La Corte de arbitraje de la ONU ha desestimado la demanda de Naturgy conta Colombia por la expropiación de Electricaribe, en la que reclamaba cerca de 1.400 millones de euros, así como la contrademanda del país contra la empresa por el perjuicio ocasionado por la gestión de su antigua subsidiaria, en la que pedía unos 420 millones. La compañía está revisando el laudo y trabaja en la reclamación iniciada en 2019 contra un grupo de aseguradoras para conseguir una indemnización de unos 420 millones.
El Gobierno de Juan Manuel Santos le enajenó Electrificadora del Caribe (Electricaribe) a Naturgy -por aquel entonces aún Gas Natural Fenosa- en noviembre de 2016 argumentando riesgo para la seguridad de suministro de sus cuatro millones de clientes en siete departamentos de la costa caribeña, como resultado del severo deterioro de las infraestructuras.
Las autoridades culpaban a la empresa de no haber invertido lo suficiente -apenas se había ejecutado un plan de 600 millones-, pero ella alegaba ser víctima de numerosos fraudes y de una mala regulación.
En aquel momento, Santos estaba culminando la negociación con la guerrilla de las Farc y necesitaba el apoyo parlamentario de los diputados de la costa caribeña. Éstos sufrían el descontento de la población, por los frecuentes apagones, y presionaban para que el Gobierno interviniera, a pesar de que eran conscientes del problema regulatorio -la distribuidora debía responder de los impagos de sus clientes- y de que había una tremenda morosidad.
Demanda en marzo de 2017
Tras varios intentos infructuosos de llegar a un acuerdo, Naturgy demandó a Colombia ante la Corte de la ONU (Uncitral) en marzo de 2017, reclamando la devolución de la subsidiaria -poseía el 85% del capital- y un marco regulatorio viable o que se le compensara por un importe calculado preliminarmente en unos 1.000 millones de dólares.
En julio de 2018 elevó esa cantidad hasta los 1.626 millones de dólares -unos 1.360 millones de euros al tipo de cambio actual- por el valor de la empresa, el perjuicio generado, el lucro cesante, el daño reputacional y otros elementos.
En diciembre de 2018, Colombia presentó una contrademanda contra Naturgy en el Ciadi, la Corte del Banco Mundial, por 500 millones de dólares -unos 420 millones de euros-, para compensar el daño de la gestión de la española.
Mientras se enfrentaban ambas partes en los tribunales internacionales, Electricaribe estuvo unos tres años intervenida, aunque originalmente se pensaba en uno solo, por falta de comprador: la necesidad de invertir masivamente en sus redes y la cultura de impago -incluso por parte de entidades públicas- han asustado a todas las empresas que han mostrado cierto interés, entre las que ha figurado la italiana Enel.
Finalmente, el Gobierno de Iván Duque, tras asumir parte de la deuda de la empresa e incluir un sobrecargo en las tarifas eléctricas de todo el país para subsidiarla, optó por dividirla en dos compañías, Caribe Mar y Caribe Sol, y logró la entrada de capital privado al subastarlas, en marzo del años pasado, pero el Estado tiene presencia en el accionariado de ambas.
Durante estos años, la firma presidida por Francisco Reynés ha reducido el valor en libros de su antigua filial: a cierre de diciembre de 2020 contabilizaba 25 millones, frente a 475 millones antes de la intervención. Ahora espera ganar el litigio con las aseguradoras, las cuales alegan que no se han dado las causas previstas en los contratos.
Adiós a todos los vínculos con el país
Tras la expropiación de Electricaribe, Naturgy decidió abandonar totalmente el país y en junio de 2018 terminó de vender su filial de distribución de gas natural, Gas Natural ESP, al fondo canadiense Brookfield. La operación, valorada en unos 482 millones, le aportó un impacto contable positivo después de impuestos de unos 350 millones.
Poco después anunció su actual política para abandonar países secundarios y centrarse en estados con monedas y políticas estables.
