Colombia ha subastado Electricaribe, la distribuidora de electricidad expropiada a Naturgy, y ha tenido que asumirla por falta de interés del sector privado: de las dos compañías en que se ha dividido, Caribe Mar y Caribe Sol, la primera ha acabado en directamente en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la segunda en la del Consorcio de la Costa Caribe, integrado por la empresa mixta Enerpereira y la privada Latin Corp.
El Gobierno de Juan Manuel Santos le intervino Electricaribe a Naturgy -por aquel entonces aún Gas Natural Fenosa- en noviembre de 2016 argumentando riesgo para la seguridad de suministro de sus cuatro millones de clientes -unos 10 millones de personas- en siete departamentos de la costa caribeña del país por el severo deterioro de las infraestructuras y la mala calidad del suministro.
En ese momento se indicó que el período de intervención iba a durar un año, pero ha habido que esperar más de tres para que la entidad interventora, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encontrara alguien interesado en la empresa. Además del importante nivel de inversión que requiere sus redes eléctricas para alcanzar una calidad de suministro aceptable, en muchas de sus zonas de servicio hay una cultura de impago que imposibilita la recuperación de dichas inversiones.
La situación ha asustado a todas las empresas que en algún momento han mostrado cierto interés, entre las que ha figurado la italiana Enel, y ha impedido normalizar la situación. El Gobierno de Iván Duque ha llegado a asumir el pago de las pensiones ligadas a la empresa y ha incluido un sobrecargo en las tarifas eléctricas del conjunto del país para subsidiarla y tratar de seducir al capital privado, sin mucho éxito.
Divide la compañía
Finalmente, el Gobierno ha tenido que dividir Electricaribe en Caribe Mar y Caribe Sol, y el Estado forma parte de las dos sociedades que las han adquirido.
Caribe Mar presta servicio en los departamentos de César, Bolívar, Sucre y Córdoba, y cuenta con 1,51 millones de clientes. Es la que registra un mayor deterioro en las infraestructuras y la más conflictiva: tiene los mayores niveles de impago y robos de energía. No es extraño que haya acabado directamente en manos de la pública EPM, con el compromiso de invertir cinco billones de pesos -unos 1.150 millones de euros- en 10 años.
Caribe Sol, por su parte, atiende a 1,21 millones de abonados en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, y la sociedad adjudicataria, Consorcio de la Costa Caribe, integrada por la empresa mixta Enerpereira y por la privada Latin Corp, asume una inversión de 2,6 billones de pesos -cerca de 850 millones de euros- durante la próxima década.
Litigios con Naturgy
Al margen de todo este proceso, Naturgy y Colombia están enfrentadas en dos arbitrajes internacionales. Por un lado, la multinacional presidida por Francisco Reynés reclama al Estado colombiano 1.626 millones de dólares -más de 1.500 millones de euros- en la Corte de Arbitraje de la ONU (Uncitral por sus siglas en inglés) por el valor de la empresa, el perjuicio generado, el lucro cesante, el daño reputacional y otros elementos. Colombia, por otro lado, reclama a Naturgy 500 millones de dólares en el Ciadi, la Corte del Banco Mundial.
Además de estos dos litigios, Naturgy ha demandado a sus aseguradoras por otros 500 millones de dólares, ante su negativa a indemnizar a la empresa española, de acuerdo con una cláusula de riesgo político que contenía la póliza contratada.
Con independencia del resultado de estos litigios, Naturgy ha reducido el valor en libros de su filial expropiada: a cierre de diciembre de 2019 sólo contabilizaba 28 millones, frente a los 253 millones a cierre de 2018; eran 416 millones a cierre de 2017. La empresa no ha querido hacer ningún comentarios sobre el resultado de la subasta.
