El estado de alarma en Madrid, decretado el viernes 9 de octubre con una duración de 15 días, no tendrá prórroga. Al menos, esa es la opción que se baraja en el Gobierno, muy dividido acerca de las consecuencias y la mejor estrategia a seguir para navegar en el enquistado conflicto con Madrid. | EN DIRECTO: todos los detalles sobre la evolución de la pandemia
Lo sucedido hace menos de 48 horas, cuando un Consejo de Ministros extraordinario decidió recuperar el control de Madrid para decretar unas restricciones tumbadas el pasado jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no hace más que agravar la situación. Ayuso pidió a Sánchez más tiempo, superando el que el presidente le había concedido para trasponer las medidas sanitarias decididas en el Consejo Interterritorial a la adecuada forma legal autonómica.
A pesar de que el mensaje del Gobierno fuera claro -"no podemos cruzarnos de brazos", dijo el ministro Illa y reiteró el presidente Sánchez el sábado, desde Portugal- con respecto a actuar, semanas después del descontrol de la pandemia en Madrid, para proteger la salud de los ciudadanos, el conflicto se ha recrudecido más que nunca.
El País asegura en una información que publica este domingo que los ministros están divididos acerca de la estrategia y de las consecuencias que traerá esta batalla encarnizada contra Díaz Ayuso. Los sondeos apuntan a un desgaste en ambos contendientes. El estado de alarma, decretado para el máximo de 15 días previsto por la ley, necesita ser prorrogado por mayoría en el Congreso, lo que implica revivir la pesadilla sufrida por Pedro Sánchez desde el 14 de marzo hasta el fin del estado de alarma, a finales de junio. La oposición, encabezada por el PP y Vox, no van a poner fácil a Sánchez poder renovar el estado de alarma en Madrid y los otros ocho municipios con incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes.
Los datos, por otra parte, serán los que previsiblemente ayuden al Gobierno a no tener que pasar por una solicitud de prórroga del estado de alarma. El Mundo afirma que la decisión del Gobierno se tomó con los datos de incidencia acumulada desfasados por cuatro días. Es decir, a fecha del 4 de octubre. En el día de la declaración del estado de alarma, Madrid y otros cinco municipios tenían menos de 500 casos por 100.000 habitantes, que es el corte elegido para confinar perimetralmente una ciudad. Eso sí, el acuerdo del Consejo Interterritorial detallaba que se tomara como referencia el dato de incidencia acumulada recogido en los cinco días anteriores.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, denunció el viernes por la noche la bajada de la incidencia sobre los 500 contagios. Madrid detectaba entonces 465 casos por 100.000 habitantes; Alcobendas, 450; Alcorcón, 396; y Torrejón, 448. La Comunidad de Madrid, además, considera que el descenso en los contagios se debe a sus medidas de confinamiento de barrios, que sólo estuvieron en vigor durante nueve días, del 21 al 30 de septiembre, cuando el Consejo Interterritorial aprobó unas pautas comunes para todas las autonomías. Estas implicaban los confinamientos perimetrales con incidencias superiores a los 500 contagios por 100.000 habitantes en municipios que superasen este volumen de población.
Gravedad por debajo de los 500 contagios
Pese a la bajada de los contagios, es fundamental reseñar que una incidencia de 465 contagios por 100.000 habitantes en una ciudad como Madrid no es una buena noticia. Significa que existe transmisión comunitaria, que el rastreo no es efectivo y que el único freno está en las restricciones de movilidad y las órdenas que garantizan distancia social.
Berlín ha cerrado el ocio nocturno con una incidencia de 50 contagios por 100.000 habitantes, el valor que utiliza Alemania para imponer restricciones. París y Bruselas han cerrado sus bares y cafeterías durante 15 días con incidencias de menos de 260 contagios. La Universidad de Harvard establece la cifra de 350 de incidencia como signo de transmisión comunitaria del virus y momento en el que hay que ordenar confinamientos.