa paro inferior al 5 por ciento, absorberá el impacto sin traumas, pero qué pasa en España, donde la tasa de paro jamás bajó del 14 por ciento. En estos momentos es difícil prever las consecuencias, pero nadie duda que nuestra economía entrará en recesión, al menos durante un par de trimestres.
Y sería para darse con un canto en los dientes si es solo cosa de medio año, porque un virus capaz de mover en pocas semanas la voluntad del Banco Central Europeo (BCE) para lanzar un plan de compra de bonos públicos por casi un billón de euros hasta finales de año o de que la Comisión Europea se plantee la emisión de eurobonos no es baladí.
Algo muy grave debe de estar pasando para que decisiones que las autoridades europeas se resistieron a tomar durante la crisis de 2008, que amenazó con hacer saltar por los aires el euro, ahora se ejecuten en pocos días. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reconoció este viernes que nos enfrentamos a "una perturbación sin precedentes".
De poco sirve ya llorar sobre la leche derramada. Todos sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez permitió el fin de semana del 8 de marzo acudir a manifestaciones, conciertos o partidos de fútbol, cuando la epidemia estaba ya muy extendida.
Ahora nos enfrentamos a un crecimiento desaforado del número de infectados durante las próximas semanas, que superarán ampliamente los cien mil personas. Las cifras que manejan internistas y epidemiológicos destinados en la zona cero apuntan a que superará el millón de personas antes de su extinción. Lo peor es que el número de muertes se multiplicará por varios miles solo en nuestro país.
Ya hay hospitales saturados que eligen quien muere o vive. El encierro en casa será tres meses
En estos momentos, la saturación de los hospitales de la Comunidad de Madrid es total. En el resto de autonomías, se producirá un colapso parecido en unas semanas. No hay escapatoria, en definitiva.
Los médicos han comenzado ya a discriminar entre personas mayores de 65 años con complicaciones, a los que se les envía a habitaciones separadas, donde agonizarán hasta morir. Esa es la verdad, que los medios ocultamos porque carecemos de cifras oficiales. Sanidad no está facilitando datos fehacientes sobre la evolución de la enfermedad para no alarmar a la población. Pero la fatalidad es difícil de tapar. No conoceremos los datos verdaderos hasta que todo haya pasado.
En estas circunstancias, el ministro de Movilidad, José Luis Abalos, ya maneja la posibilidad de prorrogar el confinamiento de la población otros quince días.
Pero, de nuevo, la realidad desborda las previsiones. Los epidemiológicos prevén que puede prolongarse entre tres y cinco meses. Y tenemos suerte, porque el calor, probablemente, detenga la rápida expansión del virus.
En estas circunstancias es entendible que las consecuencias económicas sean imposibles de calcular. El Ministerio de Sanidad, que dirige el socialista Salvador Illa, está inmerso en un caos monumental. Hay toneladas de material sanitario retenido en la frontera, que es esencial para salvar las vidas no solo de los pacientes, si no también de los médicos y del personal que los atiende.
No solo faltan respiradores para atender a todos, es que no hay mascarillas ni trajes impermeables suficientes para proteger a los profesionales. La Unión Europea es incapaz de poner a fabricar este material de forma masiva para todos los países miembros. En China, que nos está dando lecciones de todo tipo, se montaron líneas de producción exprés para cubrir todo tipo de necesidades.
La Casa Blanca prevé que la crisis dure 18 meses. El PIB puede hundirse si no hay liquidez
Además, es prioritario que la Unión Europea agilice el tránsito en las fronteras internas para las mercancías, ahora colapsadas, para salvaguardar la actividad económica que permanezca. El sector hortofrutícola, más necesario que nunca en estos momentos, y todo el sector exterior pueden quedar estrangulados en unas semanas si no se solventa el problema. Recomponer las redes de exportación llevaría muchos años y devolvería nuestra economía a la situación de hace una década.
Los expertos prevén que el PIB español sufra un desplome de entre el 1,5% y el 8% en los próximos doce meses. El declive dependerá del tiempo que dure. Un reciente informe de la Casa Blanca aventura que los efectos se prolongarán durante 18 meses.
Para contrarrestarlo, El presidente del Gobierno anunció un plan de choque por 200.000 millones, que generó gran expectativa, aunque se quedará corto. Las promesas iniciales se pueden evaporar cuando conozcamos la letra pequeña.
Casi tres millones de autónomos estuvieron con el alma en vilo esta semana, al comprobar que el cese de actividad que se exigía para el cobro de las ayudas no era aplicable a los autónomos societarios ni a los que tienen licencias públicas, como los taxistas. Afortunadamente, el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, aclaró de manera rápida el malentendido y corregirá el procedimiento, para que todo el colectivo pueda disfrutar de las ayudas públicas.
La siguiente batalla será la de los Expedientes de Regulación de Empleos Temporales (Ertes), que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo. La podemita Yolanda Díaz tiene en sus manos la supervivencia de más de un millón de trabajadores. Es esencial que las solicitudes se aprueben con rapidez y sin discriminar unas empresas de otras, como les puede ocurrir a las de co-mida rápida.
El Consejo de Ministros del martes próximo debe aprobar las condiciones para los créditos blandos por hasta 100.000 millones de euros , que prometió Sánchez durante su comparecencia pública. La banca exige que el 80 por ciento de las cantidades concedidas sean avaladas por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La medida es esencial para mantener abiertas miles de pequeñas y medianas empresas hasta que pase la tormenta.
La vicepresidenta Nadia Calviño, acostumbrada a la ortodoxia fiscal, debe olvidarse en esta ocasión de ella. Un porcentaje de avales de únicamente el 50 por ciento, como se planteó en un primer momento, no solo pondría en un brete al copioso tejido productivo, si no a algunas de las entidades financieras.
Los poderes públicos deben centrarse ahora en construir una especie de Arca de Noé para cobijar a la mayor parte posible de la tormenta y de la fuerza destructiva del virus. Los ciudadanos tenemos que tomárnoslo en serio y no salir de casa, si no es imprescindible.
PD.-En elEconomista somos afortunados en este aspecto. Desde hace más de una semana, gracias a la iniciativa del presidente, Antonio Rodríguez Arce, tanto la edición en papel como en Internet se produce mediante teletrabajo, sin un solo empleado en la redacción. Un esfuerzo que debería seguir el mayor número de empresas posibles. También dar las gracias a todos ustedes, nuestros lectores y usuarios, que la última semana crecieron el 70 por ciento, lo que nos afianza como la cabecera especializada en economía líder en España y en todo el mundo hispano.
Entidades
