Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril, el Gobierno ha empleado el Consejo de Ministros para aprobar medidas de carácter social aprovechando que en este periodo preelectoral todavía tiene capacidad ejecutiva, ratificada por la propia Junta Electoral Central. Sin embargo, aunque Moncloa asegura que estas iniciativas supondrán como mucho un precio de 1.113 millones de euros, las memorias económicas de los proyectos que han puesto sobre la mesa los socialistas revelan que su impacto será más del doble. Los viernes sociales costarán a España, al menos, 2.773 millones en 2019.
La mayor parte de este impacto es responsabilidad del Real Decreto-Ley de medidas de ámbito laboral que se aprobó hace unas semanas y tiene un coste de 1.611 millones, de los que la mayoría se van al subsidio por desempleo a los parados mayores de 52 años, que se queda con unos 1.263 millones.
A esta medida hay que sumar la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, una medida cuyo coste en este año está previsto en unos 373 millones. Sin embargo, su impacto va más allá de 2019 y se espera que la ampliación del permiso a las 16 semanas para 2021 acabe sumando unos 1.741 millones más.
A estas iniciativas se suma una de las apuestas resucitadas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que quedaron en la cuneta por el rechazo del PP, Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes. Se trata de la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes con cargo al Estado, que tiene un precio aproximado de 315 millones.
'Reincorpora-T', la novedad
Además, en una de las últimas acometidas del Gobierno, el Consejo de Ministros anunciará en próximas fechas la aprobación de un plan de choque contra el desempleo de larga duración, que si bien ha sido criticado por los sindicatos por su falta de concreción y la carencia de una reserva económica, también supone un acicate al gasto público para este año y los dos próximos.
El plan trianual, Reincorpora-T, cuenta con una dotación estimada de 2.500 millones de euros, de los cuales se liberarán en el presente ejercicio 737 millones. Además, en este plan se incluyen al menos dos medidas ya aprobadas: el subsidio a parados mayores de 52 años mencionado y las bonificaciones a la cuota empresarial por la contratación de personas en esta situación, que para este año tendrá un coste de 26 millones de euros, elevándose a los 277 millones en el contexto trianual.
El nuevo decreto incorpora otras partidas que sí agregan más gasto aparte del ya conocido y enmarcado en el cuadro de medidas contra el paro de larga duración. Es el caso de una dotación destinada a la formación de las personas de este colectivo que sumará a lo ya desglosado 388 millones de gasto este año - y hasta 333 millones más en 2020 y 2021 - , además de otra para activar programas de orientación en la búsqueda de oportunidades laborales que supondrá un desembolso de 83 millones en 2019 y hasta 199 millones en los dos próximos años.
En una menor cuantía, también se prevé liberar 3 millones de euros en 2019 para apoyar el emprendimiento de los parados de larga duración - a los se sumarán 6 millones más en 2020 y 2021 - y otros 4 millones para la evaluación y publicidad del plan el próximo año.
De hecho, si se suma el impacto esperado por estos planes también en 2020 y en 2021, la cifra se catapulta hasta 5.056 millones de euros.
Más déficit
Este incesante goteo de medidas y decretos del Gobierno preocupa, y mucho, a los entes reguladores. La semana pasada el Banco de España expresó su inquietud al respecto y cómo afectará al déficit esta situación.
Si ya el déficit puede alzarse al 2,4% del PIB por el escenario de prórroga presupuestaria, los viernes sociales pueden provocar que llegue al 2,5%. Es decir, que la desviación puede superar los 14.400 millones, dado que el techo del déficit aprobado para 2019 es del 1,3% del PIB.
Con todo, la Diputación Permanente todavía no ha dado la luz verde definitiva a las medidas aprobadas en los viernes sociales. De hecho, todavía no hay previsión para votar la convalidación de los susodichos reales decretos-ley. Según confirman fuentes parlamentarias, la presidenta de la Mesa de la Permanente, Ana Pastor, todavía no ha convocado ni a la propia Mesa ni a los diputados que forman parte del órgano, a pesar de que ya han pasado varias semanas.
Estas mismas fuentes indican que todo indica que Pastor va a retrasar esta votación lo máximo posible. Sin embargo, el plazo legal para hacerlo es de un máximo de 30 días, y está a punto de cumplirse en el caso de algunos decretos. Mientras, fuentes socialistas aseguran contar ya con suficientes apoyos para convalidar sus decretos, aunque también reconocen que no han cerrado los 33 respaldos necesarios.
El Ejecutivo aprueba 31.000 empleos para suplir jubilaciones
El Gobierno aprobará su anunciada oferta pública de empleo de la Administración Central en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Se tratará de más de 31.000 plazas con las que, en cualquier caso, no se crearán nuevos puestos de trabajo sino que se cubrirán las jubilaciones presentes y futuras que se esperan. Fuentes del Ministerio de Administración Pública precisan que todavía no se ha cerrado el número de plazas, aunque se da por hecho que será ligeramente superior a las 30.800 convocada el año pasado. La cifra definitiva se cerrará con los sindicatos en las reuniones que el departamento que dirige Meritxell Batet está celebrando con los sindicatos del ramo.
Según indican estas mismas fuentes, con esta convocatoria y con la de 2018 se quieren cubrir las plazas vacantes que han venido quedando libres por jubilación o por bajas en los últimos años y que no se han podido llenar por el bloqueo de la tasa de reposición causado por la crisis económica. De hecho, apuntan que ante las previsibles jubilaciones de los próximos años es muy posible que estas convocatorias se vuelvan a repetir. Eso sí: precisan que no se va a producir ningún incremento del gasto puesto que se van a reponer puestos, no a crear ninguno nuevo. La esperanza de Función Pública es incluso la de reducir el gasto en personal, dado que entrarán trabajadores sin antigüedad.
