El papel de las socimis dentro del sector inmobiliario español se ha puesto en tela de juicio por parte de Unidas Podemos, que quiere impulsar un cambio en la fiscalidad de la socimis, siendo esta una medida que planea sobre el sector desde hace años y que según apuntan los propios vehículos no hace más que generar incertidumbre y despertar desconfianza hacia el mercado español.
A día de hoy estos vehículos cotizados acumulan inmuebles por valor de más de 50.000 millones de euros en nuestro país y durante el año pasado distribuyeron entre sus accionistas 1.254 millones en dividendos, lo que supone un incremento de más del 60% respecto a 2018, según los datos del informe elaborado de forma conjunta entre BME y JLL España.
El partido que lidera Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, quiere introducir un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las socimis, que ahora pagan el 0% en el impuesto de Sociedades. Se trata de una ventaja fiscal de la que disfrutan estos vehículos, que por otro lado están obligados a repartir en dividendos al menos el 80% de sus beneficios y a cumplir otra serie de requisitos como mantener sus activos inmobiliarios en balance y en arrendamiento durante un periodo mínimo de tres años antes de poder desinvertir, tener un capital social mínimo de 5 millones de euros o que sus reservas legales no excedan el 20% del capital social de la compañía.
Desde el sector aseguran que esta medida "no es solamente ineficaz desde un punto de vista económico, sino que es además contraproducente, causando un daño enormemente mayor que el beneficio que pretende conseguir", explica Fernando Lacadena, presidente de ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).
"De acuerdo a las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo tipo impositivo del 15% apenas recaudará como máximo 25 millones de euros anuales, a costa de dañar gravemente la seguridad jurídica –que ya se ha visto seriamente herida con otras medidas recientes, como por ejemplo y sin salir de la vivienda, la propuesta de limitar los alquileres–, lo que ahuyentará sin duda la muy necesaria inversión extranjera", apunta el directivo.
Desde Asocimi, su presidente, Javier Basagoiti, coincide en que esta medida tiene un impacto muy limitado a nivel recaudatorio y, sin embargo, "genera inseguridad y malestar entre los inversores. Es el peor de los mundos: la medida ayuda muy poco al objetivo de aumentar la recaudación a riesgo de que los inversores, que siguen apostando por nuestro mercado a pesar de la crisis del Covid 19, decidan empezar a mirar a otros países vecinos". Además, Basagoiti destaca que "el crecimiento de las socimis en España ha sido posible gracias a un conjunto de factores macroeconómicos y del propio sector inmobiliario, pero, sobre todo, a que hemos contado con una legislación que nos ha permitido competir en igualdad de condiciones con el resto de países de nuestro entorno. Cualquier modificación de la Ley que altere las reglas de juego del sector crea inseguridad jurídica y, de esa forma, puede provocar cambios en las decisiones de los inversores". Por ello "Asicimi considera que es crucial mantener la norma en el estado actual para seguir facilitando el desarrollo y consolidación del sector", apunta el directivo.
Norma demagógica
Juan José Brugera, presidente de Colonial, criticó durante la rueda de prensa de presentación de resultados la intención del Gobierno de cambiar el tratamiento fiscal a las socimis y calificó el cambio de demagógico. El directivo apuntó que en el caso de Colonial este cambio no les afecta ya que "nosotros distribuimos todo el resultado y más". "Es una medida que tira más hacia la demagogia que hacia la recaudación efectiva", destacó Brugera, que advirtió que "desde el punto de vista externo, el régimen REIT está reconocido internacionalmente, tiene unos parámetros muy consolidados y ponerlo ahora en tela de juicio en España no nos gusta porque perjudica la seguridad jurídica con la que tienen que actuar los inversores".
Desde Merlin apuntan en declaraciones a elEconomista que no encuentran una explicación "lógica a este cambio ya que la realidad es que las socimis no suponen ninguna merma de ingresos para el Estado porque la recaudación en vez de hacerse en origen se hace en destino, vía los dividendos que repartimos todos los años, que, en concreto en nuestro caso, suponen más del 100% del beneficio contable. Pero, además, este cambio viene motivado para poner freno al incremento del precio de la vivienda de alquiler en España y lo paradójico es que, al menos las grandes Socimis de este país, no tenemos ni una sola vivienda en nuestra cartera".
Merlin: "Las socimis son vehículos de ahorro que aportan transparencia, profesionalización e inversión al mercado inmobiliario"
"Además, no podemos olvidar que esta figura existe en la mayor parte de las economías desarrolladas desde hace décadas y que es un modelo que siempre ha funcionado bien. Las socimis son vehículos de ahorro que aportan transparencia, profesionalización e inversión al mercado inmobiliario", explican desde Merlin.
La firma que lidera Ismael Clemente advierte además que este cambio impacta en los inversores, sobre todo por el "ruido" que genera y la inseguridad jurídica que despierta al cambiar las "reglas del juego" en una figura que funciona igual en todos los países donde existe. Así reconocen que "esto ha tenido un impacto en el corto plazo en el precio de la acción ya que, el día que se anunció el cambio, las socimis fueron castigadas, pero en el medio puede implicar un retraso del mercado español a nivel de inversiones".
Carmen Boyero-Klossner (Árima): "a las socimis se les asocia siempre a las élites y a los segmentos de la sociedad con mayor poder adquisitivo y precisamente es lo contrario"
Uno de los problemas que sobrevuela sobre las socimis es que a estos vehículos "se les asocia siempre a las élites y a los segmentos de la sociedad con mayor poder adquisitivo y precisamente es lo contrario", asegura Carmen Boyero-Klossner, directora de Estretegia y Desarrollo Corporativo de Árima Real Estate, que apunta que "las socimis democratizan el sector inmobiliario". La directiva explica que, mediante una socimi, cualquier persona puede "acceder a invertir en el sector inmobiliario con diez euros, mientras que, si no existieran, dependiendo del segmento inmobiliario en el que nos fijemos, estaríamos hablando de unas cantidades mucho mayores para poder acceder a ese tipo de inversión".
Así pues, Boyero-Klossner, destaca que el objetivo de las socimis es dar acceso a cualquier segmento de la sociedad a poder invertir en ese tipo de activos con un precio de partida muy barato. La directiva de Árima señala que otra de las ventajas que aportan las socimis al sector inmobiliario es que "transforman un tipo de activo, que por naturaleza es iliquido, en líquido".
"La persona que compre en el mercado directo un piso o un edificio de oficinas o una nave, no la puede ni comprar de un día para otro, ni vender de un día para otro. Además, este no tiene por qué ser un mercado completamente transparente", apunta la directiva. Sin embargo "las socimis permiten que una persona pueda acceder a estos activos con diez euros y además puede comprar cuando quiera y vender cuando quiera y lo necesite. Si necesita acceso a ese capital puede venderlo en bolsa, mientras que un activo físico no puede venderlo cuando lo necesita".
Según explican desde Merlin, "en EEUU muchas familias que gestionaban de forma poco profesional sus activos los aportaron a estos vehículos convirtiéndose en accionistas de grandes gestores patrimoniales, que a su vez fueron foco de inversión por parte de mutuas, aseguradoras y fondos de pensiones, generando toda una industria para el ahorro privado del país. Si algún día queremos tener ahorro privado en España complementario a nuestro sistema de pensiones, será importante fomentar este tipo de vehículos".
