
Félix Bolaños (Madrid, 1975), ministro de Presidencia y Relación con las Cortes, asume además en la nueva legislatura de Pedro Sánchez el Ministerio de Justicia, en sustitución de Pilar Llop. La acumulación de poder le iguala a una de las cuatro vicepresidentas del nuevo Gobierno, aunque sin llevarlo de facto en el cargo.
Bolaños, uno de los principales negociadores del PSOE con Junts, está considerado padre de la polémica Ley de la Amnistía. Su llegada a la cartera de Justicia se produce en plena crispación y críticas de jueces, fiscales y abogados de todo el país al Ejecutivo por pactar esta ley que, denuncian, quiebra la independencia judicial y, con ella, la separación de poderes al revisar las decisiones de los tribunales.
El nombramiento de Bolaños al frente de Justicia por parte del sector ha tenido tantos halagos como críticas, con la incertidumbre de por medio. Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) señalan que ya era hora de poner a un Ministro con "peso político" al frente de la cartera, lo que se puede interpretar como un síntoma positivo para entender la necesidad del sector y dar respuestas rápidas; también la AJFV, el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Fiscales (AF) critican que Justicia no tenga un Ministerio en exclusiva y que al unirlo con Presidencia se lanza el mensaje de que el Gobierno controla a jueces y fiscales.
Ministro en la sombra
Bolaños, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; letrado del Banco de España, y secretario general de Presidencia antes de ser nombrado ministro en julio de 2021, ha ejercido en los últimos años como titular de Justicia en la sombra.
A él le correspondió liderar la negociación para indultar a los presos del procés en 2021; iniciar conversaciones con el PP para desbloquear -sin éxito- la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018; encabezar las conversaciones para la también renovación parcial del Tribunal constitucional (TC) que finalmente se llevó a cabo en enero, o trabajar en la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación.
Retos por delante
La Ley de la Amnistía se perfila como el principal reto que asumirá Bolaños ante las dificultades con las que se encontrará su tramitación en el Congreso, a través de una infinidad de enmiendas que puede retrasar incluso años su aprobación, como en el Senado, que ha cambiado su reglamento para que no se curse de forma urgente. Además, también deberán afrontar un pacto con el PP para renovar el CGPJ, tal y como apremia la UE, aunque además esta exige que sea el propio sector jurídico quien elija a los 12 vocales de origen judicial.
También afronta la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, las leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa del sector, un nuevo pacto de Estado por la Justicia y la negociación con los 45.000 funcionarios de Justicia que amenazan con huelgas si no logran una subida de 450 euros al mes.
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