La exconsejera del Banco Popular y presidenta del Comité de Nombramientos, Reyes Calderón, ha señalado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que en 2016 era necesario que el entonces presidente de la entidad, Ángel Ron, cesara de su cargo porque lo exigía "el mercado". Calderón se ha defendido así de las declaraciones de Ron que el pasado 30 y 31 de octubre apuntó contra ella y el también exconsejero del banco, Antonio del Valle, como los urdidores de su salida.
Según Calderón, imputada en la trama que investiga la caída del Popular, ella actuó conforme a sus competencia como presidenta del Comité de Nombramientos y propuso a los miembros del consejo de administración que quisieran el cambio de presidente que lo pusieran por escrito. Así, un total de siete consejeros, ella incluida, firmaron a favor de la salida de Ron, según informan fuentes jurídicas.
Por otro lado, preguntada por si, tras la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del banco, determinados miembros del consejo apostaron por tirar el precio de la acción para vender el banco de forma rápida, Calderón aseguró que esas teorías son una "novela". Cabe recordar que el magistrado ha dividido la investigación en dos partes; la primera se centra en 2016 y la veracidad de las cuentas del banco en dicho ejercicio, y la segunda en 2017, con Saracho a la cabeza y un posible delito de manipulación de mercado.
Olvidos en los testimonios
Además, de Calderón, esta mañana han acudido a declarar Miguel Ángel de Solís, representante en el consejo de administración del banco de la Sindicatura de Accionistas, que aunaba a históricos accionistas de la entidad vinculados al Opus Dei, y José Ramón Estévez, también exconsejero del Popular. Según distintas fuentes jurídicas, De Solís ha aludido en varias ocasiones ante el juez a que no recordaba la mayoría de los hechos por los que se le preguntaba. No obstante, destacó que la Sindicatura perdió con la caída del banco 20 millones de euros que tenía invertidos.
Por su parte, Estévez manifestó que él llegó a la entidad después de la ampliación del Popular de mayo de 2016. Respecto a la aprobación de las presuntas cuentas falseadas de ese ejercicio, que recibieron el visto bueno del consejo en febrero de 2017, dijo que se basaron en informes de las consultoras PwC y EY.
