Tormentosos están siendo los últimos años de Alcoa en España, donde llegó en 1998 al adquirir siete fábricas de aluminio de la firma pública Inespal, de las que sólo le quedaban tres, en La Coruña, Avilés y Lugo: este viernes declararon cuatro detenidos en los registros policiales efectuados el jueves en varias fábricas, domicilios y oficinas para buscar pruebas sobre un eventual fraude en la venta de las dos primeras factorías, ahora en manos de Alu Ibérica, y el Principado de Asturias reclamó al Gobierno que se haga cargo de las instalaciones, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi); se da la circunstancia de que el Ejecutivo y la multinacional norteamericana ya negocian el traspaso de la fábrica de Lugo a la Sepi.
Corría octubre de 2018 cuando Alcoa anunció su intención de cerrar las fábricas de La Coruña y Avilés por su escasa competitividad, motivada por un déficit crónico de inversión y por el elevado precio de la energía eléctrica, lanzando un ERE de extinción para sus 688 empleados. Los trabajadores, el Gobierno central y los regionales se volcaron en buscar una solución y en enero de 2019 se llegó a un acuerdo para paralizar los despidos hasta que hubiera un comprador.
Aparece un comprador
En la búsqueda se barajaron varios candidatos -Liberty, Quantum, Aludium...-, pero al final se hizo con las factorías el fondo suizo Parter Capital; en julio se firmó el traspaso: Alcoa se comprometió a abonar 115 millones de dólares -unos 95 millones de euros-, entre otros acuerdos confidenciales, y Parter a mantenerse al menos dos años.
Con las aguas aparentemente calmadas, en mayo Alcoa anunció el fin de la producción de aluminio -no la de alúmina- en la planta de San Ciprián (Lugo) y un ERE de extinción para 524 trabajadores. Nuevamente se pusieron en marcha las administraciones y los sindicatos, con el respaldo de los industriales, que alertan del carácter estratégico de la factoría, la última de aluminio primario del país.
Parter rompe el compromiso
Poco después, en abril, mientras la bronca crecía en intensidad, Parter anunció la venta de las plantas de Avilés y La Coruña a su actual propietario, el Grupo Riesgo, rebautizado como Alu Ibérica, también candidato a comprar las plantas en la ronda auspiciada por la Administración. Los suizos rompían de este modo su compromiso de permanencia de dos años y, según los sindicatos, liberaban a Alcoa de las obligaciones de inversión y con la plantilla.
De hecho, así lo denunciaron en la Audiencia Nacional en diciembre, con un querella por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida en la venta, que ha derivado en los registros policiales de esta semana. Sea como fuere, en septiembre Alcoa presentó una demanda contra Parter por la desinversión de las dos plantas.
En este frente hay plazo hasta el 30 de abril para alcanzar un acuerdo
El pasado septiembre la Sepi se ofreció a adquirir la fábrica de La Coruña directamente, como paso previo a su traspaso a Liberty, interesada en comprarla, pero Alcoa se negó, al querer mantener la producción de alúmina. La negativa le ha costado cara, porque en diciembre, poco antes de que la jueza María Tardón admitiese a trámite la citada querella, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló el ERE de San Ciprián, detectando "mala fe" en Alcoa, ya que estaba claro que podía haber cedido la fábrica a la Sepi en vez de cerrarla.
Las hostilidades con los trabajadores, no obstante, se han mantenido hasta este mes de enero, en que han puesto fin a la huelga que bloqueaba la factoría a cambio de que se retomaran las conversaciones con la Sepi, ya en curso: la compañía ha remitido su oferta al grupo público.
En este frente hay plazo hasta el 30 de abril para alcanzar un acuerdo; según los sindicatos, Liberty sigue interesada en adquirir la factoría -su oferta original no le bastó a Alcoa-, pero en el caso de La Coruña y Avilés no: la jueza ha dejado en libertad, pero con medidas cautelares, a los cuatro detenidos, todos vinculados a Alu Ibérica.
