Más de la mitad de los arrendadores españoles considera que el intervencionismo del estado en los alquileres privado frenaría la oferta de viviendas en alquiler y defienden que solo se debería controlar el mercado de alquileres públicos. Esta es una de las conclusiones que refleja el informe Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Sin embargo, aunque de forma general los propietarios se muestran contrarios a este intervencionismo, estarían dispuestos a aceptar dichas medidas para bajar el precio de los alquileres siempre y cuando reviertan en algún tipo de compensación para ellos. Así, según muestra el estudio, un 75% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si, a cambio, se agilizasen notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible. En este sentido, más de seis de cada diez propietarios consideran que una reducción en el plazo de los desahucios en caso de un impago de la renta aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores.
Los propietarios también estarían dispuestos a apoyar medidas intervencionistas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases de datos oficiales (70%) o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos (72%). Por otra parte, el 67% de los propietarios aceptaría este tipo de medidas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.
"Las respuestas mayoritarias de los propietarios en este estudio son muy claras y todas recelan de este intervencionismo estatal opinando que solo se debería dar en viviendas públicas", expone José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). "Además", añade Zurdo, "los propietarios tienen la percepción de que con este intervencionismo se está atacando su libertad de decisión sobre sus viviendas y se está disminuyendo su poder adquisitivo. Estas respuestas deben ser muy tenidas en cuenta por el legislador porque es una manera de equilibrar esa ley".
Respecto a la congelación de las rentas durante cinco años, el 66% de los propietarios apoyaría esta medida siempre que el propietario pudiese recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses, cuando exista impago. Asimismo, el 53% sería favorable siempre a que el propietario pudiera consultar antecedentes de impagos en bases de datos oficiales, y más de la mitad de los propietarios estarían de acuerdo con esta medida si fuera posible aumentar la garantía solicitada al inquilino. En este sentido, el 42% de los encuestados admite que el control de los alquileres a través de la congelación de las rentas durante 5 años haría bajar los precios.
El estudio -realizado en base a más de 800 encuestas realizadas a propietarios que tienen viviendas en alquiler en nuestro país- pregunta sobre la paralización de desahucios durante el estado de alarma, y el 68% de los propietarios considera que esta medida provoca inseguridad de cara a los inversores. Además, gran parte de los encuestados (el 69%) también opina que se está haciendo pagar a los propietarios la incapacidad de la administración para poder proporcionar vivienda social.
Acceso a la vivienda
El acceso a la vivienda continúa siendo un problema y, en este sentido, el 70% de los arrendadores considera que el sector público debe de hacerse cargo de este problema en lugar de los propietarios. Ese mismo porcentaje propone que se aumente el gasto público en vivienda social y un 71% dice que debería optarse por una colaboración público-privada. Por su parte, más de la mitad de los pequeños propietarios (55%) estaría a favor de que los grandes tenedores pongan a disposición de la administración un porcentaje de su parque de viviendas para que se destine a vivienda social.
En su opinión, el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), señala "que esta medida es muy controvertida porque los grandes tenedores son también dueños de las viviendas y tienen los mismo derechos que los pequeños. Por ello, entiendo que no se les puede estar atacando constantemente con medidas restrictivas porque los grandes tenedores se mueven con criterios de rentabilidad y, si se les ataca constantemente, puede que no les sean rentables las inversiones, lo que nos llevaría a perder uno de los actores que puede generar que aumente la oferta de vivienda y que bajen los precios". A este respecto, Zurdo entendería "esta medida concebida al inicio, cuando las características del solar a edificar imponga la limitación de que haya que ceder unas viviendas a alquileres sociales, pero no cuando ya se han construido las viviendas sin ningún tipo de limitación".
Admiten precios altos
En relación a los precios, más de la mitad de los propietarios (el 62% de los encuestados) admite que los precios de los alquileres son altos o muy altos. En cuanto a la legislación actual, la mayoría de los propietarios coinciden en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son insuficientes (62% y 57%, respectivamente) y el 80% de los propietarios demandan una incentivación fiscal del Estado hacia los propietarios para generar mayor número de viviendas para alquiler.
"Muchos propietarios entienden que la excesiva carestía de los precios deviene de una escasa oferta de vivienda pública y de una falta de incentivación fiscal para que los propietarios oferten más viviendas. Si esto se corrigiera, probablemente, habría más viviendas en el mercado y el precio de los alquileres bajaría", concluye Zurdo.
En relación con las medidas para bajar los precios de los alquileres, "los propietarios, de nuevo, tienen muy en cuenta la posibilidad de impago del inquilino", señala el informe. Según el 78%, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres. Otra medida que los propietarios verían con buenos ojos es que se aumentara la oferta pública de alquiler (67%).
