Repsol ha presentado 30 proyectos candidatos a recibir subvenciones del Fondo de Recuperación que requieren una inversión de 5.959 millones de euros, según ha anunciado su presidente, Antonio Brufau, durante la Junta de Accionistas, celebrada esta mañana, en la que se ha aprobado el pago de un dividendo de 0,3 euros por título con cargo a 2020, elevando la retribución al accionista hasta los 0,916 euros por acción.
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"En el marco de las convocatorias de manifestaciones de interés llevadas a cabo por el Gobierno -ha dicho el presidente- hemos presentado un portafolio de 30 proyectos, con una inversión total asociada de 5.959 millones de euros, que combinan tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo y equilibrio territorial".
Se trata de ocho proyectos de hidrógeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, ocho de generación distribuida y movilidad eléctrica, y uno de digitalización, "que combinan tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo y equilibrio territorial".
A diferencia de los proyectos candidatos al fondo Next Generation que han presentado otras empresas energéticas, muchas de las propuestas de Repsol están incluidas en su Plan Estratégico, que prevé invertir 18.300 millones hasta 2025, con un 30% a los negocios relacionados con la sostenibilidad.
Por ejemplo, la compañía contempla iniciativas conocidas y confirmadas, con independencia de la obtención de ayudas, como la planta de combustible sintético con la saudí Aramco en Vizcaya, la central hidróeléctrica de bombeo de Aguayo en Cantabria, la fábrica de biocombustibles de Cartagena o el despliegue de puntos de recarga ultrarrápidos para vehículos eléctricos.
Sin embargo, también aparecen otros proyectos, relacionados con el hidrógeno, mucho más ambiciosos, como un gran electrolizador de 100 MW para Vizcaya -con el consorcio internacional H24All- o varias plantas para producir hidrógeno a partir del biogás emitido por la descomposición de residuos sólidos urbanos.
Defensa de la industria
En su intervención, Brufau se ha referido a la difícil coyuntura de la pandemia, ha defendido la industria -suele ser habitual-, recordando que "si España tuviera un mayor porcentaje de su PIB en actividades industriales, habríamos resistido mejor la crisis".
También ha denunciado "la demonización de los combustibles fósiles", básicos para la aviación o la gran industria, y ha criticado la actual redacción del Proyecto de ley de cambio climático, que condena al motor de combustión interna a partir de 2040, al considerar las emisiones directas de los vehículos y no las emisiones netas cero: "la Ley prioriza, sin razón ambiental alguna, la electricidad sobre otras alternativas posibles".
Antonio Burfau: "La ley de cambio climático prioriza, sin razón ambiental alguna, la electricidad sobre otras alternativas posibles"
Igualmente ha tenido palabras contrarias al Fondo que prepara el Gobierno para repartir los 7.000 millones de ayudas a las renovables entre el consumo de electricidad, gas y petróleo: "pretende que todos los sectores energéticos financiemos los extracostes de los proyectos de electricidad renovable de principios de este siglo, casi todos fallidos", ha dicho, añadiendo que "se trata, simple y llanamente, de beneficiar a unos pocos y que otros muchos les paguen la factura" y que "supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria".
Resiliencia contra la crisis
El consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha expuesto la difícil coyuntura por la que ha atravesado la empresa durante el pasado ejercicio, por la caída de los precios de los hidrocarburos y la caída de la demanda provocada por la pandemia. Ha destacado que la firma donó 20 millones para material sanitario y que tuvo que aplicar un plan de resiliencia con el que ha ahorrado 3.200 millones.
Gracias a ese ahorro, la empresa consiguió un resultado de 600 millones en términos recurrentes, que se convierten en unas pérdidas de 3.289 millones al considerar la reducción del valor de los inventarios de crudo y el deterioro de los activos de exploración y producción.
Posteriormente, Imaz ha expuesto las líneas generales de su Plan estratégico 2021-2025, que tiene el foco en la descarbonización y la conversión de la compañía en una firma neutra en emisiones en 2050. El Plan, "compatibiliza el objetivo de avanzar en la descarbonización, en nuestro viaje hacia las cero emisiones netas, con ser una propuesta de inversión rentable, atractiva y de valor", con un "demostrado compromiso con la retribución a los accionistas", calculando una rentabilidad del 6,6%.
En este sentido, la Junta ha aprobado un dividendo de 0,30 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2020 -que se suma al abonado el pasado enero bajo la fórmula de scrip dividend-, cuyo pago tendrá lugar a partir del 7 de julio de 2021. También se ha aprobado el reparto de 0,30 euros por acción a cuenta de 2021, que se distribuirá en enero de 2022.
Reestructuración de los negocios
Apenas ha habido referencias a lo que más llama la atención de los mercados en estos momentos: la transformación de la estructura del negocio, de acuerdo con el Plan Estratégico, articulándolo alrededor de cuatro áreas: Exploración y producción -upstream-, Industrial, Cliente y Generación baja en emisiones.
Ayer mismo trascendió que ha convertido esta última en sociedad anónima para facilitar su eventual salida a Bolsa -JP Morgan, Linklaters, Freshfields y Uría trabajan en ello- o la incorporación de un socio y captar unos 1.400 millones.
Dentro de esta reestructuración, también ha dado mandato a Citi para incorporar un inversor al negocio de Clientes -se barajan firmas como Brookfield, KKR, Macquarie o Couché-Tard- e ingresar más 2.500 millones.
La Junta también ha aprobado el nombramiento de Aurora Catá como nueva consejera, en sustitución de Maite Ballester. Catá es consejera de Atresmedia y de Banco Sabadell.
