"Glass Lewis recomienda a los inversores votar a favor del traslado de Ferrovial a Países Bajos en la junta"; "Los proxy llaman a votar contra los dominicales de Unicaja". El sujeto en muchos titulares de la prensa económica ya no es la empresa, sino el proxy advisor. Estas firmas -que asesoran a los inversores institucionales sobre cómo votar en las Juntas Generales de Accionistas- ganan protagonismo. Y aglutinan un poder considerable, si se tiene en cuenta que sólo unos pocos nombres dominan todo el mercado. Sobre su importancia debatieron los expertos reunidos en el último Encuentro mensual de elEconomista ESG.
Un reducido grupo de proxys se reparten la jugosa tarta del asesoramiento de voto a nivel mundial. Las más grandes, las estadounidenses ISS (Institutional Shareholder Services, controlada en un 80% por la Deutsche Börse) y Glass Lewis (esta última, con filial europea); y de capital español, sólo Corporance Asesores de Voto. A ellos se suman la suiza Ethos y, ya en Reino Unido, PIRC y Minerva, como los principales exponentes de este negocio. Entre unos pocos aglutinan el 99% del mercado.
Una concentración que resulta lógica si se tiene en cuenta que los proxys viven de elaborar informes que aconsejan sobre cómo posicionarse ante los distintos puntos del orden del día de las juntas de accionistas (con un voto a favor, en contra, una abstención o un voto en blanco), informes que venden a sus clientes, inversores institucionales. Son economías de escala: un mismo informe puede venderse a una sola firma, o a cientos. De ahí que, para los proxys pequeños, con pocos clientes, sea difícil mantenerse. Le puede interesar: Quién hace 'lobby' para quién en ESG.
En palabras de Maël Lagadec, socio director de Relaciones con clientes de Morningstar-Sustainalytics, la consecuencia de que las decisiones de voto sean públicas "es que todo el mundo puede ver, por ejemplo, que una gestora que dice estar a favor de luchar contra la deforestación, y que tiene un fondo de inversión alineado con este enfoque" vota, a la hora de la verdad, "en contra de resoluciones de deforestación". Esto "te permite identificar el trecho que separa lo que comunica el marketing de la gestora y sus decisiones". Si no hay coherencia entre ambas, "eso es greenwashing" (fraude verde o ecopostureo).
ESMA ha lanzado una consulta sobre si es necesario regular su actividad
Al mismo tiempo, el voto es "una de las herramientas más importantes" que tienen los inversores para penalizar a las empresas que incumplen sus promesas o adoptan prácticas no responsables, señala Alicia Prieto Angulo, analista de gobierno corporativo también en Corporance, "porque muestra a las compañías que hay consecuencia directa" de sus malas acciones (las altas remuneraciones son un punto caliente habitual en junta). Logista, Bankinter, Santander y Ferrovial recaban en junta un rechazo de más del 10% al sueldo de sus cúpulas.
¿Quién los controla?
No existe, por el momento, una regulación específica para supervisar la actividad de los proxy advisors, aunque la ya citada SRD II anunciaba una revisión de esta figura. Por ahora, el sector se autorregula. Y precisamente la ESMA (la Autoridad Europea de Valores y Mercados ) ha lanzado una consulta al mercado, planteando si la industria debe seguir con esa autorregulación o si es conveniente que las autoridades marquen unas directrices legales. Lea también: Sólo 5 cotizadas españolas pagan una prima por asistir a la junta.
