Un grupo de accionistas históricos, algunos de ellos vinculados al clan vasco Neguri, se muestran molestos con la cúpula de la entidad por su opacidad en el desarrollo de la investigación interna sobre el caso Villarejo y su coste. Según han señalado distintos miembros de este colectivo, han preguntado en diferentes ocasiones al banco el dinero que va a tener que destinar para analizar los datos que se recaben para poder dilucidar las correspondientes responsabilidades en la causa de las escuchas ilegales que está en manos de la Audiencia Nacional.
Indican que el banco no ha respondido a sus demandas y que la posible factura podría ser relevante teniendo en cuenta la cantidad de personal -medio centenar- que se ha puesto a disposición del trabajo encargado a PwC el pasado mes de enero, cuando estalló el escándalo. La investigación, si bien, arrancó en junio de 2018, cuando BBVA contrató los servicios jurídicos de Garrigues para esclarecer lo sucedido desde 2004 hasta 2017, cuando el excomisario José Manuel Villarejo espió y pinchó masivamente teléfonos de políticos, empresarios, periodistas y organizaciones sociales por, supuestamente, orden del expresidente del banco, Francisco González (FG).
En la presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado, Onur Genç, se negó a cuantificar el gasto que tendrá la investigación tras las preguntas de la prensa.
Descontento con la cúpula
Además del coste, estos accionistas expresan su descontento con la cúpula, liderada por Carlos Torres, por el tiempo que durarán las pesquisas, en las que también está colaborando el despacho Uría Menéndez. Consideran que el periodo de doce meses, a veces señalado por el presidente, es sumamente elevado porque extiende la incertidumbre y la crisis reputacional. Manifiestan que el informe debería haberse terminado ya para poner fin al escándalo y reclamar a quien corresponda la responsabilidad, tanto económica como penal.
Este grupo de socios, acompañados por antiguos directivos y trabajadores del banco, forzaron recientemente cambios en la organización tras pedir explicaciones sobre la labor de gestión desempeñada por el consejero coordinador y máximo responsable de la comisión de control, José Miguel Andrés Torrecillas. Enviaron una carta en marzo, tras la celebración de la junta, para pedir su dimisión al haber pedido información sobre las escuchas y la investigación interna con siete meses después de su inicio.
El banco le apartó recientemente de los cargos, pero le premió con el puesto de vicepresidente. Fuentes del banco señalaron entonces que Torrecillas no tiene ninguna función ejecutiva y que su nombramiento estaba contemplado en el reglamento interno. Además, matizan que la designación se había hecho por cuestiones de gobierno corporativo y que se estaba trabajando en ello desde el pasado ejercicio.
El malestar de este grupo de accionistas se produce en medio de las investigaciones judiciales y cuando González ya ha sido demandado directamente por uno de los afectados, Ausbanc, quien le ha acusado de organización criminal. Las otras demandas son más difusas y van contra el banco y sus responsables. BBVA cree que no puede controlar la conducta de la cúpula.
