La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha anunciado esta mañana el lanzamiento "muy próximamente" de dos líneas de ayuda de 300 millones de euros cada una, provenientes de los europeos fondos Feder, destinadas a la rehabilitación energética de los edificios y al fomento de renovables térmicas y eléctricas, como medidas de impulso a corto plazo para la recuperación verde de la economía.
La secretaria hizo el anuncio durante la presentación telemática del Balance Energético 2019 y perspectivas 2020, organizado hoy por Enerclub, en la que también ha desvelado que "en los próximos días" se presentará la Estrategia para que el país sea neutro en emisiones de CO2 a 2050 -tal y como exigen la UE y el Acuerdo de París-, sacada a consulta pública previa en abril.
El Gobierno informó a las comunidades autónomas de la línea de 300 millones para rehabilitación energética de los edificios en la Conferencia Sectorial celebrada el mes de febrero, pero el procedimiento quedó suspendido por el estallido de la pandemia. Las ayudas se destinarán a la mejora integral de edificios completos, de manzanas o de actuaciones integrales en barrios, mediante la mejora de la envolvente térmica, de las instalaciones térmicas o de la iluminación.
La segunda línea de ayudas de 300 millones está destinada a proyectos renovables que tengan carácter innovador. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está tramitando dos órdenes -que se excluyeron de la suspensión de plazos administrativos establecida durante el estado de alarma- y ha pedido a las asociaciones sectoriales que le remitan proyectos susceptibles de recibirlos.
En ambos casos son fondos del marco financiero comunitario de 2014 a 2020 y los gestiona el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae). Las comunidades autónomas deben lanzar las correspondientes convocatorias antes del 21 de diciembre de 2021, los proyectos tienen que estar finalizados antes del 30 de junio de 2023 y han de justificarse ante Bruselas antes del 30 de septiembre de ese mismo ejercicio.
Durante su discurso, la secretaria mencionó otras ayudas inminentes, como el Moves para proyectos singulares, dotado con 30 millones -el doble que el año pasado- para fomentar la gestión de la movilidad sostenible y se ha detenido en el reciente Real Decreto-ley 23/2020, aprobado la semana pasada, como una de las grandes herramientas para impulsar el sector energético y aprovechar su capacidad de arrastre sobre el resto de la economía.
La intensidad energética baja un 3,1%
Tras la intervención de Aagesen, llegó el momento de exponer el balance del año, en el que participaron representantes de todo el sector energético, empezando por Miriam Bueno, subdirectora de Planificación del Miteco.
Bueno expuso el balance energético del año pasado, subrayando la bajada del 2,9% en la energía primaria por el cierre de las plantas de carbón y la reducción de la intensidad energética de la economía, del 3,1% en la energía final. La reducción del carbón también se ha plasmado en la reducción de las emisiones de CO2 energéticas, del 23% con relación a 2018. Sobre el cumplimiento del objetivo de penetración de renovables, fijado en el 20% para este año, ha anunciado que en 2019 se alcanzó el 18,1%, notablemente por encima del 17,4% de 2018.
Con relación al impacto del Covid-19, Bueno apuntó que durante el estado de alarma, entre el 13 de marzo y el 21 de junio, la demanda de electricidad cayó un 12,7%, la de gasolina un 60%, la de gasóleo un 43%, la de queroseno un 88% y la de gas natural -sin considerar su uso para electricidad- un 15,5%.
Energía: motor de recuperación
Marina Serrano, presidenta de Aelec, destinó buena parte de su intervención a la fiabilidad del servicio eléctrico durante la crisis sanitaria. Anunció que la reducción de potencia de las empresas es ahora un 39% de los 43.000 MW solicitados durante la crisis, con un impacto de 23 millones de euros, que alcanzó los 55 millones de euros en mayo. Reclamó el adelanto de los 150.000 millones que debería recibir la electricidad hasta 2030 y el aumento de los límites anuales a la inversión en redes para poder materializar ese adelanto.
José Mª González Moya, director general de APPA Renovables, reclamó estabilidad para invertir los 90.000 millones que deberían recibir las fuentes limpias hasta el final de la década, se mostró optimista por la aprobación del RDL 23/20 y la tramitación de un nuevo decreto de subastas renovables y reclamó que se mantenga la sostenibilidad de las cuentas del sistema eléctrico.
Juan Virgilio, director general de AEE, señaló que el 2019 era el ejemplo de la senda que debía seguir el desarrollo eólico y puso el acento en la cadena industrial del sector nacional, capaz de producir todos sus componentes, que pidió "blindar" -sin aludir a la situación de Siemens Gamesa- y sobre la oportunidad que puede representar la eólica marina para el país.
José Donoso, director general de Unef, mostró su preocupación por el efecto de la caída del precio del mercado eléctrico durante el confinamiento, con un peso del 70% de las renovables que consideró un ejemplo de lo que va a suceder en los próximos años, a menos que se modifique el sistema marginalista del mercado eléctrico.
La industria pide ocuparse de su renovación
Javier Rodríguez, director general de Acogen, indicó que la industria aún opera un 13% por debajo del año pasado, reclamó la aprobación de su retribución para este segundo semestre del año y llamó la atención sobre el problema del vencimiento de la vida útil de 500 MW a finales de año -unos 2.500 MW en cinco años-, sin que se haya diseñado una regulación para mantener su funcionamiento.
Ignacio Araluce, director general de Foro Nuclear, insistió en la estabilidad y seguridad de la tecnología, denunció la presión fiscal del sector, que cifró en 22 euros por MWh, superior al precio del mercado durante los últimos meses, en el entorno de los 20 euros por MWh. "Hemos perdido mucho dinero", aseveró, a la par que reclamó un cambio en el mercado eléctrico y se mostró preocupado por los 30.000 empleos de la industria.
Luis Aires, presidente de la AOP, comentó que la demanda de carburantes se recupera a un ritmo del 5% semanal, pero que aún está un 20% por debajo del año pasado. Incidió en el cambio de demanda de combustibles de automoción, con el gasóleo en un 30% de cuota frente al 68% de la gasolina, y reclamó una modificación del artículo 12 del Proyecto de ley de cambio climático para que los combustibles líquidos tengan cabida en una automoción libre de emisiones de carbono.
Finalmente, Marta Margarit, secretaria general de Sedigás, defendió las opciones de los gases renovables para relanzar la economía -el biogás podría crear de 15.000 a 25.000 puestos de trabajo- y reclamó planes de renovación de contadores de gas, para digitalizarlos, con los que se podrían generar 50.000 empleos. Con relación a la demanda de 2020, auguró que estará un 10% por debajo de la de 2019 y que en 2020 crecerá un 6%.