A nivel global, el pilar clave de esa autorregulación es un grupo denominado Best Practices Principles for Voting Research (BPPG), que ha elaborado una especie de Código de Conducta para proxys, según explica Álex Bardají, director de Glass Lewis en el sur de Europa y Latam. Bardají dirigió previamente Alembeeks, el proxy español que Glass Lewis adquirió en 2021. Al BPPG están adheridas las principales firmas internacionales del sector. "Pero te diría que, en realidad, el primer nivel de control de nuestra actividad son los propios clientes, que, si dejan de ver valor en lo que hacemos, dejan de contratar nuestros servicios", señala este experto, que añade que su misión con esos clientes no es otra que la de conseguir "que su voto esté alineado con sus principios". "Somos proveedores de servicios a nivel de asesoramiento al voto; no tenemos posturas activistas, sino que ayudamos a las gestoras a que voten en función de sus propios principios y guías de inversión", enfatiza. El director de Glass Lewis para el Sur de Europa explica que las recomendaciones que emiten tampoco son iguales para todos los clientes, ya que, por poner un ejemplo, no es lo mismo un fondo de pensiones de un Estado republicano que un fondo de pensiones de Holanda, mucho más sensibilizado con los temas ESG.
Una presión excesiva
En muy poco tiempo, las finanzas sostenibles han visto llegar un auténtico tornado regulatorio que ha resultado muy difícil de digerir para las instituciones de inversión colectiva y para las empresas. Lo resume Tomás Conde, director de ESG en la consultora N World, : "Desde la UE ha llegado una serie de reglamentos y de directivas que, en algunos casos, incluso entran en contradicción unos con otros. La taxonomía verde ha llegado como un elefante en una cacharrería", lamenta. Y con la llegada de la SFDR (el Reglamento de Divulgación de la UE para los fondos) las gestoras se vieron obligadas a pisar el acelerador y tomar unas medidas "de puro cumplimiento". Por otro lado, "los datos de sostenibilidad todavía no son suficientemente solventes. Y, a falta de un estándar, tienes 20 estándares". A esto se suma, añade Conde, el problema de los costes, "¿quién va a pagar todo esto?".
"Yo tengo mi posición de compañía, y sí veo un gran avance en gobierno corporativo en los consejos de administración", apunta Gema Díaz Real, senior advisor en Beka Finance, que reflexiona: "A mí me preocupa la rapidez [con la que avanza la regulación] y la posibilidad de que podamos cumplir o no con las expectativas de los proxy advisors y de las propias gestoras. Nos aprietan tanto unos como otras, y eso muchas veces da vértigo. Porque no es sólo la sostenibilidad lo que tenemos encima de la mesa", advierte.
La importancia del diálogo activo
Más allá del puro voto, ha ido a más la llamada implicación accionarial (engagement) y el diálogo activo con las empresas, que se produce durante todo el año, entre junta y junta. En este sentido, Maël Lagadec, de Morningstar-Sustainalytics, advierte: "Según el estudio de Spainsif de 2022, cerca del 29% de las estrategias de inversión sostenible utilizan la implicación o el voto, pero yo tomaría este dato con mucha cautela". Según señala, como proveedor de servicios de diálogo, "hemos observado en Francia, y empezamos a ver en España, que muchas gestoras dicen que hacen engagement, pero dialogan con entre 10 y 50 empresas, cuando deberían hablar con 100, 200 o 300. Dependiendo de la cartera, el volumen de compañías con las que establecer ese diálogo debería ser mucho más alto", reclama.
Enrique Figallo, especialista en engagement en Sustainalytics, añade: "Hay gestoras muy pequeñas que todavía piensan que porque no tienen un gran porcentaje accionarial no pueden influenciar a las empresas y eso en la práctica no es así". Figallo ilustra con un ejemplo la importancia del diálogo: "Pensemos en Ford, Volkswagen o cualquier grupo automovilístico que tiene que tener toda su flota de vehículos electrificada para 2040. Eso encaja con su plan de cambio climático, pero ¿qué hay de la perspectiva social, de talento y de cadena de suministro? ¿Cómo van a preparar esas empresas a los 300.000 ingenieros que trabajan con diésel para trabajar con baterías? El diálogo es una forma muy eficiente para ejercer esa influencia sobre las compañías", explica. Un proceso de diálogo tarda, de media, dos años y medio, aproximadamente, en dar sus frutos.
