Madrid
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) concedió ayer siete nuevos amparos a abogados por vulneración del derecho a la defensa. Este es el mayor número de amparos concedidos en una sesión.
El Colegio puso en marcha en marzo una campaña para empoderar a sus colegiados sobre sus derechos y los mecanismos de protección disponibles. El ICAM destaca que el 71% de los abogados en Madrid ha experimentado algún tipo de maltrato en su ejercicio profesional y el 61%, ha tomado medidas.
La preocupante cifra se traduce en que, desde 2023, se ha registrado un aumento significativo de solicitudes de amparo frente a 2022, con un 123% más (pasando de 13 a 29 solicitudes), mientras que los amparos concedidos han crecido un 166%, de tres a ocho).
Los casos
Uno de los amparos fue concedido a un abogado sancionado injustificadamente por la Guardia Civil, quien denunció insultos y amenazas mientras asistía a un menor. Otro caso involucró a un abogado que fue objeto de acoso constante por parte de un cliente, incluyendo amenazas y campañas de desprestigio en internet.
La Junta de Gobierno del ICAM también ha amparado a una abogada sancionada por la Policía Nacional en una céntrica comisaría madrileña y a otra que enfrentó un expediente sancionador injustificado en una de otro distrito. Además, se otorgó amparo a una abogada que denunció extralimitaciones por parte de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional.
Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha destaco este jueves en un comunicado que estos acuerdos refuerzan el compromiso de la junta con la protección de la dignidad, independencia y libertad de los profesionales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas.
Por su parte, Javier Mata, diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, recuerda que el amparo colegial no solo protege al profesional del derecho; su objetivo final es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, que es fundamental y constitucional.