La Audiencia Nacional ha conseguido lo que quería, que cantara alguno de los imputados en la trama de espionaje del BBVA. Según el ex comisario Villarejo, la entidad contrató a su empresa Cenyt para "la recuperación de saldos morosos". Las palabras de Villarejo fueron ratificadas por el anterior responsable de la inmobiliaria del Banco y actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, imputado también en la causa.
Villarejo recibía órdenes del antiguo jefe de Seguridad, Julio Corrochano, uno de los firmantes de los pagos por sus trabajos, que supuestamente incluían escuchas ilegales.
La acusación al Banco por parte tanto de Villarejo como de Béjar servirá de argumento a la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación por los delitos de cohecho y revelación de secretos a la entidad financiera, que deberá demostrar que en el periodo bajo investigación existían los controles adecuados para impedir que se cometieran irregularidades.
"Imputar a todo el consejo de administración supondría investigar a más de una veintena de directivos"
La Fiscalía desmintió a elEconomista que en estos momentos tenga pensado pedir la imputación de todos los miembros del consejo de administración desde 2004, como informó Expansión. Una iniciativa de estas características supondría investigar a más de una veintena de directivos, entre ellos el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien ejerció como consejero delegado de BBVA ente 2001 y 2009.
Su imputación, además, pondría en riesgo su cargo al frente de la entidad pública. Todo un terremoto en el sistema financiero, que insisto en que actualmente no se contempla.
Goirigolzarri tenía una mala relación con el presidente. Francisco González lo consideraba sospechoso de colaborar con la constructora Sacyr, por acudir a una entrevista con su ex presidente, Luis del Rivero, en la que recabó su apoyo para el asalto al banco azul.
Con este precedente, es prácticamente imposible que Goirigolzarri fuera informado de las supuestas prácticas ilegales. Pero como máximo ejecutivo, sí era responsable de erigir los controles para evitar la comisión de irregularidades.
"Aún es pronto para conocer si García Castellón pedirá la imputación de algún miembro del órgano de administración"
El modus operandi de Villarejo, según las pruebas en poder del magistrado Manuel García Castellón, consistía en solicitar presuntamente a través de la Comisaría General de Información, dependiente de la Policía, los pinchazos de teléfonos de decenas de personas, sin autorización judicial. Entre los escuchados estaban Del Rivero, el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián; el ex banquero, Juan Abelló; o el ex vicepresidente, Rodrigo Rato; junto a otros políticos, empresarios y periodistas.
Es aún muy pronto para conocer si García Castellón pedirá la imputación de algún miembro del órgano de administración y entre qué fechas. Dependerá del resultado de las pesquisas y del informe forense que elabora desde hace más de medio año la auditora Pwc con los bufetes Garrigues y Uría.
"La declaración de Béjar dejaría fuera de la investigación a Goirigolzarri y a Carlos Torres"
Béjar declaró en la Audiencia que el Banco contrató los servicios de Villarejo para "el rastreo de morosos" entre 2010 y 2014. Ello dejaría fuera de la investigación tanto a Goirigolzarri, que cesó en 2009, como al actual presidente, Carlos Torres, quien fue nombrado consejero delegado en 2015.
Quizá, por eso, García Castellón, empezó por pedir la declaración de Ángel Cano, el máximo responsable por debajo de Francisco González entre 2009 y 2015.
La sola imputación del BBVA abre la puerta a una sanción gigantesca en caso de que se encuentren irregularidades. Para evitar turbulencias, al tratarse de una entidad con efectos sistémicos sobre el resto del sector financiero, el Banco Central Europeo (BCE), encargado de su supervisión, tiene poderes de forzar cambios en los órganos de administración, a fin de erradicar cualquier sospecha.
En el momento en que se produzca la imputación de BBVA, el organismo supervisor europeo puede activar, sin hacerlo público, el procedimiento para determinar si sus administradores son aptos y adecuados ("Fit and proper"). Es decir, si son los idóneos para desempeñar sus cargos en la actualidad.
