Internacional

May usa el riesgo del 'Brexit' caótico para lograr el apoyo del Parlamento a su acuerdo

  • El rechazo entre sus filas obliga a convencer a 78 diputados opositores
  • Westminster puede desde 2011 forzar un adelanto electoral
Theresa May. Foto: Reuters.
Londres

El Parlamento británico ha constituido esta semana el más fiel reflejo de la división que el referéndum de 2016 ha provocado en el corazón de una de las democracias más antiguas del mundo, pero el número mágico de diputados que Theresa May podría necesitar más allá de las filas conservadoras para aprobar el acuerdo con Bruselas sería de 78. El evidente malestar con el que Westminster recibió el documento invitaría a cuestionar el juicio de quien se ha aferrado a él, pese a la desafección generada, pero la primera ministra sigue convencida de que si no es la aritmética parlamentaria, será el objetivo común de evitar un mal mayor el que garantice que la propuesta sobre la mesa sea finalmente aceptada.

Por primera vez, el Parlamento aparece unido en materia de Brexit, por considerar que lo planteado deja a Reino Unido en una posición competitiva peor que la que le otorga la permanencia. Sin embargo, según se encargó de avisar la propia premier, la alternativa a su plan es abandonar la UE sin acuerdo, es decir, la temida salida caótica; o cancelar directamente el divorcio, una decisión derrotista, pero posible, por cuanto el plebiscito de hace dos años no era vinculante.

Ambas opciones, según los cálculos de May, son lo suficientemente desalentadoras como para incentivar el pragmatismo de los diputados, que antes de permitir romper con el principal socio comercial británico de manera caótica, aceptarán una fórmula que, les guste o no, es "la mejor" que se podrá recabar.

Su confianza sorprende, puesto que, más allá de las dispares agendas de cada sector, el amplio consenso en el rechazo al documento de 585 páginas aprobado el miércoles por el Gobierno -no por unanimidad-, sería suficiente para que cualquier mandatario renunciase a una propuesta que disgusta a sus diputados tanto como a los de la oposición. Downing Street ha tenido que negar ya que prevea otorgar libertad de voto, una concesión que permitiría que aquellos parlamentarios que desempeñan cargos gubernamentales pudiesen continuar en sus puestos pese a votar en contra de la posición oficial.

La decisión tiene sentido en un sistema en el que las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento son más estrechas que en modelos como el de España. Para empezar, en Reino Unido, para asumir un cargo de designación en el Gobierno es necesario contar con un asiento en Westminster, ya sea en la Cámara de los Comunes, la única por la que votan los ciudadanos, o en la de los Lores, no elegible por sufragio sino por decisión del primer ministro de turno -cada año se nombran una decena de lores-, con duración vitalicia.

De ahí que la disciplina sea crucial no solo para evitar el escarnio de una derrota parlamentaria, sino para impedir una hemorragia en el Gobierno: si en el último año May ha sufrido 22 dimisiones en el conjunto del Ejecutivo, 14 han estado directamente relacionadas con la insatisfacción generada ante su gestión del Brexit, un saldo que, trasladado a una votación tan ajena a las identificaciones ideológicas como la de la ruptura, da una idea de la sangría que la votación del acuerdo habría podido provocar en el Ejecutivo.

Con todo, en este panorama, son muchos todavía quienes estarían sopesando qué hacer. De momento, 58 diputados tories han avanzado ya oficialmente que se opondrán al acuerdo por su disconformidad con su contenido, mientras que otros 16 lo rechazarán debido a que demandan un segundo referéndum. Todavía no se han confirmado las intenciones de los diez parlamentarios del DUP, los unionistas norirlandeses con quienes May firmó un acuerdo para garantizar la estabilidad del Gobierno tras perder la mayoría absoluta, pero dadas las reservas que el documento de ruptura ha generado en relación a la frontera con Irlanda, se espera que voten en contra.

En la posición contraria se hallan 242 diputados conservadores, de quienes se prevé que amparen el acuerdo, de ahí que de los 313 que hay actualmente en la oposición, la premier tenga que convencer a 78 para sacar el pacto de divorcio adelante, un número lo suficientemente elevado cuando se trata de, en principio, rivales políticos, pero en una cuestión que supera las filias partidistas, como es el Brexit, y en la que el Laborismo está relativamente dividido, May podría tener aún posibilidades.

No en vano, la humillación que tuvo que sufrir cuando varios de los suyos desafiaron abiertamente la disciplina de voto en materia de divorcio fue compartida en otras ocasiones por el líder laborista, Jeremy Corbyn. De momento, ha avanzado que el acuerdo no cumple con los seis puntos demandados por su partido, pero el sentir en sus diputados, de vocación fundamentalmente europeísta, es sensiblemente diferente y parece que solo accederían a imposiciones orgánicas si tumbar el acuerdo les garantizase la convocatoria de elecciones, objetivo último de la oposición.

El Parlamento tiene (casi) todo el poder

En cualquier caso, el "voto significativo" del Parlamento no es vinculante y, si bien la primera ministra es consciente de que no puede ignorarlo, sobre todo ante un proceso que, en última instancia, aspira a repatriar todos los poderes a Westminster, el pasado jueves, en el bronco debate en los Comunes, May zanjó que, con o sin apoyo del Parlamento, el Brexit tendrá lugar el 29 de marzo. De momento, la fecha para el debate definitivo está por marcar, pero dados los plazos, entre ellos la cumbre comunitaria del 25 de noviembre y el Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre, lo más probable es que arranque a partir del 10 de diciembre.

El peso del Parlamento británico es tal que puede decidir la convocatoria de elecciones o un cambio de primer ministro sin pasar por las urnas. Su poder aumentó en 2011 con un cambio de legislación para garantizar que las legislaturas duren cinco años, reduciendo así el poder del Número 10. Sin embargo, si dos tercios de la Cámara de los Comunes lo desean, pueden provocar un adelanto electoral. En el caso de los conservadores, que salvo un paréntesis de 13 años, llevan las últimas cuatro décadas en el poder, pueden decidir movimientos en Downing Street. Si un 15% expresa oficialmente sus reservas sobre el líder, mediante una misiva al denominado Comité 1922, es suficiente para forzar la moción de no confianza. Si la premier la gana, quedaría blindada por un año. De lo contrario, sería forzada a renunciar y surgirían dos candidatos para optar al Número 10. Desafortunadamente para May, no siempre funciona: Margaret Thatcher superó su votación, pero su partido la obligó, aun así, a abandonar.

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