Empresas y finanzas

El Gobierno se salta el estado de alarma para subvencionar las renovables

  • Se acoge a un procedimiento excepcional para no perder 300 millones de fondos europeos
  • Las ayudas se destinarán a instalaciones eléctricas o térmicas con elementos innovadores
  • Se establece un apoyo máximo de 15 millones por empresa por proyecto

El Gobierno ha sacado a audiencia pública dos proyectos de órdenes ministeriales con los mecanismos para conceder ayudas por 300 millones de euros a nuevas instalaciones renovables de carácter innovador. Las normas se tramitan de acuerdo con una excepción del estado de alarma, evitando la suspensión de plazos administrativos para no perder los fondos, de origen europeo.

Una Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) explica que se ha iniciado la tramitación de las órdenes ministeriales acogiéndose a una disposición especial de la norma que instauró el estado de alarma, el Real Decreto 463/2020, que permite obviar la suspensión de los plazos administrativos en los casos estrictamente necesarios para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los incumbidos en el procedimiento en cuestión, siempre que éstos manifiesten su conformidad.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la materia sobre la que versan las órdenes -el reparto de subvenciones- no es algo estrictamente necesario y que la audiencia pública debería mantenerse hasta 15 días después de que concluya la situación excepcional, entre otras cosas para evitar agravios comparativos.

El Miteco, en cambio, asegura a elEconomista que ha cumplido con lo establecido en la legislación, que la exposición pública ha sido de 20 días en lugar de 15, que nadie ha manifestado su rechazo al procedimiento, y recalca que durante el trámite ha recibido numerosas aportaciones de las empresas y de las comunidades autónomas.

Sea como fuere, el Miteco tiene prisa por repartir 300 millones de euros remanentes del europeo Fondo de Desarrollo Regional (Feder) y correspondientes al marco financiero comunitario de 2014 a 2020, para evitar que tengan que devolverse a la Comisión Europea por no haberse ejecutado. De acuerdo con el sistema habitual, la distribución de este tipo de fondos tiene que articularse con las comunidades autónomas, y eso lleva tiempo.

Según los plazos marcados por la UE, las convocatorias para solicitar proyectos a subvencionar deben lanzarse antes del 21 de diciembre del año que viene, los proyectos tienen que estar completamente finalizados antes del 30 de junio de 2023 y los gastos han de justificarse ante Bruselas antes del 30 de septiembre de ese mismo ejercicio.

Para fuentes 'verdes' térmicas y eléctricas

En una reunión multitudinaria celebrada la semana pasada, un responsable del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), el organismo encargado de gestionar el procedimiento, explicó las líneas generales de las nuevas subvenciones: los 300 millones se repartirán al 50% entre las tecnologías térmicas y tecnologías eléctricas, y se tendrán en cuenta elementos como la ubicación del proyecto -primarán los situados en una zona de Transición Justa-, lo avanzado de su tramitación, el uso de almacenamiento o de autoconsumo…

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen ya anunció hace meses la existencia de los fondos, apuntando que se destinarían a proyectos con carácter innovador, y el Idae expuso en el encuentro el tipo de actuación que sería susceptible de recibir ayudas, como centrales hidroeléctricas de hasta 10 MW para producir hidrógeno, plantas eólicas marinas, aerotermias con abastecimiento fotovoltaico, instalaciones solares con integración arquitectónica, biometano para inyección a red o para el transporte, biomasa de aplicación residencial, instalaciones híbridas….

Máximo de 15 millones por empresa y proyecto

El importe máximo de las ayudas será de 50 millones por proyecto, aunque hay otro límite más exigente, de 15 millones por empresa y proyecto. La documentación de las órdenes, a título orientativo, incluye unos presupuestos subvencionables máximos, que van desde los 6,6 millones por MW para centrales eléctricas geotérmicas hasta los 350.000 euros por MW de las aplicaciones industriales de biomasa.

Merece la pena destacar que entre los posibles receptores se incluyen las comunidades energéticas y las comunidades de energías renovables, figuras jurídicas definidas por la normativa comunitaria, pero aún pendiente de trasponer al ordenamiento jurídico nacional. De hecho, la participación social figura puntúa en los criterios de adjudicación de las subvenciones.

En el sector renovable aplauden la iniciativa del Miteco para repartir los fondos Feder antes de que haya que devolverlos a la UE sin haberlos usado, pero dada la complejidad de los proyectos susceptibles de recibir las ayudas y la lentitud de la burocracia, creen que serán muy pocos los que tengan la tramitación lo suficientemente avanzada como para presentarse a las convocatorias. Por eso el Idae ha pedido a las asociaciones que le faciliten candidatos.

Varios confían en que la experiencia se repita el año que viene, tras la aprobación del nuevo presupuesto de la UE, y alguno apunto que el Miteco ha pecado de purista al sacar las órdenes a información pública saltándose el estado de alarma, ya que al referirse a una cuestión presupuestaria no era necesario.

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