El Estado contará con una participación de entorno al 14% en CaixaBank-Bankia, de acuerdo con las primeras valoraciones de la negociación que se está ultimando estos días. Un porcentaje que el Gobierno tendrá que desinvertir en el corto y medio plazo, según las exigencias de Bruselas. El periodo, que se ha ampliado en dos ocasiones, fija ahora como límite diciembre de 2021.
El Ejecutivo podría extender esta fecha de nuevo si así fuera necesario y, en principio, no contaría con la oposición de la Comisión Europea como en las otras ocasiones, con el objetivo de recuperar el máximo posible de los 24.000 millones inyectados a Bankia en 2012. La presión, tras la operación, será menor, sobre todo porque la participación que ostente será minoritaria en este caso. La ministra Nadia Calviño ha asegurado en distintas intervenciones que se intentará preservar la inversión del erario público.
Desde el rescate, el grupo nacionalizado ha estado controlado en más de 60% por el Estado a través de la matriz BFA. Este holding es 100% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), un organismo dependiente del Ministerio de Economía.
Además, con esta bajada de la participación en un banco público, todas las autoridades, incluidas las comunitarias, están flexibilizando sus posturas tras la pandemia, con el objetivo de ayudar a la reactivación de la economía lo antes posible y de la mejor manera.
Todas estas circunstancias permitirán a Economía limitar el descontento que ha supuesto la fusión en las filas de Unidas Podemos, que pretendía mantener a Bankia bajo el paraguas del Estado y convertirlo en un banco público al servicio de sus intereses. Aunque, tras la integración, su influencia en la gestión del nuevo grupo será inexistente.
El Gobierno, por tanto, podrá esperar a que la cotización de Caixabank-Bankia suba una vez se haga efectiva la operación, recogiendo en su valoración el potencial de rentabilidad que se genere con la mejora de la eficiencia a través del recorte de gastos. Los cálculos realizados por casas de analistas apuntan a un ajuste de 1.400 oficinas (el 23% del total) y el despido de entre 5.000 y 8.000 trabajadores, frente a los 51.000 con los que nacerá el grupo.
Fin a los rescates de 2008
La transacción permite a España ser uno de los primeros países de la Unión Europea en la que el Estado deje de ser accionista mayoritario de un banco y se cierre el proceso de rescates que se llevaron a cabo en la pasada crisis financiera de 2008. Irlanda, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda, por ejemplo, aún tienen que salir de entidades significativas en las que participan con porcentajes de control.
