
El temor de los contribuyentes ante la intención del Gobierno central de imponer un impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel estatal, con un tipo mínimo, para asegurarse que todos los ciudadanos tributan lo mismo independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan, ha incrementado en 2024 las donaciones hasta marcar cifras récord.
Los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN) revelan que durante 2024, el número de donaciones fue de 199.448, una cifra nunca antes vista y hasta un 15% superior a la de 2023. De hecho, las donaciones venían de un período de estabilidad tras realizarse prácticamente el mismo número de operaciones en 2021 (175.076), en 2022 (173.628) y 2023 (173.195).
Los asesores fiscales aseguran que la intención del Gobierno central de reformar el impuesto para armonizar la imposición sobre las herencias, es decir, que todos los ciudadanos paguen los mismo residan donde residan, está dando lugar en la actualidad a un mayor número de donaciones. Así se refleja en la encuesta elaborada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) que recoge que hasta el 55% de estos profesionales aseguran que las donaciones han crecido en sus CCAA en el último año.
José María Durán, director del IEB, indica que el mayor número de donaciones se da donde el tipo del tributo es más bajo, con el objetivo de que los beneficiarios ahorren impuestos si en un futuro el Ejecutivo incrementa la tributación tanto de las herencias y los traspasos.

A finales de 2023, y tras los cambios de gobiernos que trajeron las elecciones autonómicas del 28 de mayo, varios Ejecutivos del PP decidieron prácticamente eliminar la tributación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, aprobando bonificaciones de entre el 99% y el 100% para los traspasos de bienes entre familiares más cercanos como padres, hijos, abuelos y nietos. Las CCAA que aprobaron estas exenciones fueron la valenciana, La Rioja, Baleares, Aragón y Canarias, esta gobernada por Coalición Canaria.
Precisamente, y a excepción de Asturias que fue donde más crecieron las donaciones el año pasado (hasta un 68%), la Comunidad Valenciana se situó con la segunda región con un mayor incremento de estas operaciones (48,7%); Aragón fue la tercera con una subida del 35,2%; Baleares la cuarta (24%) y Canarias la quinta con un alza del 17,5%.
Asimismo, Madrid, Extremadura y Andalucía, las tres del PP y las tres con bonificaciones del 99% en las donaciones entre padres, hijos, abuelos y nietos, también tienen subidas relevantes, del 14%, 13% y 6% respectivamente.
No obstante, por número de operaciones Madrid se sitúa a la cabeza con 41.998, hasta el 21% del total; seguida de Andalucía con 38.396; y la Comunidad Valenciana, con 35.885.
El grueso de CCAA exigen a los contribuyentes formalizar las donaciones ante documento público para poder aplicar las exenciones.
Copia de la tasa a los ricos
El Gobierno central persigue crear un impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar que las CCAA, y sobre todo las del PP, lo dejen exento de tributación.
El Ejecutivo ya hizo algo similar cuando aprobó el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas (ITGF) en diciembre de 2023. Esta nueva tasa estatal obligó a tributar por su fortuna a aquellos contribuyentes que tuvieran una riqueza superior a los 3 millones de euros. El Gobierno castigó así a las CCAA que habían aprobado exenciones en el Impuesto de Patrimonio, también la mayoría del PP como Madrid, Andalucía y Galicia.
El Estado recaudó hasta 623 millones en 2023 de los más ricos. En 2024, Madrid, Andalucía y Galicia reactivaron el impuesto de Patrimonio para quedarse los ingresos de parte de los contribuyentes más ricos y que no fueran a parar a las arcas centrales. Lo que se trasladó en una recaudación por parte de la Hacienda estatal de la tasa a los ricos de solo 29 millones, no obstante se interpretó como un triunfo del Ejecutivo para obligar a las CCAA reactivar Patrimonio.
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