Empresas y finanzas

El Gobierno estudia si amplía a las facturas del teléfono el veto a cortar luz, gas y agua

  • El Consejo de Ministros deberá decidir el martes si prorroga estas ayudas
  • Cerca de 94.000 empresas no han recuperado su consumo eléctrico precovid
Pablo Iglesias, tras el Consejo de Ministros. Foto: EP

El Gobierno estudia prorrogar la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas natural que vence el próximo 30 de septiembre. Según fuentes consultadas por este diario, dicha prohibición podría alargarse hasta el 31 de enero, para que la fecha fuera coincidente con la ampliación de los Ertes que se está negociando en la mesa tripartita. Además, el Ejecutivo está valorando incrementar este escudo social también para el sector de la telecomunicaciones, de modo que no se cortara a los consumidores vulnerables el acceso a la telefonía, imprescindible ahora para la atención médica en los confinamientos.

Por el momento, en fuentes ministeriales se asegura que no hay ninguna decisión tomada al respecto, pero las presiones para que estas medidas se extiendan llevan ya produciéndose desde mediados de mes.

El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, ha insistido para que esta situación se extienda, tal y como desveló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero por el momento el Gobierno no ha dado pistas sobre si prorrogará esta parte del escudo social, aunque todo parece apuntar a que la decisión será extenderla.

En fuentes del sector energético, no obstante, lamentan la situación que se está viviendo, ya que están recibiendo en alguna empresa cerca de 6.000 llamadas diarias para prorrogar el bono social y una decisión de no facilitar esta medida supondría tirar todo ese trabajo a la basura en departamentos que no están diseñados para atender tal volumen de trabajo.

Potencia eléctrica

Por otro lado, el Gobierno permitió a las empresas que rebajaran su potencia contratada para reducir su recibo de la luz hasta el final del estado de alarma. A partir de ese momento, las compañías disponían de tres meses para volver a la potencia contratada inicial. Esa medida, que acaba también ahora, permitió en el peor momento de la crisis que 123.000 empresas (en el pico del 27 de junio) se beneficiaran de esa reducción en el recibo de la luz.

Ahora, según fuentes del sector energético, alrededor de 94.000 empresas siguen sin volver a la normalidad y han perdido la oportunidad de recuperar la potencia eléctrica que tenían contratada antes de la pandemia sin tener necesidad de pagar. No obstante, hay varias empresas, como Viesgo, que ha decidido que no cobrará estos aumentos de potencia o algunas, como Endesa y Naturgy, que aseguran que actuarán como diga el Gobierno y con toda flexibilidad.

El número de beneficiarios del bono social ha ido aumentando durante la pandemia

En el peor momento, esas empresas representaban una potencia de 40.000 MW y a lo largo de estos tres meses, las 26.000 empresas que han vuelto a los niveles anteriores suponen una gran parte de la potencia (31.000 MW), lo que en la práctica significa que las grandes empresas han vuelto al trabajo, mientras que las pequeñas son las que están sufriendo en mayor medida esta situación.

UGT, por su parte, ha instado al Gobierno a que se prolongue la prohibición de los cortes de agua, electricidad y gas y la prórroga automática del bono social eléctrico a los hogares más vulnerables.

En opinión del sindicato, el número de beneficiarios del bono social ha ido aumentando durante la pandemia, alcanzando en abril a 1.271.352 puntos de suministros.

A su vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció que el Gobierno prepara una nueva regulación del bono social, aunque se espera desde hace dos años.

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Aurelio
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Cada día un poco mas Venezuela!

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#1
Usuario validado en elEconomista.es
vilicitano
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Esto es un déjà vu. Ahora es cuando las telecos nos suben la factura a los que pagamos para compensar los que no pagan. Señores Stalin a vuelto... No lo llames progresismo, llamalo como lo que es comunismo de toda la vida.

Puntuación 13
#2
miguel
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Los bolivarianos obligan a las empresas a trabajar gratis lo que hace que se vayan a la ruina y que los pocos que paguen le tengan que pagar la factura a los que no pagan. Lo que hacen es ilegal e inconstitucional pero parece que todo vale.

Puntuación 7
#3
Nicaso
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Y por qué no aplican estas medidas a los bares, las carnicerías, los supermercados etc. Todo gratis oiga, papá Estado proveerá. Eso si, de los ingresos de esas empresas no perdona fiscalmente ni un euro. Quién diablos gobierna este país ?.

Puntuación 1
#4