Las comercializadoras de fondos llevan meses sintiendo bajo sus pies el temblor que ya genera el nuevo terremoto para la inversión ESG (la que se realiza en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, por su acrónimo anglosajón). Este martes 2 de agosto entra en vigor, tanto en España como a nivel europeo, la modificación de MiFID II (la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) por la que el test de idoneidad que se realiza a los inversores les preguntará también por sus preferencias de sostenibilidad. Es lo que se conoce como MiFID verde.
En solo unos días, a cualquier minorista que desee invertir en productos financieros su asesor o su banquero le planteará la posibilidad de destinar parte o la totalidad de esa inversión a vehículos responsables. Le hablará de términos hasta ahora desconocidos para él o ella como taxonomía, efectos adversos o Reglamento de Divulgación.
Los expertos coinciden en la importancia de hacer pedagogía. Lo señalaba recientemente Rosa Duce, CIO de Deutsche Bank en España, durante su intervención en el consejo editorial que organiza cada mes elEconomista.es Inversión sostenible y ESG: "No existe todavía una conciencia por parte del inversor sobre qué implica invertir en criterios sostenibles. Los cambios asustan, y hay que hacer mucha didáctica. Pero existe, claramente, una demanda de estos temas, y cada vez serán más los clientes que exijan un porcentaje elevado de criterios ESG", afirmaba Duce.
¿Qué me van a preguntar?
¿Qué le van a preguntar exactamente al minorista? Cada distribuidor formulará las cuestiones a su manera, pero la primera pregunta general será: ¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad? Si la respuesta es sí, la siguiente cuestión sería: ¿En qué medida quiere que su cartera atienda a esas preferencias? El cliente se encontrará con que su entidad le ofrecerá rangos del estilo de "al menos el 10% de mis inversiones", "al menos el 25%" o "más del 50%". Lea también: La CNMV conmina a las gestoras ante la revolución en ESG para el inversor particular.
La siguiente pregunta -y aquí la cosa se complica- sería la siguiente: ¿Cómo quiere usted materializar esas preferencias de sostenibilidad? De acuerdo con el nuevo MiFID II, puede aterrizarlas en su cartera de tres formas: a través de inversiones consideradas sostenibles en base al Reglamento de Taxonomía (esta es la opción A); hacerlo a través de inversiones sostenibles conforme al Reglamento europeo de Divulgación (opción B); o a través de productos que tienen en cuenta las principales incidencias adversas (PIAS), es decir, que gestionan los impactos negativos que puede tener esa inversión sobre cuestiones climáticas o sociales (esta es la opción C).
No es que uno tenga que elegir, forzosamente, una u otra opción: puede decir que quiere materializar sus preferencias de las tres formas, o solo de una, o solo de dos. "La principal dificultad es que los asesores deben ser capaces de explicar en qué consiste cada una de esas tres opciones", señala Claudia Antuña, responsable de inversiones sostenibles de la consultora independiente Afi.
La opción C será mayoritaria
Vaya por delante que, de estas tres alternativas, la que probablemente predominará en España, al menos en el corto plazo, será la C, la más laxa y menos restrictiva y en la que, por tanto, se enmarcan a día de hoy más fondos.
Por el contrario, para quien elija la opción A -la que alberga a productos alineados con la taxonomía - hay poco producto disponible. La taxonomía europea es el listado de las actividades económicas que la Comisión Europea considera verdes. El Reglamento que la recoge ha generado una gran polémica, porque la institución aceptó en esta clasificación, aunque con restricciones, energías como la nuclear y el gas.
Lo esperable es que la mayoría de clientes afirme que sí quiere tener en cuenta preferencias en ESG, explica Anastasia Petraki (Schroders)
A día de hoy, muchas entidades tienen poquísimo o nulo producto que ofrecer al cliente que quiera invertir en fondos alineados con la taxonomía. Lo explica Claudia Antuña: "El problema es que la propia definición de taxonomía ya es en sí misma muy acotada, con lo que encontrar este tipo de inversiones en estrategias es muy difícil; y a esto se suma que no tenemos datos. Las compañías todavía no está obligadas a reportar su grado de alineamiento con la taxonomía, lo único que tenemos son estimaciones", señala la experta.
Por el contrario, la opción C es compatible prácticamente con cualquier estrategia e instrumento financiero, siempre que se analicen esos potenciales impactos adversos, y se gestionen. Por lo tanto, lo más probable es que en España las distribuidoras de fondos tiendan a llevarse a sus clientes hacia esta opción, mucho más amplia.
Al cliente que elija materializar sus preferencias de sostenibilidad a través de esta opción C no le pedirán que marque rangos porcentuales, como sí ocurre con la respuesta A. Lo que le preguntarán es, como mucho, qué tipo de incidencias adversas quiere que se gestionen (los efectos nocivos, ambientales o sociales). Lo que el mercado está en disposición de ofrecer en este momento es una "opción C de mínimos", como la define Claudia Antuña, "que dará pie a un desarrollo futuro, cuando los propios fondos empiecen a divulgar esta cuestión". Esto se debe a que, por el momento, los fondos solo ofrecen el dato de si gestionan o no las PIAS, pero hasta enero de 2023 no es obligatorio que reporten qué incidencias adversas gestionan en concreto.
