La primera lectura de los resultados de Vox el 10-N es clara: el partido mejora los resultados del 28-A obteniendo casi un millón de votos más y logra subir su representación en el Congreso de 24 a 52 diputados. Este impulso otorga músculo político y espacio al partido de Santiago Abascal, pero, más allá de eso, le confiere una serie de 'privilegios' parlamentarios con los que no contaba tras los anteriores comicios. En Directo | Todas las reacciones a las elecciones del 10-N.
El primero de ellos es económico. Los de Abascal verán incrementadas ostensiblemente sus subvenciones electorales tras ver cómo su representación en la Cámara Baja ha crecido más del doble. Atendiendo a los rigores de las Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si en abril a Vox le correspondían 21.167,64 euros por cada escaño conseguido en Congreso y Senado (multiplicado por 24 les daba 508.023 euros), ahora recibirá 14.817,35 euros por escaño -la ley reduce en un 30% la subvención si hay repetición electoral-. Multiplicándolo por sus 52 diputados y dos senadores resultan 800.136,9 euros.
De la misma manera, esta subida en el número de asientos supondrá un incremento en lo recibido por papeleta del 10-N que haya servido para obtener escaño (0,57 euros en el Congreso y 0,22 en el Senado). Igualmente, un mayor número de diputados llevará aparejada una mayor financiación de gasto de funcionamiento ordinario en la partida anual que destina Interior a las formaciones políticas. [Crónica de una jornada electoral que no desenreda el bloqueo político]
Aparte del incremento económico en sus arcas, Vox contará con una serie de prerrogativas y cuotas de poder en el Congreso que le permitirán influir más directamente -a favor o bloqueando- en la actividad legislativa del país.
Mesa del Congreso
Es el órgano clave de la Cámara Baja, como se vio en la XII legislatura. La mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa fue un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez, como se vio en varias tramitaciones, como por ejemplo la del techo de gasto. En la breve XIII legislatura PSOE y Unidas Podemos consiguieron la mayoría progresista en el órgano frente a PP y Ciudadanos, que coparon el resto de puestos.
Tras el 10-N está por ver qué mayoría se hace con el control de la Mesa, pero lo que parece casi seguro es que Vox estará en la misma, previsiblemente en sustitución de Ciudadanos, ya que los de Abascal tienen una representación similar a los de Albert Rivera tras abril. De los nueve puestos del órgano (una presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías), los 'naranjas' lograron las secretarías primera y cuarta.
Todo dependerá de los acuerdos que tejan los partidos para la votación -secreta- y que pueden ser la antesala de futuros pactos de investidura. La opción más factible a priori es que los de Abascal busquen algún entendimiento con el PP para conseguir el mayor número de puestos posible, aunque los de Pablo Casado podrían ir por libre o buscar otra vía.
Comisiones y Diputación Permanente
El incremento del número de diputados de Vox también se notará en las comisiones parlamentarias. Tanto la cuota de diputados del partido en las comisiones como sus representantes en las mesas de las mismas se multiplicará sí o sí. En la expirada legislatura, con el botín de 24 diputados, Vox consiguió tres representantes en cada comisión y cuatro puestos en las mesas: las vicepresidencias de las comisiones de Trabajo, Industria y Agricultura y una secretaría en la de Sanidad.
Volviendo a tomar como referencia los 57 escaños de Ciudadanos tras abril, los de Rivera consiguieron incluir a siete miembros de los 43 totales en cada comisión. Esta podría ser una estimación de los miembros que puede conseguir Vox, aunque todo dependerá una vez más de la negociación política y de los puestos a repartir, que podrían verse alterados.
En un sentido similar, Vox verá cómo crece su presencia en la Diputación Permanente, representación en 'miniatura' del hemiciclo fuera del período de sesiones. En la XIII legislatura el órgano tuvo 68 miembros, de los que cinco eran de Vox. Por seguir con el paralelismo una vez más, Ciudadanos logró 11 puestos. Faltaría saber de cuántos miembros constará en el siguiente período.
Recurso de inconstitucionalidad
Los 52 escaños de Vox permitirán a los de Abascal recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las leyes que considere oportunas, un trámite para el que se requiere un mínimo de 50 diputados. Es el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) el que establece que los recursos de inconstitucionalidad los pueden interponer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, los Gobiernos o Parlamentos autonómicos -contra normas que puedan afectar a su propio ámbito autonómico- y 50 diputados o senadores.
En la legislatura que echa a andar, solo tendrán facultad para impugnar leyes en solitario el PSOE, el PP y Vox. En la anterior, los de Abascal tenían que buscar el apoyo de otros grupos para presentar este tipo de recursos. Por ejemplo, una alianza con el PP le permitió recurrir la Ley navarra de abusos policiales.
Esta competencia la pierde Ciudadanos, que tras abril podía interponer este recurso y ahora queda lejos de poder hacerlo. Lo mismo le ocurre a Unidas Podemos, que si tras 2016 tenía capacidad para ello, sus 42 diputados tras abril y sus 35 actuales les impiden esta maniobra si no lo pactan con otro grupo.
Moción de censura
Se trataba de un mecanismo en desuso. Sin embargo, en los últimos años, en medio de una alta volatilidad política, la moción de censura se ha puesto de 'moda'. Ya en 2017 el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presentó una contra Mariano Rajoy con claras pretensiones propagandísticas, ya que no tenía visos de prosperar. Menos de un año después vimos cómo una moción de censura, la primera de la democracia que salía adelante, servía para que el PSOE llegara al poder y cayera Rajoy.
En su artículo 175.2 el Reglamento del Congreso establece que la moción "deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados", o lo que es lo mismo 35 señorías. Con sus actuales cifras, Vox podría impulsar una moción aunque fuera como maniobra de desgaste contra el Gobierno que finalmente se conformase.
Con todo, cabe recordar que el artículo 179 del citado reglamento recoge que "ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá firmar otra durante el mismo período de sesiones". El artículo 61.1 del reglamento recuerda, a su vez, que "el Congreso se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio".
Referéndum tras reforma constitucional
Aunque se trata de una prerrogativa que se antoja lejana en el actual escenario político, la Constitución contempla en su artículo 167.3 que, tras una reforma 'light' de la misma -una reforma que no afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II-, "una décima parte de los diputados" -de nuevo 35- puedan pedir que la citada modificación de la Carta Magna se someta a referéndum.
Cuesta ver ahora mismo que se llegue a un consenso para reformar la Constitución aunque sea en sus partes 'no blindadas' y que Vox se viese en la coyuntura de amparar el referéndum, pero sus 52 diputados siempre le otorgarían esa capacidad, tanto para conseguir respaldo ciudadano a la reforma como para cuestionarla o echarla abajo.