"Los pagos a Villarejo continuaron durante dos años bajo la égida de Carlos Torres"
Carlos Torres fue el máximo ejecutivo desde 2015 a 2018, fecha en que ascendió a presidente. Eso quiere decir que los pagos a Villarejo continuaron durante dos años bajo su égida. ¿No era conocedor del contrato con Villarejo, ni sospechó de las irregularidades? Son preguntas que, probablemente, tendrá que responder ante el juez.
Torres puede tener, además, un problema de reputación, por la demora en las conclusiones de la investigación forense, pese a las reclamaciones del BCE, el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), a las que esta semana se sumó la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, hace tiempo que tiene ganas de poner orden en la entidad. Durante la presidencia de Francisco González, apoyó una fusión con Bankia que éste rechazó de plano. Con la llegada de Torres a la presidencia, exigió la independencia de los poderes ejecutivos en el BBVA, mediante el nombramiento de un consejero delegado, Onur Genç, y obligó a reporte directamente al consejo de administración para no depender de Torres. El BCE aún no dio el placer oficial a la nueva presidencia de la entidad.
De Guindos no suele andarse con paños calientes. No le tembló el pulso en apoyar la adquisición relámpago del Popular por el Santander para evitar su quiebra, ante la pasividad del anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Ni tampoco se detuvo ante el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, al que cesó de manera fulminante poco después de llegar a su cargo en el Ministerio de Economía, pese a la amistad mantenida durante muchos años como su jefe y vicepresidente del Gobierno de Aznar.
"¿Cuánto durará la paciencia de Guindos con Torres y su equipo si el Banco es imputado?"
En banca, hay un principio no escrito: en las crisis se debe actuar con rapidez para evitar un mayor deterioro de las entidades financieras. Una regla de oro que incumplió otro ex gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con las cajas de ahorros, lo que provocó su práctica desaparición del mapa.
¿Cuánto durará la paciencia de Guindos con Torres y su equipo si el Banco es imputado y sigue demorándose en la entrega de los informes? Prefiero no arriesgarme con los plazos, pero si Torres quiere mantener su culo, como suele decirse, en el sillón presidencial, es mejor que actúe con total transparencia cuanto antes y en defensa de todos sus accionistas.
La ausencia de Francisco González de los funerales del ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, es uno de los asuntos que andaba en boca de los asistentes...
"Puig perdonó 1,3 millones de euros al Grupo Z, en el que él posee una participación del 1,2%"
PD.- Otro que intenta mantenerse en el cargo, pese a las presuntas irregularidades conocidas en las últimas semanas, es el presidente valenciano Ximo Puig.
El dirigente socialista cambió primero los estatutos para que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una especie de banco público regional, pidiera condonar deudas y luego perdonó 1,3 millones al grupo Z, propietario del diario Mediterráneo, en el que él mismo posee una participación del 1,2%. Es decir, que actuó en su propio beneficio.
La operación se hizo para facilitar la compra del periódico castellonense por el grupo Prensa Ibérica, dueño de los diarios Información, de Alicante, y Levante, en Valencia.
Un presunto tráfico de influencias como una catedral si, además, se tiene en cuenta que poco después su ex secretaria de comunicación, Lydia del Canto, se colocó como directora del diario Levante. Para colmo de males, la primera decisión de Prensa Ibérica fue cerrar el diario rival de Mediterráneo para eliminar así la competencia.
Puig empezó su carrera como periodista, aunque es difícil tener menos respeto por la libertad de información
Puig empezó su carrera como periodista, aunque es difícil tener menos respeto por la libertad de información. Creo que debería marcharse, pero nadie en la Comunidad Valenciana se atreve a pedir su dimisión, so pena de acabar en la rue, porque la Generalitat retire las ayudas a su medio de comunicación. Así es el presidente valenciano, quien encima se presenta como un paladín en defensa de los derechos sociales.
Sobre el Gobierno, aún es pronto para hacer predicciones. No me fío de las acusaciones mutuas que se lanzan estos días entre Sánchez e Iglesias. Ninguno de los dos puede permitirse ir a otras elecciones. Ojalá me equivoque. Pero sobre todo, el que no puede permitirse un Gobierno con Podemos es el país, España, como advierten hoy en elEconomista los empresarios.
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