Los bancos se preparan para una oleada de ajustes, que incluirán sí o sí, nuevos despidos masivos y cierres de oficinas. La crisis que dejará el coronavirus ya ha acelerado los planes de recortes que tenían planeados llevar a cabo distintas entidades este año, como Bankia, Sabadell y BBVA. Tres grupos que en las últimas semanas han estado seriamente presionadas por los mercados ante las malas expectativas de futuro.
Los reguladores han instado al sector a que profundice en los ahorros de costes porque será la palanca con la que contarán en la nueva normalidad de caída de actividad y disminución de ingresos, fruto de la recesión económica, la subida del paro y los tipos negativos por un largo periodo de tiempo.
Los supervisores también apremian a las entidades a que pongan de una vez por todas las fusiones, porque estas operaciones facilitan la salida de personal y el cierre de oficinas por solapamiento de red. Pero los banqueros no están dispuestos por el momento a iniciar una tercera gran oleada de integraciones por el momento. Prefieren esperar a que escampe la tormenta, a que las cotizaciones hayan subido y a que los planes de digitalización hayan dado sus frutos. Y esto no habrá ocurrido hasta bien entrado 2021.
Por tanto, en la medida de lo posible, los bancos van a mermar sus estructuras en los próximos meses y mejorar su eficiencia, con el fin último de que la rentabilidad caiga cuanto menos mejor. Para ello imprimirán ritmo a la transformación digital, un proceso que ha ganado terreno gracias al confinamiento, y llevarán a cabo recolocaciones de personal para evitar bajas de personal. El problema con el que cuenta el sistema es que es difícil reconvertir a una parte importante de la plantilla por falta de conocimientos técnicos en tecnología. Una prueba de ello es la reciente convocatoria pública del Santander para buscar 3.000 trabajadores (1.000 de ellos en nuestro país) con el objetivo de dar un salto de gigante en la digitalización.
En el mercado ya están poniendo cifras al recorte. Los analistas de Barclays estiman que el cierre de oficinas tendría que llegar a ser del 10% como poco. Aunque en un primer momento tiene un coste excesivo por las condiciones que ofrece el sector para las bajas incentivadas y prejubilaciones, en el medio plazo surte efectos positivos con el retorno de sinergias. Estiman que en 2022 lograrían un aumento del beneficio bruto de un 5% gracias a esta tijera en la red física y el descenso de empleados que llevaría aparejado.
Este 10% se sumaría al casi 50% de sucursales que las entidades han venido clausurando desde que se inició la pasada crisis, en 2008.
Ahorro: al menos 5.000 millones
Ya antes del estallido de la pandemia el Banco de España había recomendado al sector a mejorar su eficiencia a niveles de la décadas de los 2.000, es decir, por debajo del 45%. En la actualidad se sitúa en el 53%. Ello supondría un ahorro de coste de unos 5.000 millones, que ahora son más que necesarios para hacer frente a la subida de la morosidad que se avecina y a la caída de márgenes por un desplome sin precedentes en la concesión de créditos a las familias.
Se esperan disminuciones de un 30% en hipotecas y bajadas aún superiores en financiación al consumo. Los datos de marzo y abril ponen de manifiesto que el Estado de alarma ha provocado un shock en las cuentas y que, aunque poco a poco la actividad se irá recuperando, será muy complicado tapar el agujero en lo que resta de año.
En este escenario, solo salvo sorpresas derivadas de un deterioro sustancial del balance, los bancos intentarán mantenerse a flote de manera independiente. Y eso dependerá de las medidas que aplique tanto el Gobierno como Europa para reactivar la economía. El sector tratará de preservar su independencia con las armas y el capital que ha logrado atesorar y la flexibilización de la regulación.
