España afronta con optimismo la batalla en las cortes de arbitraje internacional contra los inversores extranjeros, que hasta el momento le reclaman 7.731 millones de euros por los recortes retroactivos a las renovables de la reforma eléctrica del anterior Gobierno. La Abogacía del Estado no sólo acaba de conseguir la anulación de la primera condena -del Banco Mundial, por 128 millones-, sino que desde el pasado mes de noviembre los jueces están atendiendo sus argumentos y conceden unas indemnizaciones muy pequeñas, con un caso de victoria total.
A España le han abierto 47 procedimientos de arbitraje desde 2012 en varias cortes internacionales. Además del caso anulado, otro de los demandantes ha desistido -Solarpark, que pedía seis millones al Tribunal de La Haya-, y hay 26 juicios pendientes de resolver, con reclamaciones que suman 4.207 millones, a los que se añadirán las cantidades que pidan cuatro demandantes que aún no las han evaluado.
Además hay 19 procedimientos fallados. Los dos primeros, allá por 2016, de Isolux y Charanne, son firmes y ganó España, sin obligación de indemnizar. Los otros 17 cuentan con laudos provisionales -todos ellos están recurridos por España o por los demandantes- y las cantidades reclamadas ascienden a 3.524 millones.
Ristra de condenas
Tras los dos primeros éxitos llegaron una larga ristra de condenas, que comenzaron en mayo de 2017, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la Corte del Banco Mundial, decidió que España debía pagar 128 millones al fondo británico Eiser por el perjuicio económico causado a tres plantas solares termoeléctricas, dos en Andalucía y una en Extramadura.
A partir de ahí, los fallos contrarios se sucedieron durante 2018 y, sobre todo, 2019, ejercicio en el que culminaron los arbitrajes de Nextera, que ganó una compensación de 290 millones, y de Antin, al que habría que restituir 101 millones.
Hasta el momento, según los laudos provisionales cuantificados de 13 arbitrajes -hay tres laudos pendientes de cifrar-, España debería pagar 858 millones a los demandantes, siete de los cuales ya han solicitado la ejecución de las sentencias en tribunales de EE UU y de Australia. Ahora bien, el tribunal del Distrito de Columbia de EEUU -que aglutina la mayoría de las peticiones- ha decidido esperar a que los laudos sean firmes antes de autorizar el embargo de bienes españoles en su territorio.
Apoyo de la Comisión Europea
En 2018 la Comisión Europea salió en apoyo de España, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE -caso Achmea- que impide a los demandantes europeos acudir a cortes internacionales contra un Estado miembro. La doctrina ha tenido un éxito desigual en los tribunales de arbitraje y en los juzgados de los países donde los demandantes han pedido la ejecución de los laudos, pero Bruselas no ha dejado de personarse junto a España allí donde se lo han permitido.
En noviembre del año pasado se produjo un punto de inflexión, en el procedimiento impulsado por RREEF (un fondo dependiente del Deutsche Bank) en el Ciadi: los jueces validaron la posición española, que siempre ha señalado que nuestras leyes del sector eléctrico, tanto la Ley 54/1997 como su sucesora, la Ley 24/2013, garantizan una "rentabilidad razonable" a los inversores, y que la razonabilidad de esa rentabilidad depende de varios factores, como el precio del dinero en los mercados de capitales.
En los anteriores pleitos, los árbitros habían dado más relevancia a los valores económicos recogidos en los desarrollos normativos de ambas leyes, como el Real Decreto 436/2004, el Real Decreto 661/2007, el Real Decreto-ley 14/2012, el Real Decreto 413/2014..., a veces como un totum revolutum en el que prima la confusión.
Cambio de interpretación
El cambio experimentado en el arbitraje de RREEF se tradujo en una compensación proporcionalmente mucho más pequeña que en todos los laudos anteriores: se pedían 441 millones y se concedieron 59 millones, toda una victoria, puesto que estos juicios se consideran ganados si la indemnización queda por debajo del 30% de la solicitada.
Aunque teóricamente cada arbitraje es independiente -no se sienta jurisprudencia-, de los seis laudos que se han conocido después del de RREEF todos menos uno -el de Watkings, que pedía 132 millones y ha obtenido 77 millones- se han decantado a favor de España.
Y de las cinco victorias aún hay tres por cuantificar, pero por la redacción de las sentencias se deduce que las indemnizaciones serán escasas; con relación a los otros dos, en el de Stadtwerke se ha denegado compensación alguna -pedía 458 millones-, y en el mayor de los todos los pleitos, de The PV Investors, sobre una reclamación de 1.900 millones se han concedido 91 millones.
Hace un par de semanas hubo otra buena noticia para el país, cuando el Ciadi anuló el primero de los laudos, el de Eiser, por incompatibilidades de uno de los jueces. Con ello se ha sentado un precedente psicológico sobre todos los demás procesos, y se han frenando las ejecuciones solicitadas en Australia, cuyos tribunales aún no se han pronunciado sobre la necesidad de esperar a que los fallos sean definitivos.
Así pues, el Gobierno asume el futuro con cierto optimismo; además, no se ha registrado ninguna nueva demanda desde septiembre del año pasado.
Se prorrogará hasta noviembre la 'amnistía' a los que renuncien
Pocos días antes de divulgarse el laudo de RREEF se publicó el Real Decreto-ley 17/2019, que concede una amnistía a los inversores internacionales que renuncien a los litigios, al garantizar a las instalaciones una rentabilidad financiera del 7,4% hasta 2031.
Los demandantes tienen hasta el 30 de septiembre para acogerse a la norma, aunque es prácticamente seguro que ese límite se retrase hasta el 30 de noviembre por la paralización de los plazos administrativos en vigor durante el estado de alarma.
Ya ha habido varios contactos entre los inversores y el Ministerio para la Transición Ecológica, pero ninguno se ha acogido a la amnistía. Se da la circunstancia de que un 70% de las instalaciones afectadas por los recortes retroactivos han cambiado de manos, al igual que un 30% de los litigios -comprados por fondos de alto riesgo-, lo que puede plantear problemas, aunque en los contratos de compraventa suelen figurar cláusulas específicas que prevén una terminación anormal de los arbitrajes.
