El Plan Reincorpora-T, como se han dado a conocer las medidas que aprobará el Gobierno en los próximos días, estará dotado con una partida presupuestaria de 2.500 millones de euros y tendrá un carácter trianual, es decir, los fondos se repartirán entre 2019, 2020 y 2021. No en vano, la mitad del gasto que se recoja en este documento corresponde a partidas ya aprobadas y comprometidas a través de diferentes reales decretos ley que ya se han anunciado.
Concretamente, el Estado destinará hasta 737 millones de euros para este año, otros 1.038 millones el próximo ejercicio y 691 millones más para 2021. Sin embargo, el plan incluye algunas medidas que ya habían sido previamente asumidas por el Gobierno socialista. Es el caso del subsidio para mayores de 52 años que, de hecho, copa casi la mitad del presupuesto para este plan con 1.196 millones en tres años, de los que 388 millones se emplearán este año, incluido en el decreto sobre medidas urgentes de protección social aprobadas el pasado 8 de marzo.
También se incluye la ya aprobada bonificación para la contratación de parados de larga duración (al menos 12 meses en el desempleo) para la cuota empresarial de IRPF con desgravaciones anuales de hasta 1.300 euros en el caso de los hombres y 1.500 euros si son mujeres, con una dotación de 277 millones de euros hasta 2021.
El Gobierno también plantea en el plan de parados de larga duración en el que está trabajando que se reserve entre un 5% y un 10% de los puestos de trabajo en las contratas públicas a parados de larga duración (más de un año en el desempleo). Así consta en el borrador del Plan Reincorpora-T, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Gobierno aún no da por definitivo, pues aún podría sufrir cambios, según han precisado fuentes del Ministerio de Trabajo.
El texto plantea que se alcancen acuerdos con los gobiernos y las administraciones públicas a todos los niveles para incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación de entre un 5% y un 10% de desempleados parados de larga duración de más de 45 años en los proyectos e iniciativas que lleven a cabo.
El plan tiene por objetivo reducir durante tres años (2019, 2020 y 2021) la tasa de paro de larga duración sobre la población activa en 2,2 puntos porcentuales, pasando del 5,8% registrado en el cuarto trimestre de 2018 al 3,6% en el mismo trimestre de 2021.
Objetivo de la medida
El texto del Real Decreto, que aún está sujeto a modificaciones, apunta que para lograrlo se fijaría como objetivo cuantitativo que el paro de larga duración se redujera en 850.000 personas a finales de 2021, con una población activa de 23,5 millones de personas. Esto supondría una reducción en términos netos de los parados de larga duración de 481.200 personas con un crecimiento de la población activa de 631.200 personas.
Así, para alcanzar este objetivo se deberá rebajar la cifra de parados de larga duración en una media de 150.000 personas al año, por cada uno de los tres años de vigencia del Plan Reincorpora-T. Para alcanzar estas cifras, se deberán atender al menos a 200.000 parados de larga duración al año y conseguir que hayan tenido al menos una ocupación, por cuenta ajena o por cuenta propia durante el periodo de vigencia del Plan.
El real decreto también aboga por poner los medios necesarios para que al menos un 10% de los parados de larga duración mejoren su empleabilidad en competencias digitales y para que por lo menos un 15% mejoren sus competencias básicas.
Subsidio para mayores de 52 años
Respecto al refuerzo de la protección económica frente al desempleo de los parados de larga duración, el Gobierno considera que el subsidio para mayores de 52 años va en "buena dirección" y afectará a cerca de 115.000 desempleados. Para prevenir que las personas no caigan en el paro de larga duración, el texto apunta que hay que atender de forma "inmediata" a las personas afectadas por despidos colectivos como resultado de los procesos de reestructuración de las empresas.
"Se trataría de que todos los trabajadores desvinculados definitivamente de su empresa, de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de una nueva ocupación mediante un Plan de Recolocación Externa (PREX) llevado a cabo por una empresa de recolocación autorizada", según apunta el borrador.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, indicó ayer que en los próximos días el Gobierno podría aprobar este plan, denominado Reincorpora-T, dirigido especialmente a los mayores de 30 años que "tienen problemas de inserción o de reinserción en el mercado de trabajo", con bonificaciones para su contratación y "un plus de apoyo en el caso de que sean mujeres".
El plan todavía tiene que pasar por la comisión de secretarios y subsecretarios y por la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno antes de que se apruebe en Consejo de Ministros.
Valerio dejó claro que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es apoyar de una manera "muy personalizada" con itinerarios de inserción para parados de larga duración, "tengan la edad que tengan". En esta línea, señaló que, como ya hay un plan de empleo joven, la acción del Gobierno hará especial hincapié en las personas mayores de 30 años que tengan problemas de reinserción en el mercado de trabajo.
El plan contiene medidas ya aprobadas, como las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la modificación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y otras dirigidas a potenciar la formación y orientación de los desempleados de larga duración.
Sindicatos: "Es un brindis al sol"
Desde los sindicatos, fuentes de CCOO han indicado a Europa Press que el plan es un "brindis al sol", pues recoge medidas que no son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. "Son acciones que pueden hacer o no las comunidades", lamentan.
CCOO ha subrayado que los sindicatos querían que la cartera común de servicios fuera de obligado cumplimiento, porque ello supondría que en todas las oficinas públicas de empleo se tratara a los desempleados por igual, con los mismos servicios.
Asimismo, el sindicato señala que medidas como la reserva de puestos de trabajo en las contratas públicas, aunque van en la buena dirección, requerirían de modificaciones legales.
