Valencia
La historia que ha llevado a Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, a convertirse en socio del principal grupo mediático valenciano (Prensa Ibérica), tiene su origen en tiempos pretéritos y un desarrollo complejo. El escenario actual es que, de un día para otro, el máximo dirigente de la autonomía guarda una relación mercantil con el conglomerado al que más dinero reparte en publicidad institucional y gracias a una 'quita' en la que ha participado la propia comunidad autónoma, una situación de estética cuestionable cuyo origen -según el mandatario- se remonta a un laudable movimiento asociativo.
El político socialista posee desde hace décadas acciones en la mercantil Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria de El Periódico Mediterráneo. Se trata de una participación en el que hoy es el diario más importante de su provincia, Castellón, donde ejerció de joven como periodista, su profesión. Cuando se subastó esta cabecera en los años 80, un grupo de trabajadores entre los que se encontraba Puig participó en la capitalización de la misma con la indemnización por despido que habían cobrado de la propia empresa, tal y como ha explicado él mismo en más de una ocasión. El líder socialista, que recuerda con cariño aquel movimiento asociativo de la plantilla, subraya que, contra pronóstico, aquella inversión no fue gravosa. En la actualidad declara estas acciones por un valor contable de 177.886,8 euros. Se trata de 210 títulos, el 1,16% del total.
El caso es que el hoy presidente valenciano ha conservado esta inversión durante décadas pese a su salto a la política. Puig, además de representante público, ha sido en paralelo accionista minoritario del principal periódico castellonense, un extraño maridaje que se ha vuelto aún más controvertido con el cambio de manos del diario. Y es que Grupo Zeta, el histórico propietario del grueso de las acciones (casi del 85%), ha sido adquirido recientemente por Prensa Ibérica, el principal grupo mediático de toda la Comunitat Valenciana y uno de los más relevantes de España. Los estandartes de Prensa Ibérica son el diario Levante-EMV en Valencia, el diario Información en Alicante, y ahora El Periódico Mediterráneo en Castellón: nada menos que las tres cabeceras líderes de las tres provincias valencianas.
La 'quita' de la Generalitat
El movimiento ha convertido al presidente de la Generalitat Valenciana, de la noche a la mañana, en socio -de poco peso, pero socio- del mayor conglomerado de medios de comunicación de la autonomía que él mismo preside. Pero aquí no acaba la controversia, porque se da también la circunstancia de que la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica ha sido auspiciada por una importante 'quita' de su deuda, cifrada en un 70%, y entre las entidades que han perdonado este pasivo se encuentra la propia Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
En concreto, el IVF condona 1,3 millones de euros al grupo presidido por Javier Moll al comprar el crédito de Grupo Zeta, tal y como ha venido detallando eldiario.es. La 'quita' la hace en idéntico porcentaje el pool bancario al que se le debe el grueso del total, que es quien fuerza a entrar en la misma al IVF, según defiende la Generalitat. No obstante, el Institut Català de Finances (ICF), también afectado, perdona un porcentaje inferior, del 46%; aunque superior en volumen: de 9,2 millones.
Hasta aquí los hechos son los siguientes: una 'quita' en la que participa la Generalitat Valenciana propicia una operación entre grupos mediáticos que acaba con el presidente Ximo Puig como socio en Castellón de Prensa Ibérica, el comprador. ¿Se trata de un conflicto de intereses? Presidencia niega la mayor y afirma que no es más que un carrusel de movimientos fortuitos. Según defienden, Puig ni elige ni puede impedir que Prensa Ibérica compre Grupo Zeta ni que el IVF participe en la 'quita' del 70% de la deuda. "Simplemente han variado sus socios en una pequeña participación que conservaba", argumentan.
En esta línea, deslizan que Puig ha decidido conservar las acciones como única decisión posible, pues si hubiera vendido con una 'quita' de la Generalitat de por medio se le podría haber acusado de hacer negocio a costa del erario. En efecto, no había solución buena. Quizá solo la de haber vendido las acciones cuando comenzó su carrera política -ahora ya tarde-.
Despidos, publicidad y Del Canto
Pero las aristas incómodas para el presidente van todavía más allá. Entre ellas, el primer movimiento de Prensa Ibérica tras comprar Grupo Zeta: cerrar la delegación de Levante-EMV en Castellón y acometer despidos tanto en la sección de deportes como en su cabecera Superdeporte. Se trata de una decisión empresarial como tantas otras, pero que en este caso se ha tomado tras una condonación de la administración pública valenciana y con el presidente Puig como socio del grupo en la provincia donde se acometen los despidos.
Los aspectos que abonan la tesis del conflicto de intereses aún van más allá. El más palpable, que Prensa Ibérica es, con diferencia, el grupo mediático que más dinero recibe en publicidad institucional de la Generalitat Valenciana. Las cifras de 2018 publicadas por el canal de transparencia de GVA Oberta reflejan la entrega a medios del grupo de cerca de 1,4 millones de euros, casi 1,7 si se suma el importe del recién adquirido Mediterráneo. Y cabe subrayar que el grueso procede precisamente de Presidencia. Es decir: el principal grupo receptor de publicidad institucional de la Generalitat de Ximo Puig tiene como socio en Castellón al propio Ximo Puig.
Y una última suspicacia en la que ahonda este movimiento empresarial: la relación del presidente con Levante-EMV. La cabecera la dirige Lydia del Canto, la que fue secretaria autonómica de Comunicación de Puig en la primera fase de la pasada legislatura. El regreso de la periodista al diario como subdirectora -después pasaría a dirigirlo- generó un aura de proximidad entre el periódico y Presidencia, un halo ahora alimentado por la condición de socio de Prensa Ibérica del presidente valenciano.
