El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó ayer el Decreto Ley 37/2020, mediante el cual suspenden los desahucios de grandes tenedores, que ya venían obligados a ofrecer un alquiler social a personas o familias vulnerables, incluidos a los ocupantes ilegales de sus viviendas. Esta medida será de aplicación mientras dure el estado de alarma o estén vigentes las restricciones a libre circulación por el coronavirus.
Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) consideran que se trata un ataque a la propiedad privada y que van en contra del desarrollo del mercado del alquiler en Cataluña.
Así, desde la asociación que representa tanto a grandes fondos, como es el caso de Blackstone, como a pequeños propietarios apuntan que "esta medida supone un paso más de la política de la Generalitat para socavar los derechos de los propietarios de viviendas, en este caso de los grandes tenedores".
Asimismo Asval considera que se trata de un "llamamiento a impagos de renta y a la ocupación ilegal", dos problemas que en el último año se han ido agravando especialmente el segundo de ellos en esta región. Además, con la crisis el volumen de impagos ha crecido notablemente hasta situarse en el 15%, según los últimos datos disponibles.
"Desde ASVAL creemos que esta prohibición de desahucios por un tiempo sine die va a provocar que muchos inquilinos con dificultades económicas decidan no pagar sus rentas, antes que solicitar algún tipo de ayuda, como los créditos ICO o una moratoria, al saber que no serán desahuciados, promoviendo la ocupación ilegal de inmuebles", explican.
Por otro lado, consideran que la medida generará más inseguridad jurídica y menos inversión. "La aplicación de este tipo de medidas y la profusión legislativa está provocando una enorme inseguridad jurídica que tendrá efectos directos y perjudiciales para el desarrollo de un mercado del alquiler en España de mayor calidad, más profesionalizado y con una estrecha colaboración público-privada", explican desde Asval.
"En la actual crisis económica es de vital importancia para nuestro país atraer inversión, tanto extranjera como nacional, y este tipo de medidas la alejan ya que promueven la ocupación ilegal, la morosidad y la estigmatización, sin razón alguna, de los grandes inversores en vivienda. Esta inseguridad jurídica también provoca una distorsión entre los tipos de propietarios que existen en nuestro país", detallan.
Conflicto de competencias CCAA-Estado
Según apuntan desde la Asociación la Generalitat de Cataluña no tiene competencias para legislar en materia de desahucios de alquiler, ya que es competencia del Estado, lo que provocará un nuevo capítulo de litigiosidad que se suma a los que provocarán otras normativas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo catalán, como el control de precios de los alquileres, medida que el Consejo de Garantías Estatutarias del propio Parlamento de Cataluña ya ha dictaminado que es inconstitucional.
Asval insta al Gobierno a que ponga freno a este tipo de medidas, y alerta de las graves consecuencias que tendrá para el mercado del alquiler mientras esté en vigor.
Además, la patronal de caseros advierte que esta medida no ataca la raíz del problema: la falta de oferta. "En España hay un problema de acceso a la vivienda en alquiler ya que falta una política de vivienda pública y asequible. Los propietarios, profesionales y particulares, quieren formar parte de la solución del problema del alquiler, y protegiendo a los colectivos más vulnerables".
De hecho, desde el sector privado son muchos los inversores que han llegado a España para dar forma a grandes carteras de vivienda en alquiler, lo que aumentará la oferta y mejorará la calidad de la misma. Algunos de estos inversores han apostado además por el segmento de mercado de precios asequibles.
Sin embargo, a pesar de esta apuesta del sector privado, Asval recuerda que es la Administración la que tiene la responsabilidad de dar una solución habitacional.
"Con este tipo de medidas se está cargando al sector privado con la solución a los problemas de vivienda que sufre la sociedad española, cuando debería ser una labor que debe resolver la Administración mediante una política de vivienda social. Esto, una vez más, provocará un aumento de la inseguridad jurídica y puede provocar que pequeños propietarios retiren sus viviendas de la oferta (tan necesaria para mantener y reducir los precios) y que los propietarios profesionales decidan invertir en otras regiones o países", avierten desde la Asociación.
Se necesitan ayudas públicas para los colectivos más vulnerables
Desde Asval consideran que la solución para ayudar a los colectivos vulnerables pasa por crear un fondo europeo de más de 700 millones de euros que permita a 350.000 familias reducir su tasa de esfuerzo de pago del alquiler del 50% al 30%, que es el límite que se recomienda no superar.
"Esta prohibición de desahucios se suma a otras leyes aprobadas recientemente por el Gobierno catalán, como la ley que favorece la ocupación ilegal o la que regula los precios del alquiler, que, sin duda, desestabilizan el sector, no ofrecen soluciones estructurales a la problemática actual, reducirán el parque de viviendas en alquiler y, sobre todo a largo plazo, no benefician a inquilinos ni propietarios", concluyen desde Asval.
