La Administración analiza introducir a las aseguradoras en la fórmula para impulsar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Así lo ha explicado hoy José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid durante su intervención en una conferencia de SIMAPRO.
Desde el sector de la promoción residencial se lleva años pidiendo al Gobierno que impulse un plan de ayudas para que los jóvenes con capacidad de pago pero sin capacidad de ahorro puedan acceder a la compra de una vivienda.
Entre las distintas propuestas destaca la que imita el modelo de Reino Unido, donde el programa se ha bautizado como Help to buy y que ha demostrado ser un potente impulsor para la actividad residencial. De este modo, los expertos del sector proponen que el Estado avale un 15% de la operación total de compraventa de una vivienda para que la entidad financiera pueda extender la financiación hipotecaria hasta el 95% y el comprador únicamente tenga que aportar un 5%.
García Gómez ha puesto de relieve las complicaciones de este modelo de avales a los jóvenes por parte de las distintas administraciones, ya que "hay que casar la estructura del derecho administrativo con la estructura económica y financiera. Lo cierto es que el hecho de que la administración avale a ese potencial comprador tiene unas consecuencias prácticas que en este momento son difíciles de encajar, ya que la administración asume una potencial deuda y eso computa en los presupuestos públicos, y por eso entiendo que Hacienda a nivel estatal esté rechazando esta fórmula".
Así, el director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha explicado que se "está analizando que el sector asegurador entre en la ecuación y sea capaz de dar confort tanto a la entidad financiera como a la administración publica. En este nuevo modelo, la administración asume el coste de la prima del seguro. Lo que necesitamos es lograr una fórmula jurídica que reparte el riesgo financiero entre la aseguradora y la entidad bancaria y que despierte apetito en ambos mercados". Asimismo, García ha apuntado que es muy importante que este modelo "solo se dirija a personas realmente solventes".
Por su parte, Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes ha explicado que lo están "hablando con Economía y con Hacienda y estamos haciendo análisis para prever esos impactos". "Lo que si creemos es que esta debería ser una medida coyuntural, no estructural, y que tenga cierta precisión de cirugía y que se destine a una parte muy especifica de la población".
Desde el sector asegurador se está mostrando interés por este tipo de operaciones, tal y como adelantó elEconomista, siendo varias las firmas americanas que está estudiando distintas fórmulas para poder desarrollar este negocio en España.
AmTrust International es una de las compañías que lo están analizando con mucho interés y según los estudios que han realizado, si se pusieran en marcha este tipo de seguros de crédito hipotecario "permitiría un aumento adicional de entre el 10% y 15% anualmente, lo que supondría la firma de unas 35.000 a 53.000 hipotecas al año", asegura Roberto Savina, Country Manager de AmTrust Mortgage and Credit en España.
15.000 millones para las arcas públicas
Según ha explicado esta mañana en SIMAPRO Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña, "tras analizar la población española y siendo prudentes detectamos a un millón de personas que podrían optar a este tipo de ayudas. Con este impulso a la compraventa se generarían además unos impuestos para las tres administraciones de más de 15.000 millones de euros y se impulsaría la creación de más de 500.000 puestos de trabajo".
Sin embargo, el directivo asegura que "ha habido muchas reticencias. Hace unos años se empezó con el karma de que el acceso a la vivienda tenía que ser en alquiler para las nuevas generaciones y todavía no hemos logrado vencer del todo esta idea".
Gómez-Pintado ha asegurado que le consta que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "lo están pensando".
"Nosotros hemos hablado con todas las administraciones, especialmente con Economía, que es quien al final tienen la llave de todo, y la verdad que no hemos logrado muy buenos resultados", asegura el directivo, que cree que una de las principales barreras es que "no se identifica bien el problema. Se piensa que con estos avales a los jóvenes se abre la puerta a una subida de precios y a la generación de una burbuja y por esta falta de compresión es por lo que estamos yendo más lento de lo esperado en este asunto, al menos con la Administración central, ya que otras autonómicas ya se han puesto en marcha y estamos en conversaciones con algunas más para impulsar este modelo. Creo que esta es la clave de futuro", destacó Gómez-Pintado.
Una de las Comunidades Autónomas que han tomado la delantera en este sentido es la de Madrid. Así, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció durante el Debate de la Región el pasado mes de setiembre que van a destinar 12 millones de euros para avalar a al menos 5.000 hipotecas de jóvenes madrileños de hasta 35 años que den el paso de comprar su primera vivienda, que presenten solvencia económica pero que carezcan de ahorros previos suficientes para acceder a un crédito hipotecario.
Por su parte, el delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes se ha mostrado muy a favor de la colaboración público privada para impulsar el mercado de la vivienda y ha apuntado que se niega a "no generar procesos que sean creativos en el que la iniciativa privada nos aporte a la administración nuevas formas de actuar por el miedo a una burbuja inmobiliaria pasada que no debería ser imputable al sector, si no a la barra libre crediticia que hubo". Así, Fuentes asegura que "existe una necesidad de oferta real en el alquiler y en la vivienda de obra nueva y deberíamos poder profundizar en otras líneas de trabajo con primas de seguros".
Fuentes ha puesto de relieve también que para que se de esa colaboración público privada las administraciones deben ofrecer al sector privado "certidumbre, seguridad jurídica, confianza y diálogo".
