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Elisa Ricón (Inverco): "La implementación del 'MiFID verde' genera mucha preocupación en la industria"

  • Desde agosto se preguntará a los inversores por sus preferencias de sostenibilidad
  • La directora general de la patronal pide "incentivos fiscales" a la inversión ESG
  • El dinero en depósitos debería encauzarse hacia la sostenibilidad, ha reivindicado
Elisa Ricón, directora general de Inverco, en una imagen de archivo. Foto: Alberto Martín.

La locomotora de la regulación de las finanzas sostenibles avanza sin freno. En marzo de 2021 entró en vigor el Reglamento europeo de Divulgación, que establecía unos requisitos normativos mínimos para identificar a los productos financieros sostenibles, y distinguía entre dos tipos de productos: los artículo 8 (que promueven características de sostenibilidad) y los artículo 9 (que persiguen en sí mismos un objetivo sostenible, con lo que son más puros). Este reglamento ya supuso un tsunami para las gestoras y asesores, que tuvieron que adecuar su gama de producto a estas denominaciones. Pero aquello era solo un primer paso. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.

En cuestión de un mes y medio, el próximo 2 de agosto, llega el segundo 'tsunami': entra en vigor la modificación de MiFID (la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) por la cual el test de idoneidad que se realiza a los clientes deberá incluir también preguntas sobre sus preferencias de sostenibilidad. Serán unas 10 o 12 cuestiones adicionales dentro de este test, que, además, no serán simples: abordarán dichas preferencias "con un nivel de detalle relevante", tal y como ha explicado este jueves Carlos Magán, socio de Afi, en un evento online sobre el llamado MiFID Verde o Green MiFID organizado por esta consultora independiente.

Su implementación "está generando mucha preocupación" en la industria, tal y como ha puesto de relieve Elisa Ricón, directora general de Inverco, quien ha reclamado "incentivos fiscales" para aumentar los activos ESG (acrónimo anglosajón utilizado para referirse a la inversión en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno). 

"Estoy segura de que el cliente no está preparado para responder a estas preguntas" tal y como se están planteando, ha afirmado Ricón

Este cambio inminente afecta tanto a la parte de distribución como a la gama de producto, es decir, a los dos grandes pilares de comercialización con que cuentan las entidades financieras. En la parte de distribución, implica la inclusión de esas nuevas preguntas; en la de producto, se traduce en que, "si nuestros clientes nos muestran que tienen esas preferencias, tendremos que poner a su disposición una gama que sea apta para ellos", ha explicado Magán.

La vuelta de tuerca que da este nuevo cambio normativo es que no bastará con ofrecer fondos artículo 8 o 9, sino que para responder a esas preferencias ESG será preciso contar con productos considerados sostenibles de acuerdo con este Green MiFID; por poner un ejemplo, éste no considera, necesariamente, sostenible a un fondo artículo 8. Se trata de "una tremenda novedad que va a determinar el producto que se va a poder ofrecer" a los inversores, ha enfatizado el socio de Afi.  

"Nos encontramos con un marco normativo que cada vez se complica más", ha señalado Elisa Ricón. Esma (la Autoridad Europea de Valores y Mercados) ha publicado unas directrices sobre cómo formular estas preguntas a los inversores, y Ricón afirma que existe "una preocupación generalizada entre las gestoras". "Estoy segura de que el cliente no está preparado para responder a estas preguntas" en los términos en los que estas directrices las plantean. A la directora general de la patronal de las gestoras también le "choca mucho" que Esma invite a evitar un lenguaje técnico, cuando las preguntas son profundamente técnicas. "Veo incoherencias", ha apostillado. Quizá este test, con este nivel de granularidad, hubiese sido más adecuado implantarlo en una segunda fase de todo este engranaje regulatorio, ha añadido.  

