La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, defendió este viernes el papel clave de la banca para financiar la transición energética y poder reducir la dependencia tanto de España como de la UE a Rusia. Para lograr este objetivo, la banquera urgió a las autoridades a definir "cuanto antes" qué préstamos son compatibles con los objetivos de descarbonización.
La presidenta del grupo financiero aseguró que el banco está analizando cuál es el impacto para el Santander y los mercados en los que opera de la invasión de Rusia a Ucrania. Botín, a este respecto, reconoció que la exposición crediticia es el único riesgo directo y apenas es de 80 millones de euros. "Sin embargo, no debemos minimizar el efecto indirecto que la invasión va a tener: una mayor inflación, un menor crecimiento económico, especialmente en Europa, e impactos que van más allá del fuerte aumento de los precios de la energía", expuso durante su intervención en la junta de accionistas del banco, celebrada en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte (Madrid).
La banquera destacó que las presiones inflacionistas pueden impactar fuertemente en las economías y, por ello, los bancos centrales deben definir sus políticas monetarias para corregirla a la par que luchas evitar que merme el crecimiento económico. "No es una tarea fácil y requerirá un mayor protagonismo de las políticas fiscales para controlar los desequilibrios que traerá consigo la guerra", aseveró.
Europa es la región en la que opera el banco que más afectada se verá por la guerra y por ello instó a aprovechar "al máximo" y "lo antes posible" los fondos europeos para promover la inversión. En el caso de España, llamó a proteger a las empresas y a las familias y generar confianza para impulsar la inversión privada a través de los fondos europeos.
Confirma objetivos
A pesar de los efectos de la crisis bélica, Botín confirmó que el banco alcanzará los objetivos financieros fijados para este 2022, ya anunciados el pasado febrero, que pasan por aumentar los ingresos en torno al 5%; mejorar un punto porcentual la ratio de eficiencia hasta el 45%; lograr un RoTE superior al 13%; mantener una ratio de capital CET1 fully loaded del 12%; y generar crecimiento tanto del beneficio por acción como de la suma del valor contable neto por acción y el dividendo por acción. "Todo ello, nos permitirá una retribución a los accionistas del 40% del beneficio ordinario, en la que las recompras de acciones seguirán siendo parte de la remuneración", dijo.
El banco ha elevado a aprobación de la junta el dividendo a cargo de 2021, en el que el distribuirá el 40% del beneficio, unos 3.400 millones de euros, mitad en efectivo y la otra mitad a través de recompra de acciones, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo del 7%. "En 2022, tenemos como objetivo un payout del 40% de nuestro beneficio ordinario, que incluirá recompras de acciones que se prevé representen alrededor de la mitad del payout. Más allá de 2022, aspiramos a aumentar la remuneración al accionista por encima del 40% de nuestro beneficio ordinario, con alrededor de la mitad a través de recompras de acciones y con un dividendo en efectivo por acción creciente", apuntó.
Además, también se ha sometido a los accionistas la aprobación del cambio de los roles de los principales ejecutivos, ya anunciados también en febrero. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, suma poder en el grupo financiero al dejar de reportar a la presidenta del banco. Álvarez, encargado de regiones, países y negocio global, será el máximo ejecutivo de dichas áreas e informará directamente al consejo. Por su parte, la presidenta mantiene las competencias de la estrategia del grupo financiero, y además suma el área de negocios digitales, apoyada sobre la plataforma global de pagos PagoNxt y Digital Consumer Bank (fusión de la financiera y Openbank), antes en el tejado del consejero delegado. "Hemos documentado y clarificado los roles de los principales ejecutivos, incluidos el mío y el del consejero delegado, y además hemos revisado los controles y contrapesos para que sigan siendo adecuados y eficaces, y preservando la independencia plena de las funciones de control", explicó Botín.
Incertidumbre por de la guerra
Por su parte, José Antonio Álvarez destacó durante su intervención las consecuencias que la actual situación geopolítica pueda tener en el Santander y sus resultados son, a día de hoy, "altamente inciertas". "Lo que sí les puedo asegurar es que nuestra situación de partida es muy sólida. Tenemos una excelente posición de liquidez y capital. No tenemos apenas exposición directa a Rusia y Ucrania y estamos reforzando los controles ante posibles amenazas en el ámbito operativo (ciberseguridad y blanqueo de capitales). También estamos aplicando con rigor las sanciones internacionales establecidas y hemos comunicado que no haremos nuevo negocio con empresas rusas", señaló al respecto. Según expuso el ejecutivo, la diversificación geográfica del grupo les "protege" de posibles escenarios adversos y "nos debería de permitir obtener unos resultados sólidos y recurrentes y seguir mejorando la rentabilidad".
Los accionistas han aprobado los 9 puntos que había en el orden del día. La junta ha contado con un quórum de asistencia del 68,7%.
Pago a Orcel
El Banco Santander ya ha pagado al banquero italiano Andrea Orcel el 80 % -equivalente a unos 41,6 millones de euros- de la indemnización con la que la Justicia ordenó que se le resarciera por su fichaje frustrado como consejero delegado.
Así lo ha manifestado este viernes durante la junta general de accionistas la presidenta del grupo, Ana Botín, que, no obstante, advirtió de que "la sentencia ha sido apelada y si se nos da la razón, esa suma será devuelta con intereses".
La disputa entre el banquero, actualmente consejero delegado de Unicredit, y el Santander comenzó en verano de 2019, cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.
Orcel acusaba a la entidad de incumplir un contrato que ésta, sin embargo, no reconoce al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se cumplieron; además, aseguraba que el italiano grabó sin consentimiento conversaciones privadas.
El pasado diciembre, el juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid estimó la demanda y condenó al Santander a pagarle 68 millones de euros al entender que el banco frustró "de forma unilateral" el nombramiento, a pesar de que existía un contrato "válido y perfecto". Un mes después, a mediados de enero, el juez rebajó la indemnización a 51,4 millones de euros, al reducir la asunción de incentivos a largo plazo o "buy out" de 35 a 18,6, pagaderos en acciones.
