Esta nueva ley lo cambia todo en España: así mejora la indemnización si sufres un accidente

Desde el 25 de julio de 2025 está en vigor la Ley 5/2025, que modifica de forma significativa la normativa sobre responsabilidad civil y seguro obligatorio en la circulación de vehículos a motor. Esta reforma supone un antes y un después en la protección a las víctimas de accidentes de tráfico en España.

La ley adapta la legislación española a la Directiva (UE) 2021/2118, e introduce cambios clave en cuatro grandes bloques: vehículos obligados a asegurarse, cuantías indemnizatorias, procedimiento de reclamación y garantías para las víctimas.

Más vehículos obligados a tener seguro

Uno de los cambios más visibles es la ampliación del concepto de "vehículo a motor". A partir de ahora, deben tener seguro obligatorio no solo los coches, motos o camiones, sino también:

• Tractores y vehículos agrícolas.
• Vehículos industriales usados en recintos privados.
• Patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP) con velocidad superior a 6 km/h y peso superior a 25 kg.

Los usuarios de estos nuevos vehículos tienen hasta el 2 de enero de 2026 para contratar un seguro, sin sanciones durante el periodo de adaptación.

Indemnizaciones más altas y actualizadas con el IPC

Otro aspecto fundamental de la Ley 5/2025 es la mejora de las indemnizaciones. Se eliminan los criterios anteriores basados en el índice IRP y se sustituye por el Índice de Precios al Consumo (IPC), más representativo y ajustado a la realidad económica. Además:

• Se aumentan los límites mínimos de cobertura obligatoria:
  • 70 millones de euros para daños personales.
  • 15 millones de euros para daños materiales.
• Se reconocen nuevas situaciones indemnizables, como los daños sufridos por personas que realizan tareas del hogar familiar sin remuneración.
• Se mejora el acceso y la valoración de secuelas, lesiones temporales y fallecimientos, asegurando compensaciones más ajustadas a cada caso.
• Reclamaciones más ágiles y extrajudiciales:
  • Las aseguradoras tienen la obligación de hacer una oferta motivada en un plazo máximo de 3 meses desde la reclamación.
  • El acceso a atestados policiales y documentación médica será más sencillo y rápido.
  • Se refuerzan los informes periciales médicos como base objetiva para las ofertas de indemnización.
  • Se facilita la resolución extrajudicial, reduciendo la necesidad de acudir a los tribunales.
• El Consorcio de Compensación de Seguros gana protagonismo.

En caso de que el vehículo responsable del accidente no tenga seguro, haya sido robado o pertenezca a una aseguradora insolvente, será el Consorcio de Compensación de Seguros quien se haga cargo de las indemnizaciones, incluidas aquellas causadas por vehículos extranjeros en territorio español.

Esto supone un refuerzo importante en la protección de las víctimas, asegurando una respuesta rápida y garantizada incluso en situaciones complejas.

La nueva ley mejora la seguridad jurídica, eleva el nivel de protección de las víctimas y adapta el sistema español a los nuevos retos de movilidad urbana y responsabilidad civil. Una reforma esperada que supone un paso más hacia una movilidad más segura y justa para todos.