En su apuesta por incrementar el parque público de vivienda social en España, el Gobierno destinará 1.000 millones de euros de los fondos europeos para inyectar a la cartera 20.000 pisos de alquiler, según ha confirmado a elEconomista el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El objetivo del Ejecutivo pasa por llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible a través de diferentes planes puestos en marcha por la cartera que lidera el ministro José Luis Ábalos, y que se canalizarán mediante acuerdos con Sareb, fondos de inversión y promotoras y también a través de las ayudas europeas, entre otras vías.
En este último caso, los 1.000 millones del programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes se engloban dentro de la partida de 6.820 millones de euros que se destinarán a rehabilitación y regeneración urbana en el periodo 2021-2023.
Según explican desde el Ministerio, "la inversión tiene por objeto impulsar la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible" y "se realizará a través de la cooperación entre las distintas Administraciones territoriales, y favoreciendo la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada".
El objetivo es que, mediante la aportación de suelo público y de subvenciones, sea posible la ampliación del parque público de vivienda de alquiler social. De este modo, el monto de 1.000 millones se destinará a la inversión directa, tanto en compra de suelo o viviendas y activos infrautilizados por parte de las distintas Administraciones territoriales, así como las que está impulsando el Ministerio, "para alcanzar un número estimado de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes", explican.
El Ministerio apunta que la inversión se implementará sobre "la base de un marco normativo estatal que fije las condiciones y requisitos que deben cumplir las actuaciones elegibles teniendo en cuenta el marco de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y señala que "las actuaciones que se financien con cargo a estos fondos deberán finalizar durante el periodo de los fondos, establecido por la Comisión Europea".
La inyección de 100.000 unidades que proyecta el Gobierno supondrá un importante impulso al parque público de alquiler social que hay actualmente en España y que se compone de unas 290.000 viviendas, según los datos recopilados en el Boletín Especial de Vivienda Social que presentó el propio Ministerio el pasado mes de septiembre.
Déficit respecto a Europa
La cifra de unidades total apenas representa el 2,5% del parque residencial español, mientras que la media de la Unión Europea está en el 9,3%. Si nos comparamos con Reino Unido la diferencia es abismal, ya que en este caso el porcentaje es del 30%. Por detrás le siguen Austria y Dinamarca, con el 24% y el 20%, respectivamente.
"España tiene uno de los ratios de Europa más bajos de vivienda social por cada 100 habitantes, por lo que más que una necesidad es una urgencia que se activen planes de esta índole", explica Ricardo Sousa, CEO de Century 21, que ve de forma muy positiva los nuevos planes del Gobierno y apunta que estas nuevas unidades que se proyectan "retirarán presión en el mercado de la vivienda libre, que no debe cargar con un problema que es responsabilidad del Estado".
Los promotores también celebran la apuesta decidida del Ejecutivo por incrementar el parque público residencial y apuntan que "se están manejando cifras de inversión históricas hasta la fecha, lo que es una buena noticia para el sector". Así lo destaca Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña, que considera muy positivo que se vayan a "movilizar suelos que ahora mismo están inactivos" y más "teniendo en cuenta la enorme necesidad de suelo que existe, especialmente en las principales ciudades españolas".
Ayudas directas
"Lo cierto es que en España nos queda mucho camino por recorrer para equiparnos a nuestros vecinos europeos", destaca Beatriz Toribio, directora general de Asval, la asociación de los grandes y pequeños propietarios de pisos en alquiler. La experta recuerda que es imposible que "la Administración haga esto sola, ya que se necesita generar muchísima más vivienda social y la clave estará en la colaboración público-privada". Para ello, Toribio considera imprescindible "que exista seguridad jurídica y un marco regulatorio estable y sostenido en el tiempo".
La experta cree que es necesaria además "una política social de vivienda ambiciosa", ya que no se trata solo de construir vivienda, "puesto que para levantarla se tardará varios años, como es lógico" y la situación en la que nos encontramos actualmente, con una crisis sanitaria, económica y social "es grave y seguramente empeorará".
Por ello considera esencial que con los fondos europeos se habiliten líneas para respaldar "a los colectivos vulnerables con ayudas directas que les permitan hacer frente al pago del alquiler. Con eso evitamos males mayores como son los desahucios, y al mismo tiempo se apoya a los propietarios, particulares en su mayoría, que actualmente están asumiendo el coste de todo este problema social".
Así se articularán las 100.000 unidades de alquiler asequible
El Plan de viviendas para alquiler asequible cuenta con dos ejes de trabajo. El primero de ellos está basado en la acción directa del Ministerio para la creación de un parque público de vivienda social, que rondará las 44.000 viviendas en total. Así, además de las 20.000 unidades que se conseguirán con la inyección de capital de los fondos europeos, se encuentran también las 4.769 viviendas financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
A estas se suman 7.623 viviendas conveniadas con entidades locales en las zonas más tensionadas respecto a los precios de los arrendamientos y en torno a 11.608 viviendas impulsadas por el Ministerio en colaboración con Sepes en suelos del Estado, mediante la licitación de derechos de superficie para entidades privadas que construirán y gestionarán las viviendas con rentas tasadas. El segundo eje consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas.
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