El Consejo de Ministros de este martes ha prorrogado hasta el 31 de enero la prohibición de desahucios por motivos económicos y la de subidas en el precio del alquiler, así como la obligación de que los grandes tenedores de pisos tengan que facilitar a sus inquilinos, o bien una quita, o bien una reestructuración de la deuda.
De esta forma el llamado "escudo social" que puso en marcha el Ejecutivo para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la epidemia de coronavirus en materia de vivienda, en principio hasta el 30 de septiembre, se extiende hasta el 31 de enero; es decir, una prórroga idéntica a la que recientemente se otorgó a los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Se trata de una exigencia que mantenía la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde este verano. Faltaría por aprobar la prohibición de los cortes de suministros básicos que también promueve la cartera de Pablo Iglesias.
En concreto, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, por un lado, la prórroga hasta final de enero de la prohibición de los desahucios, en las mismas condiciones en las que la estableció el real decreto original de primavera. Por otro lado, establece una prórroga automática de los contratos de alquiler, con el fin de evitar subidas abusivas por parte de los propietarios a las que no puedan hacer frente los inquilinos.
Finalmente, el Gobierno ha aprobado extender hasta el 31 de enero la obligación impuesta a los grandes tenedores de vivienda, según la cual éstos tienen que decidir entre facilitar a sus inquilinos una quita del 50% del alquiler o bien una reestructuración de la deuda que permita pagarla en un plazo mínimo de tres años.
