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El aval judicial al impuesto a los ricos da vía libre a Hacienda para gravar las herencias

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
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El respaldo del Tribunal Constitucional al Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas da vía libre a Hacienda para crear un tributo paralelo al de Sucesiones y Donaciones y poder gravar a nivel estatal las grandes herencias.

Sumar ha propuesto al PSOE, en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, incluir dentro del impuesto a los ricos un nuevo tributo similar al de Sucesiones y Donaciones, de modo que solo afectaría a los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros. Tanto la gestión como la recaudación de Sucesiones y Donaciones están cedidas a las CCAA, así que la creación de un tributo similar a nivel estatal permitiría a la Administración sortear las bonificaciones al impuesto de cada región e incrementar los ingresos por esta vía. En la actualidad este impuesto apenas supone el 1% de la recaudación total, con unos 2.800 millones de euros anuales.

El Constitucional avaló en su sentencia del pasado 7 de noviembre el Impuesto a las Grandes Fortunas al considerar que no vulnera la autonomía financiera de las CCAA puesto que es un tributo complementario al de Patrimonio de modo que lo satisfecho por el segundo, se descuenta del primero. Según la Corte de Garantías, las regiones mantienen la autonomía suficiente para decidir sobre el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio.

Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), señala que tanto el Impuesto de Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones están cedidos a las CCAA, "con lo cual, si ya han dicho que se puede poner el Impuesto a las Grandes Fortunas y no es contrario al de Patrimonio, lo mismo van a decir por Sucesiones". A su juicio, el fallo del Constitucional avala poner un impuesto bis al de Sucesiones.

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo cambiaron el mapa del Impuesto de Sucesiones. Desde entonces, Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja y Canarias (todas gobernadas por el PP, excepto la última, por Coalición Canaria) han anunciado la supresión del tributo a través de una bonificación de entre el 99% o el 100%. A ellas se suman otras ocho CCAA que ya lo tienen bonificado (Madrid, País Vasco, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Galicia). De modo que este impuesto sigue vivo solo en Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña.

La imposición de un impuesto similar al de Sucesiones a nivel estatal, aunque solo sea para grandes patrimonios, llevaría a las CCAA a recuperar el tributo, al menos, para el rango superior a los tres millones, con el objetivo de recaudar éstas los ingresos y que no se los lleve el Estado. Madrid, Galicia y Andalucía recuperaron con este objetivo el Impuesto de Patrimonio, tras el aval del Constitucional a la tasa a los ricos.

Reacción del PSOE

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó este martes pronunciarse durante un acto en Sevilla sobre si modificará Grandes Fortunas y se limitó a decir que los cambios en el tributo no forman parte del acuerdo de gobierno con Sumar. Montero abogó por una reforma del modelo de financiación autonómica para definir la tributación de la riqueza y las herencias.

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