En tan solo dos meses la morosidad en el mercado del alquiler se ha triplicado pasando del 5% al 15%, y la situación podría empeorar si el Gobierno no tomas cartas en el asunto. Así lo creen los grandes caseros de pisos en renta representados por Asval, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler, que cuenta con 400 socios entre los que se encuentran grandes fondos como Blackstone o Ares, y también propietarios particulares.
La asociación considera que las ayudas ofrecidas hasta la fecha por el Gobierno y estructuradas a través de créditos ICO no son suficientes ni del todo efectivas, "ya que una parte de los inquilinos prefiere no endeudarse y termina por no solicitar esta ayuda".
Según explica a elEconomista la directora general de Asval, Beatriz Toribio, para poner freno al aumento de la morosidad el Gobierno, en el marco de la negociación de los fondos europeos, debería asignar un fondo de 750 millones que se destinara a ayudas directas a los inquilinos para el pago de la renta del alquiler. "Según un estudio que hemos realizado, con esta cantidad se podría ayudar a 350.000 familias que a día de hoy dedican un 48% de sus ingresos para hacer frente a su alquiler", apunta Toribio.
"Con estas ayudas directas cada familia percibiría unos 2.000 euros anuales, y de este modo su esfuerzo se vería reducido al 30%, la cuota recomendada", explica la directiva, que asegura que con la crisis del Covid la situación se ha complicado notablemente para muchas familias. Concretamente, antes de la pandemia eran 875.000 familias las que dedicaban un 40% de sus ingresos al pago de la renta. Actualmente esa cifra ha crecido un 37% y ya son más de 1,2 millones de familias las que tienen que hacer frente a esa cuota de esfuerzo.
"Con este tipo de medidas haces frente a la morosidad, reduces la litigiosidad y también reduces esa inseguridad que se está generando entre los propietarios"
"Esta cifra puede seguir creciendo si se recrudece la crisis y no se toman nuevas medidas de ayudas al alquiler que se estructures de forma diferente a las que han aprobado hasta ahora", demanda la directora general de Asval, que destaca que las solicitudes que están recibiendo las distintas comunidades autónomas superan por mucho a la disponibilidad de fondos actuales. "Hace falta una respuesta inmediata por parte del Estado, ya que hasta el momento la morosidad la están asumiendo los propietarios y si se prolonga mucho esta crisis nos podemos encontrar con un problema muy importante que se sumaría al que ya teníamos antes estructural de acceso a la vivienda".
Según la directiva la clave pasa por ofrecer ayudas directas al inquilino que no supongan un mayor endeudamiento "ya que muchas de las 350.000 familias están afectadas por desempleo, ERTE o reducciones de ingresos importantes". Además, con este tipo de medidas "haces frente a la morosidad, reduces la litigiosidad y también reduces esa inseguridad que se está generando entre los propietarios, que actualmente son los que están asumiendo los problemas de morosidad sin la posibilidad de recuperar su vivienda", explica Toribio, que advierte que si la situación no se resuelve podemos encontrarnos con la misma tendencia que se dio en la anterior crisis.
Seguridad jurídica
"Una parte importante de los propietarios particulares, que no olvidemos que representan el 95% del mercado del alquiler de nuestro país, pueden tener miedo y decidir retirar su vivienda del mercado o incluso venderla si tienen necesidades económicas, lo que al final llevaría a una reducción de la oferta", alerta la directiva.
"Precisamente lo que necesitamos es que el parque de viviendas crezca y para desarrollar nueva oferta necesitamos a los particulares y también a los grandes operadores privados. El sector inmobiliario y la administración están obligados a entenderse por que no hay otra forma de generar esa oferta que no sea mediante la colaboración público privada. La administración tienen la materia prima y no tienen el pulmón financiero y el sector tiene esa capacidad financiera pero necesita la materia prima", explica Toribio.
Si bien para aprovechar el capital que actualmente sobrevuela sobre el mercado del alquiler, especialmente interesado en comprar grandes carteras de viviendas o de construirlas mediante operaciones build to rent, "la administración debe ofrecer a estos inversores seguridad jurídica y diseñar un margo estable que genere confianza y atraiga a esa inversión", destaca la experta.
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