
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) reclama a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que se regule dentro de la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa los efectos orientativos sobre los honorarios de los abogados para que los clientes puedan tener una orientación del coste que le va a suponer un litigio.
El Tribunal Supremo ya ha ratificado varias multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los colegios de abogados por incluir criterios de honorarios, al considerar que homogeneizan los precios restringiendo la libre competencia.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, señala que urge establecer criterios claros y transparentes en los honorarios profesionales para garantizar el derecho a la información de los consumidores. "Ahora mismo, los usuarios de la justicia no pueden conocer de manera aproximada los costos de un proceso judicial, lo que les impide evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de emprender acciones legales", dice.
El ICAM recuerda que esta información no tendría efectos en cuanto a competencia, dada la amplísima pluralidad y variedad de la oferta en el sector legal, y la gran elasticidad en los precios.
Por otro lado, también en el marco de elaboración de la futura ley, el decano pide que se regule mejor el amparo colegial que se aplica en caso de vulneraciones graves del derecho a la defensa. "Queremos que el amparo colegial, recogido en el artículo 20 del Proyecto, se refuerce para que se implique al órgano administrativo o judicial cuestionado, de tal forma que le obligue a abrir un expediente por cada incidencia denunciada, se investigue y se dicte resolución acorde a la gravedad de la perturbación de la dignidad, independencia o libertad de un abogado o abogada", señala.
Finalmente, el Colegio también reclama que la norma incluya una referencia a la Justicia Gratuita y a la necesidad de regular el Estatuto del Turno de Oficio.
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