La idea es que, a futuro, esta opción C llegue a un nivel más avanzado y que el cliente pueda, por ejemplo, concretar qué impactos negativos le preocupan especialmente: el cambio climático, la diversidad, los derechos humanos... E incluso especificar si desea realizar esa consideración de las PIAS a través de una política de exclusiones, de diálogo activo... "Todo esto está alejado de lo que el mercado está en disposición de ofrecer actualmente", explica Antuña.
Pese a todo el desarrollo que está pendiente, gracias a su mayor amplitud esta es la alternativa que la mayoría de gestoras nacionales e internacionales están primando.
El caso de Caixa y el de Santander
En CaixaBank, la mayor entidad por volumen de activos bajo gestión, se han adelantado a la normativa y van a estar en disposición de ofrecer a sus clientes información detallada sobre varias incidencias adversas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, su intensidad en las empresas invertidas, la huella de carbono, la exposición a compañías activas en el sector de los combustibles fósiles, la diversidad de género en los consejos, la exposición a armas controvertidas y los países invertidos sujetos a violaciones sociales. Busque su fondo de inversión.
Pero desde la entidad advierten de que las PIAS no van a poder ser comparables en cifras absolutas entre diferentes firmas, ya que habrá que incorporar otros criterios, como el tamaño del balance o el mercado en el que operan, para equiparar de manera análoga.
En Santander aseguran que van a integrar y gestionar PIAS tanto a nivel entidad como a nivel de producto en sus fondos calificados como sostenibles (dentro del artículo 8 o 9) e incluso en alguno que no lo es.
Limitaciones de la opción 'B'
Con la opción B ocurre algo parecido a lo que sucede con la A: hay pocos fondos elegibles. En esta categoría encajarían los fondos artículo 9 del Reglamento europeo de Divulgación, que tienen objetivos concretos de sostenibilidad y que son los más puros dentro de esta normativa (de ahí que se les conozca como fondos verde oscuro). Y también entrarían algunos -pero solo algunos- fondos verde claro, o artículo 8. Conozca los escasos fondos 'verde oscuro' españoles.
Recordemos que el Reglamento europeo de Divulgación llevó a las gestoras a clasificar sus productos sostenibles como artículo 8 o 9. Es una norma que afectó, como decimos, a las gestoras, y no debe confundirse con la que entra en vigor el 2 de agosto, que es la modificación de MiFID II y que afecta a los distribuidores.
Los asesores financieros de Efpa España advierten que la normativa es de una enorme complejidad, y piden simplificar las preguntas
Un artículo 8 no necesariamente serviría para dar respuesta al cliente que quiere invertir de esta forma; haría falta un fondo artículo 8+, por así decirlo. "El problema es que tenemos pocos artículos 9, y que los artículos 8 con los que contamos a nivel nacional son fondos 8 tradicionales, que ahora se tendrán que ir adaptando", explica la responsable de inversiones sostenibles de Afi. Antuña considera que el MiFID verde impulsará el lanzamiento de nuevos fondos y, sobre todo, la reconversión de muchos artículos 8 tradicionales en fondos artículo 8 Plus, para poder tener suficiente producto en el supermercado para responder a esa demanda. El 24% de los fondos de inversión españoles ya incluye criterios ESG.
En opinión de Anastasia Petraki, directora de inversiones ESG de Schroders, lo esperable es que la mayoría de los clientes respondan 'sí' a la pregunta de si tienen preferencias de sostenibilidad. E, incluso aunque digan no, el asesor "puede recomendar producto sostenible, siempre que lo considere adecuado en función de sus conocimientos, su situación financiera y sus objetivos", agrega.
El cliente no está preparado
El mes pasado, Elisa Ricón, directora general de Inverco, la patronal de las gestoras, ponía de relieve que la implementación del MiFID verde "está generando mucha preocupación" en la industria. Ricón denunció los ya habituales problemas de calendario (el green MiFID empieza a aplicarse meses antes de que sea obligatorio para empresas y fondos reportar la información necesaria para poder ofrecer productos de inversión verdes). "Estoy segura", añadió, "de que el cliente no está preparado para responder a estas preguntas" tal y como se están planteando, afirmó. En su opinión, este test, con tan elevado nivel de granularidad, habría sido más adecuado implantarlo en una segunda fase de este engranaje regulatorio.
Este mismo viernes, los asesores financieros asociados en Efpa España alertaban de que la normativa es "de una enorme complejidad técnica" y lamentaron también esos problemas de calendario. La asociación apuesta por simplificar estas directrices para evaluar estas preferencias, ya que en España "existe un déficit de educación financiera, especialmente en temas relacionados con ESG".
