El 2021 ha sido un año de grandes cambios para el sector de la automoción. Y es que a la ya aprobada reforma de ley de Tráfico, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno aprobó allá por mayo se le añade un nuevo punto que afecta a la circulación de la mayoría de vehículos para 2023. Fecha límite a partir de la cual hasta 149 municipios (los que superen los 50.000 habitantes) deberán tener instalada una Zona de Bajas Emisiones, que restrinja ciertos pasos al estilo de lo llevado a cabo por Madrid en los últimos años.
El pasado mes de septiembre, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, conseguía aprobar una de sus medidas estrella por la que instalaba el concepto Madrid 360. Mediante ello, desde entonces hasta 2025 se iría restringiendo la entrada de ciertos vehículos desde el centro del municipio hasta los últimos límites de este.
Un plan que suprimía al ilegal, según la justicia, Madrid Central del pasado consistorio y que resultará clave para reducir las emisiones contaminantes del enclave más poblado de España. Con más de 3 millones de habitantes, la capital limita así la entrada en su Distrito Centro de ciertos vehículos a partir de la etiquetas ambientales de la DGT, así como irá haciendo lo mismo paulatinamente con otras zonas como las marcadas por Plaza Elíptica (lugar clave para la ciudad) o el recorrido de la M-30.
También Barcelona tiene esta particularidad, aunque en su caso afectando a todo el área metropolitana de la ciudad condal directamente, Ada Colau instaló la norma a partir de la cual de lunes a viernes entre 7:00 y 20:00 ningún vehículos sin etiqueta podría entrar en sus límites.
Este es el número de ciudades por CC.AA. que tendrán que instalar una ZBE
Dos ejemplos claros de lo que suponen una Zona de Bajas Emisiones que ahora el Gobierno ha obligado a instaurar a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como a otros (de más de 20.000 habitantes) que no cumplan ciertos niveles marcados. Por el momento, los que superan la brecha poblacional son un total de 149, según los últimos censos, con mayoría en Andalucía (29 municipios), Comunidad de Madrid (23), Cataluña (23) y Comunidad Valenciana (15).
Es decir, se impone la instalación de zonas de especial protección medioambiental a estas localidades con fecha límite para su instauración 2023, por lo que a lo largo de 2022 se irán conociendo los planes de cada ayuntamiento, con el fin de restringir la entrada de ciertos vehículos. Estos límites deberá marcarlos cada consistorio, de acuerdo a la clasificación que establecen las etiquetas ambientales de la DGT.
Además, de las citadas 90 que suman entre las cuatro comunidades más pobladas (el 60% del total de España), también deberán acometerse a esta normativa 9 ciudades de Castilla y León, otras 9 de Canarias, 7 de Galicia, 6 de País Vasco y de Castilla-La Mancha, 4 de Asturias y Región de Murcia, 3 de Extremadura y Baleares, 2 de Aragón y Cantabria y Logroño (La Rioja), Pamplona (Navarra), Ceuta y Melilla.
Duras multas por incumplir el paso a las ZBE
Por otra parte, al reformarse la ley de Tráfico la DGT ha tenido en cuenta estas nuevas ZBE y ha creado una multa específica para aquellos vehículos que sobrepasen los límites marcados por sus ayuntamientos. Con hasta 200 euros, esta infracción estará considerada como "grave", pero deja el margen a cada consistorio de aplicar la sanción que considere.
A modo de ejemplo, en Madrid, tanto con el anterior Madrid Central como con el nuevo Madrid 360 que ya ha empezado a multar, la pena contemplada por el Ayuntamiento se marca en 90 euros con una reducción del 50% pronto pago. Por su parte, Barcelona es algo más dura al respecto y marca este castigo en los 100 euros.
