Empresas y finanzas

La Policía registran las que fueran plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés

  • En base a la querella por supuestas irregularidades en la venta de ambas fábricas

Un centenar de agentes de la Policía Nacional se ha personado este jueves en las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña -antes pertenecientes a Alcoa-, así como en oficinas de Madrid, Málaga y Castellón para realizar varios registros por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras, según han informado fuentes sindicales y policiales.

Según informa la Dirección General del cuerpo, en el marco de la operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, "persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones".

En el operativo han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hasta la fábrica avilesina, anteriormente propiedad de Alcoa, se han trasladado sobre las 9:00 horas cinco furgones con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han inspeccionando todas las instalaciones de la planta y han pedido a los empleados que dejaran de trabajar y estuvieran a su requerimiento, según ha relatado el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz.

El registro estaría relacionado con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y A Coruña que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa, y que el pasado mes de diciembre fue admitida por la Audiencia Nacional.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.

La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.

Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.

El escrito de la querella relata el proceso de venta y concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".

La titular del juzgado central de instrucción nº 3, María Tardón, explicaba en un auto fechado el pasado 12 de febrero, por el que rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un "momento procesalmente tan temprano" no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo, y que lo que trata la instrucción es precisamente "comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia".

Desde el Comité de Empresa de la planta avilesina se ha expresado la satisfacción de los trabajadores por la intervención judicial para tratar de esclarecer la presunta despatrimonialización de las plantas, si bien se ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Industria dé nuevos pasos para revertir el traspaso de las plantas y garantizar su futuro.

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