Legal

Un año de la ley concursal: ventajas, sombras, posibles mejoras y controversias

  • Protege la inversión de los fondos y fomenta su llegada
  • Empuja a los socios a anticiparse en la reestructuración para no perder la firma
Un mazo sobre un fajo de billetes. EE

La reforma de la ley concursal cumple un año, tras su entrada en vigor el 26 de septiembre de 2022. Entre las novedades que trajo la nueva norma destacan los planes de reestructuración para las compañías con hasta dos años de antelación con el objetivo de evitar la insolvencia o superarla y el nuevo procedimiento especial para micropymes, totalmente online, y que se puso en marcha el 1 de enero. Mientras que los expertos en concursal señalan que la segunda herramienta, hasta el momento, es un rotundo fracaso por los continuos fallos que tiene el sistema, el balance sobre los planes de reestructuración arroja luces, sombras, posibles mejoras y controversias.

A destacar: la nueva ley supone un incentivo para que los fondos especializados en situaciones de estrés (situaciones especiales o fondos distress) entren a operar en España ante la protección de su inversión de cara a un futuro concurso. También empuja a los socios a anticiparse ante una previsible situación de insolvencia antes de que los acreedores tomen la iniciativa y puedan perder el control de la compañía. Mientras que por otro lado se ha visto que la banca se pone de perfil en los planes de reestructuración ante su reticencia a calificar los créditos en vigilancia especial (probable morosidad) y tener que realizar provisiones que les penalice la cuenta de resultados.

Desjudicialización

Guillermo Prada, economista y socio de PradaGayoso, destaca que como aspectos positivos de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, está la desjudicialización de las reestructuraciones empresariales. A su juicio, se puede afirmar que las empresas, sobre todo de cierto tamaño, están evitando el concurso de acreedores y apostando de forma mayoritaria por la nueva figura de los planes de reestructuración, lo que implica una intervención judicial mínima, sobre todo al final del proceso para homologar el plan.

Anticipación

Por otro lado, el caso Celsa (primer precedente de reestructuración y de arrastre de socios que ha validado a los bonistas para tomar el control de la firma) también ha fomentado que los empresarios tomen conciencia de que deben actuar lo antes posible ante una situación de dificultades financieras para evitar que los acreedores se adelanten en un proceso de reestructuración y puedan perder la propiedad de la empresa.

Protección para los fondos

La ley también hace más atractiva la economía española de cara a los fondos internacionales, según los expertos, tras lo ocurrido con Celsa, donde los fondos acreedores se han quedado con el 100% de la misma tras dar la justicia el visto bueno al plan de reestructuración diseñado por estos vehículos de inversión con Deutsche Bank a la cabeza. Tras esta decisión, se lanza el mensaje para los fondos de situaciones especiales de que la financiación concedida a las firmas en un proceso de reestructuración cuenta con una especial protección en un hipotético concurso.

Mala actitud de la banca

Los planes de reestructuración que se están aprobando, en algunos casos, son poco ambiciosos, ya que suponen una patada hacia adelante en vez de ir a la raíz del problema. A juicio de Guillermo Prada, esto se debe a que la banca en ocasiones tienden a aplazar los problemas para no hacer provisiones y así no deteriorar su cuenta de resultados. "La nueva regulación exige una actitud más colaborativa por parte de todos los acreedores, incluidos los acreedores financieros. Todos tienen que arrimar el hombro", apunta.

Plazos escasos

Por otro lado, los expertos en concursal apuntan a que la nueva norma requiere mejoras en cuestión de plazos, tanto para negociar un plan de reestructuración, como en la reserva de negociaciones. En ambos casos, escasos. En la negociación del plan, cuando la empresa lo comunica al juzgado, tiene un plazo de tres meses para negociarlo y, si se cumplen determinadas condiciones, se pueden ampliar otros tres. Unos tiempos que, para grandes empresas, resultan insuficientes y llaman a ampliar hasta doce meses. En el caso de la reserva de las negociaciones, una vez comunicado al juzgado el comienzo de las mismas, las empresas disponen de tres meses para negociar con los acreedores de forma reservada, pero si se prorroga el plazo, la negociación deja de ser reservada puesto que la ampliación se anuncia en el Registro Público Concursal. Los expertos señalan que sería deseable que la negociación siempre fuera reservada.

Planes competidores

En este caso, desde PradaGayoso señalan que, a raíz de una reestructuración en la que intervino como asesor de la empresa en dificultades, surgió cierta polémica sobre los planes competidores. "Lo cierto es que no hay ninguna laguna legal al respecto. La ley no contempla la concurrencia de planes competidores y, es más, el legislador rechazó durante la tramitación parlamentaria dos enmiendas sobre esta cuestión", apuntan.

Proceso de microempresas

Los expertos consultados por este diario señalan que el proceso especial para microempresas, totalmente electrónico y que entró en vigor el 1 de enero, es un rotundo fracaso ante los problemas técnicos de la plataforma. Hasta el cierre de agosto, solo 189 micropymes han optado por el procedimiento especial que, a través de 32 formularios electrónicos y en función de la necesidad de la compañía, permite distintas operaciones como la comunicación de apertura de negociaciones o la solicitud de homologación del plan de continuidad. Como contraparte, 3.413 micropymes han presentado concurso, según el informe de procedimientos concursales de D&B.

Datos de concursos

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2023 en los juzgados alcanzó los 12.006, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto supone hasta un 107% más que los concursos que entraron en el mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que, con motivo del Covid-19, el Gobierno aprobó en marzo de 2020 una moratoria concursal que finalizó el 30 de junio de 2022, de ahí el ascenso en la comparativa. De hecho, el volumen de concursos presentados empezó su escalada hacia arriba en el tercer trimestre del año pasado. Por otro lado, los datos del informe 'Procedimientos concursales y disoluciones' de D&B indican que desde septiembre y hasta agosto, se han presentado 234 planes de reestructuración.

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