El Govern ha aprobado un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, en una medida que se aplicará mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que responde al interés de la protección de los colectivos más vulnerables ante posibles actos de desahucios. Ha aclarado que el Decreto ley no afecta a los inquilinos de pisos de propiedad de pequeños tenedores.
De esta forma, las ejecuciones de los desahucios quedarán explícitamente suspendidas hasta que el gran tenedor o la entidad financiera propietaria de la vivienda ofrezca el alquiler social al que está obligado por ley. Se incluyen en la norma aquellos procesos de desahucios que estén en marcha y que no haya habido una oferta de alquiler social a priori.
El decreto también interrumpirá los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.
La propuesta de ofrecimiento de un alquiler social es necesaria, según el Govern, más que nunca dado el actual contexto económico y social. El Decreto ley aprobado este martes por el Ejecutivo quiere asegurar que las personas en riesgo de exclusión residencial puedan quedarse en su domicilio hasta que dure el estado de alarma.
En caso de que los Mossos d'Esquadra o la Policia Local reciban una denuncia solicitando medidas cautelares relativas a desocupaciones de viviendas de personas o familias en riesgo de exclusión residencial y ocupen la vivienda, deberán solicitar un informe urgente a los servicios sociales competentes y dado información al Ministerio Fiscal.
También dentro de las actuaciones en materia social, el Govern ha aprobado una serie de medidas extraordinarias por 102 millones de euros, con la finalidad reforzar el sistema de los servicios sociales públicos y la atención a diversos colectivos profesionales afectados por la Covid-19.
Turismo
En un nuevo paquete de actuaciones para paliar los efectos económicos y sociales del Covid-19, el Ejecutivo catalán también ha aprobado alargar la moratoria en la tasa sobre el alojamiento que aplican los establecimientos turísticos hasta el 1 de junio de 2021 y la aplicación del recargo que se autorizó para la ciudad de Barcelona y que tenía que haber entrado en vigor el pasado mes de julio. La pérdida de recaudación de esta medida es de unos 2,9 millones de euros.
Deducción a las rentas bajas
También ha dado luz verde a una deducción autonómica en el IRPF para las rentas más bajas. Una medida que beneficiará a unas 250.000 personas que por haber tenido dos pagadores durante 2020 estarían obligados a presentar la declaración de la renta puesto que habrían percibido rendimientos íntegros de entre 14.000 a 22.000 euros anuales. Este sería el caso en el que van a encontrarse muchos trabajadores que hayan cobrado ERTE o hayan encadenado varios contratos laborales.
La consellera de la Presidència ha concretado que esta decisión disminuirá los ingresos impositivos de la Generalitat por valor de unos 16,3 millones de euros para el presupuesto de 2022 y que es una medida "que podría mantenerse en el tiempo".
