Valencia
Prensa Ibérica, el grupo mediático que tiene por socio en Castellón al presidente valenciano Ximo Puig tras adquirir este año a Grupo Zeta, cobró entre 2016 y 2018 publicidad institucional por más de 3,3 millones de euros de la administración pública del propio dirigente socialista, según los datos publicados en el portal de transparencia de la Generalitat.
La cifra, percibida entre todas las cabeceras que ahora penden del grupo -principalmente los diarios provinciales Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo, pero también sus ediciones digitales, televisiones, Superdeporte y la emisora 97.7- ahonda en el conflicto de intereses en el que se halla inmerso el mandatario, que propició una 'quita' de 1,3 millones al grupo para que se materializara la operación de compraventa.
El enredo mediático en el que se encuentra el presidente autonómico proviene de su decisión en 2015 de compaginar su responsabilidad política con la condición de accionista minoritario de El Periódico Mediterráneo, el más importante de la provincia de Castellón. En concreto, Puig conservó una participación de 210 títulos y 177.886,8 euros de valor contable -según su declaración de bienes- el equivalente al 1,16% de la cabecera. El accionista mayoritario era Grupo Zeta con el 85%, quien además mantenía una deuda millonaria con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Pero tal panorama no debió incomodar al presidente, que permaneció con naturalidad a ambos lados de la ecuación comercial de El Periódico Mediterráneo. Tanto es así que la Generalitat ha contratado publicidad en el medio por casi 640.000 euros desde que es presidente (entre los años 2016 y 2018), y que el grueso de este importe ha salido de la propia consejería de Presidencia (más de 430.000, teniendo en cuenta solo 2017 y 2018). Todo mientras, como accionista, el propio Puig se ha embolsado 12.280 euros en dividendos (6.400 en 2016 y 5.880 en 2017, según las cuentas de Pecsa, la empresa que concentra las acciones de Mediterráneo).
Propicia la 'quita'
Y por si fuera poco este conflicto de intereses, en el presente 2019 se agravó sobremanera la situación con la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica. Esta operación fue posible gracias a una importante 'quita' bancaria, en la que el grueso de las entidades financieras, entre las que se encontraban Santander, CaixaBank y Sabadell, accedieron a condonar el 70% de los 99,2 millones que adeudaba el grupo. El IVF, en la misma línea, renunció a cobrar 1,3 millones de los 1,8 correspondientes a la deuda original de Mediterráneo.
El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, explicaba la semana pasada que procedió del modo menos gravoso para las arcas valencianas, puesto que la liquidación de Zeta habría privado al banco público de recuperar cantidad alguna, tal y como le aconsejaba Deloitte. No obstante, el proceder de la administración valenciana para propiciar esta condonación deja lugar para la suspicacia.
Según reconoció el propio Illueca, el IVF fue autorizado por el Gobierno Valenciano para realizar 'quitas' tan solo días antes de que se produjera la misma, con la aprobación de un Decreto a mediados de marzo de 2019, con el voto a favor del propio Ximo Puig. Y no solo eso: el director general también detalló que la 'quita' -o la "venta del crédito deteriorado", como él prefiere- había sido pactada previamente. Se trata, por tanto, de la primera y de momento única 'quita' realizada por el banco público valenciano, realizada precisamente con la deuda de una empresa participada por el presidente valenciano.
Preguntado sobre si conocía que Puig era accionista de esta empresa, Illueca negó la mayor, circunstancia que causó sorpresa por tratarse de una información de dominio público en la Comunitat. Sí reconoció, por contra, que el presidente le había preguntado por cómo iba esta operación.
Enmienda para accionistas
El conflicto de intereses de Puig con Prensa Ibérica ha sacudido el arranque de legislatura. La oposición pide que explique lo ocurrido en Les Corts Valencianes. Este lunes, sin ir más lejos, el PP afirmaba que el PSPV enmendó el régimen de incompatibilidades de la Comunitat, en el que Compromís quería imponer que los altos dirigentes tuvieran menos de un 0,5% en acciones de empresas con contratos con la Generalitat. La enmienda de los socialistas elevó este porcentaje hasta el 10%, según los populares.
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