También ha aludido Ricón a los habituales "problemas de calendario" en lo que respecta a la regulación de las finanzas sostenibles: MiFID entra en vigor en agosto, pero varias directrices no estarán disponibles hasta más adelante, ha lamentado; "Nos encontramos con una falta de lógica en la secuencia normativa que debería ayudar a implementar esta cuestión". También se ha referido al "riesgo reputacional" al que se puede enfrentar la industria debido a todas estas exigencias.   

"En España existe una carencia de productos sostenibles que cumplan con la definición que establece el 'MiFID verde'", ha advertido Carlos Magán (Afi)

La directora general de Inverco ha aprovechado su intervención para reclamar "incentivos fiscales", ya que, por el momento, la sostenibilidad ha venido "por la vía del esfuerzo de las entidades de implementarla y por la vía de las obligaciones". Ha reivindicado algo que ya existe en otros países: la creación de "planes de ahorro que fomenten esa inversión sostenible, de modo que aquellos inversores que se mantengan durante un largo periodo de tiempo en productos con sesgo sostenible tengan una serie de ventajas fiscales en el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, etcétera", ha detallado. De esta manera, ha añadido, "conseguiremos no solo que el volumen de activos ya existente se transforme en sostenible, sino también que entre ahorro nuevo"; y que el ahorro que ahora está "en depósitos, perdiendo poder adquisitivo por la inflación, se enganche en el mundo de los fondos de inversión con planes que hagan su fiscalidad más atractiva, que les hagan mantenerse durante un tiempo; de esta manera habrá fuentes de financiación estables en los mercados de capitales que permitan financiar esa transición sostenible, algo que, además, está en la hoja de ruta de la Comisión Europea: financiación en mercados de capitales y mayor participación del inversor minorista", ha añadido. La Eurocámara da el primer paso para tumbar el etiquetado verde al gas y la nuclear.

Elisa Ricón ha querido poner en valor "el esfuerzo que está haciendo la industria española" en un país en el que, "tradicionalmente, el supervisor es riguroso, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva", de modo que el registro de productos con sesgo sostenible en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) no ha sido un proceso sencillo. Lea también: La AEB 'responde' al BCE: los bancos van en la dirección correcta en sostenibilidad. 

Cómo habrá que responder al test 

A los clientes que muestren preferencias de sostenibilidad en este Green MiFID se les podrán ofrecer tres tipos de productos: los que inviertan en inversiones sostenibles conforme a la taxonomía verde, los que lo hagan conforme al Reglamento de Divulgación, o los que lo hagan de acuerdo a la gestión de incidencias adversas, es decir, que integran los riesgos sostenibles (estos últimos serían asimilables a los fondos artículo 6 del Reglamento de Divulgación, que integran los riesgos de sostenibilidad).

"En España tenemos un reto", ha advertido Carlos Magán: "Queda todavía mucho camino por andar. Tenemos una carencia de productos sostenibles que cumplan con esta nueva definición de la modificación de MiFID.  Y, sin duda, a partir de ahora es que esta gama de producto sostenible va a crecer mucho para satisfacer esas preferencias". Pero queda un camino largo. En España, si no recuerdo mal, tenemos tan solo 11 productos artículo 9 [éstos sí cumplen al 100% con las exigencias del nuevo MiFID], y 200 artículo 8 de los casi 1.700 fondos q hay en España", ha destacado.  

En opinión del socio de Afi, "con la sensibilidad que hay ahora mismo en el mercado, un porcentaje muy elevado de clientes va a contestar que sí tienen preferencias", aunque sea "desde el desconocimiento que tienen de las inversiones sostenibles". Ya hace dos años, en pleno Covid, un análisis realizado por esta consultora de la mano de Allianz y de FinReg entre casi 2.500 clientes de entidades financieras reveló que casi el 90% de ellos tendrían preferencias de sostenibilidad, aunque fuera con matices. Lea también: El 75% de los inversores creen que sus inversiones deben tener un impacto positivo.

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