Valencia
El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, salió este miércoles a dar explicaciones sobre la peculiar sucesión de acontecimientos en la que se haya inmersa su entidad, que perdonó 1,3 millones de euros de la deuda de un periódico que cuenta con el presidente valenciano como accionista al 1,2% -todo en el marco de la operación que ha convertido al propio Ximo Puig en socio de Prensa Ibérica, el principal grupo mediático de la autonomía que preside, tal y como informó elEconomista.es-.
Illueca afirmó al respecto que su entidad no sabía que el presidente Puig era accionista de Pecsa, la empresa integrada en el Grupo Zeta de la que proviene la deuda de 1,8 millones a la que se le han perdonado los mencionados 1,3 con la venta del crédito a Prensa Ibérica por alrededor de 500.000 euros. "El instituto no tenía conocimiento de esto", aseguró el dirigente, que agregó que, en cualquier caso, haber conocido esta circunstancia no le habría hecho cambiar de parecer.
"El instituto tiene un código de conflicto de intereses. Y ninguna de las personas del consejo habría tenido un conflicto de interés aunque lo hubiera sabido. Nosotros hemos vendido un crédito deteriorado a un tercero", subrayó el dirigente.
Por contra, preguntado sobre si había hablado con el presidente Puig sobre esta cuestión, Illueca indicó que sí. "Por supuesto que hablé con el presidente de este tema en la medida que era un tema que estaba en los medios de comunicación. En conversaciones sí que salió. Me preguntó cómo iba la operación, cuánto dinero se nos debe, cómo está la cosa" -afirmó sobre la condición del IVF de acreedor de Pecsa-.
Por contra, la condición de Puig de accionista de Pecsa, comunicada de forma reiterada por el presidente en todas sus declaraciones de bienes e información de dominio público en la Comunitat Valenciana, no había llegado a oídos del director del IVF.
La operación
Illueca, quien destacó que el presidente "nunca ha dado luz verde ni roja en ninguna actuación del instituto, explicó al detalle la actuación del IVF en esta operación. Según expuso, la deuda procedía de dos créditos por alrededor de 6 millones de euros que fueron integrados en 2009 en un crédito sindicado en el que el banco público valenciano tenía una pequeña participación.
Por esta razón, según detalló, se alineó con la postura del grueso de la banca acreedora, dispuesta a vender los activos financieros renunciando a un 70% de su valor. Sobre la circunstancia de que el IVF acometió esta desinversión justo tras aprobar el Consell el decreto que habilitaba al banco público para hacerlo -con el voto a favor del propio Ximo Puig-, defendió que no existió relación causa-efecto. "El decreto se impulsó en el mes de diciembre", destacó.
